20 septiembre, 2021

El Devenir

Periodismo con compromiso social

Al diablo con la paridad sexual…

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Opinión.

En teoría, en la integración de los órganos colegiados de gobierno (Congresos y Ayuntamientos) el principio de la paridad sexual autoriza “mantener un porcentaje paritario en relación con el número de hombres”; sin embargo, los recientes criterios de la Sala Superior del TEPJF (SALA) sostienen que este porcentaje paritario (50-50) no tiene aplicación alguna.

Al respecto, una tesis de jurisprudencia adopta el criterio de que: “la postulación paritaria de candidaturas está encaminada a generar de manera efectiva el acceso al ejercicio del poder público de ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad”.

“En ese sentido, el principio de paridad emerge como un parámetro de validez que dimana del mandato constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el registro de candidaturas acordes con tal principio… a efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de participación política en los distintos ámbitos de gobierno”.

Por desgracia, para los corruptos magistrados electorales, “resulta válido que los órganos legislativos puedan llegar a integrarse con más mujeres que hombres, pues ello no viola el principio de igualdad; por el contrario, constituye un mecanismo para lograr la igualdad sustantiva” (¿?).

“…a pesar de que la conformación de los órganos legislativos establece como regla la inclusión de ambos géneros en una proporción ideal del 50%, lo cierto es que la restricción de un porcentaje mayor de mujeres implicaría el establecimiento de un tope a la participación femenina, al circunscribirla a dicho porcentaje”.

“Entonces, en lugar de cumplir con las finalidades de tales mecanismos, lo anterior implicaría una regresión en materia de participación de la mujer y generaría una inhibición en el ejercicio de sus derechos políticos y su participación efectiva en los órganos gubernamentales. Esto, pues no incentivaría la participación más allá de los porcentajes establecidos” (¿?). 

Con el morboso afán de beneficiar a las mujeres, los corruptos integrantes de la SALA, llegan al extremo de afirmar que “es fundamental que las medidas en materia de paridad de género sean interpretadas desde una perspectiva maximizadora que tienda a beneficiar al género femenino, y no que se traduzca en una limitación circunscrita exclusivamente al porcentaje establecido en la legislación electoral…”

Y como siempre, so pretexto de que se busca ‘incentivar’ la participación política de las mujeres, se afirma que el hecho de asignar una cantidad mayor de mujeres en los órganos colegiados no se traduce en un trato discriminatorio en perjuicio de los hombres.

Lo anterior, porque “reducir el número de mujeres que integran el Congreso implicaría restringir injustificadamente su derecho a ocupar cargos de elección popular, en detrimento tanto del empoderamiento de la mujer, como de la incentivación a la participación en la vida pública”.

 La SALA llega a la absurda conclusión de que “resulta válido que los organismos legislativos se puedan llegar a integrar con un número mayor de mujeres, pues ello no viola el principio de igualdad dado que constituye la aplicación de un mecanismo tendiente a alcanzar la igualdad sustantiva”. (¿?)

Yo me pregunto: Respetar el escrupuloso orden de asignación establecida en la Ley, ¿implica una regresión en materia de participación política de la mujer? ¿Acaso no es discriminatorio realizar una interpretación ‘maximizadora’ con el afán de beneficiar al sexo femenino?

¿El Consejo Estatal del IEE aprobará la asignación de diputados ‘pluris’, tomando en cuenta que la Ley Electoral establece que en la interpretación de la Ley se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, y a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en la Local?

Por mi parte, desde una “perspectiva maximizadora” neutral, si el IEE decide ‘regalar’ diputaciones ‘pluris’ a las mujeres, presentaré un juicio ciudadano, hasta llegar a la CoIDH. 

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