22 septiembre, 2021

El Devenir

Periodismo con compromiso social

Benito Abraham Orozco Andrade Fortalecer al INE

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Benito Abraham Orozco Andrade.

Ante el llamado que se está haciendo para la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) por parte de diferentes organizaciones y a través de diversos medios, llama la atención cómo es que muchas personas y agrupaciones que hace años dudaban de la honestidad de dicha institución, ahora se suman en una defensa a ultranza de la misma, como si nunca hubieran cuestionado su desempeño. Esto más bien me suena a una conveniencia coyuntural, que a una sincera salvaguarda.

El comentario anterior, no implica que no se deba pretender la defensa y el fortalecimiento de tan noble institución, que emergió después de décadas de imposiciones y de luchas sociales. El problema estriba en que en esa “defensa” del órgano que nos ocupa, se pretendan desvanecer situaciones que no le han favorecido ni a él ni a la sociedad en general.

Cuando en el año 2008 acudí a una entrevista con el Dr. Leonardo Valdés Zurita, entonces Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, como parte de un concurso público para ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo Distrital, dicho funcionario me cuestionó sobre qué era lo que consideraba necesario para que mejorara la institución, y entre otras cuestiones les respondí que era necesario cambiar la forma en cómo designaban a los consejeros electorales del Consejo General, entre ellos a él. Respondió con una amable sonrisa.

La respuesta la justifiqué en razón de que, en gran parte de la sociedad, queda la idea de que los mencionados consejeros electorales obedecen a los intereses de las organizaciones políticas que los apoyan para lograr esa designación, y no al interés público y a los principios rectores de la institución, entre otros aspectos.

Creo que, en términos generales, el procedimiento que se ha venido siguiendo en la Cámara de Diputados para la designación de los referidos directivos del INE, es adecuado, pues en varias etapas se van filtrando diferentes requisitos que deben cumplir, quedando casi al final los mejores perfiles. El problema se presenta a la hora de la designación, ya que se integran quintetas para someterlas al pleno, en lugar de incluirse a todas las personas que ya demostraron contar con los méritos respectivos (así sean 100, 200 o 300 aspirantes), y en todo caso sujetarlos a un sorteo, evitando así cualquier suspicacia y manipulación.

Existen otras cuestiones que deben considerarse para su fortalecimiento, como lo es el tema de la sobresaturación de responsabilidades derivada principalmente de las reformas político-electorales de 2007-2008 y 2014, lo cual exige una revisión profunda a efecto de reconsiderar cuáles sí son materia que corresponda a la naturaleza de la institución, que es la de ser encargada de organizar las elecciones federales en el país, y que tiene una gran intervención en los procesos electorales locales. Lo referente a la fiscalización de los recursos de las organizaciones políticas y de los candidatos, la administración de los tiempos en radio y televisión, las facultades jurisdiccionales, etc., son funciones que deberían ser devueltas o trasladadas a otras instancias públicas, a fin de enfocar al órgano electoral en su función principal, que es precisamente la de organizar procesos electorales.

Otra cuestión que debe atenderse urgentemente, por congruencia con los postulados de muchos partidos políticos y con el discurso de un sinnúmero de funcionarios públicos y de personas que se dedican a la política, así como con los fundamentos de las luchas sociales de los mexicanos, pero sobre todo, por respeto a los derechos humanos de quienes laboran en el INE, es la relativa al régimen intimidatorio institucionalizado que prevalece desde  hace años al interior del órgano electoral en contra de sus propios trabajadores. En un ánimo no de transgresión a la autonomía de la institución, sino de consideración en el proceso legislativo para poner candados legales a esos vergonzosos abusos, se ha recurrido tanto al Presidente de la República como a todos los legisladores que integran la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, desconociéndose el por qué no han tomado cartas en el asunto en favor de los mencionados trabajadores reprimidos. Cuando existe un ambiente laboral armónico, indefectiblemente redunda en una mejor productividad.

Son muchas las cuestiones que deben efectuarse para fortalecer a la institución electoral producto de las más legítimas y sentidas luchas de los mexicanos (por lo pronto quedan algunas sugerencias), pero en esa tarea resulta fundamental que se escuche a la sociedad y, por supuesto, a quienes en ella laboran a lo largo y ancho del país. Es un asunto que compete a todos los mexicanos. La autonomía del INE debe prevalecer, pero por ningún motivo debe permitírsele a quienes dirigen a esa fundamental institución de los mexicanos, que la utilicen como una patente de corso.

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