domingo, junio 23, 2024

Francisco Flores Legarda, Opinión

Corrupción de los Ministerios Públicos 

Los actos de corrupción cometidos por agentes del ministerio público, policías, peritos y personal de las fiscalías y procuradurías derivan en la revictimización de las personas que acuden a denunciar un delito, lo cual genera impunidad. Por lo tanto, es útil reconocer aspectos que presentan oportunidades para mejorar el modelo de atención al momento de denunciar un delito y la eficiencia del procedimiento de investigación. Complementando a la Guía contra la corrupción en ministerios públicos, en Impunidad Cero nos hemos dado a la tarea de recopilar las lecturas que consideramos más trascendentes sobre el tema de casos de corrupción en el sistema de justicia penal, provocada por los ministerios publicos, quienes no estan debidamente capacitados, alto grado de proteccion a los imputados y mas grave la violencia del Estado en contra de las mujeres, derivado de una nula y deficiente interagracion de las carpetas de investigacion. 

La corrupción es un fenómeno que todos conocemos pero pocos queremos denunciar. Este artículo responde a la pregunta, ¿qué relación tiene el fenómeno de la corrupción del ministerio publico y el Sistema de Justicia Penal? Se considera que hay dos vias, como una herramienta: el derecho penal puede ser el instrumento idóneo para combatir la corrupción. Sin embargo, se deben de atender problemas como la falta de mecanismos de rendición de cuentas y falta de contrapesos por parte de la víctima. La segunda es que se debe combatir la corrupción dentro de la SJP. Parecía que la reforma del 2008 iba a solucionar los problemas de la corrupción, pero no fue así, ya que en México se siguen solicitando dinero, bienes o beneficios a cambio de cosas tan sencillas como unas copias de un expediente. Aún así puede verse que existen importantes áreas de oportunidad a cargo de la procuración de justicia que, en un futuro, pueden ser implementadas. 

El manual para identificar malas prácticas en las fiscalías y ministerios públicos fue elaborado por Impunidad Cero en colaboración con TOJIL, una organización de la sociedad civil que se ha dedicado a denunciar actos de corrupción que afectan a todos los mexicanos, como el caso de Javier Duarte. En este caso, la Fiscalia General de la República, se han iniciado procedimientos en contra de funciorios publicos y personas ligadas al crimen organizado, ademas de que es utilizada como medio de presion politica. 

Hace una década los mexicanos decidimos que el sistema de justicia debía cambiar. En aquel entonces se decía que teníamos un sistema plagado de corrupción, la opacidad y las recurrentes violaciones a los derechos humanos. Se llevó a cabo la reforma más importante en materia de justicia en nuestro país. Este procedimiento legal fue acompañado de esfuerzos de autoridades de todos los niveles para construir un mejor sistema legal. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes: México sigue ocupando un nivel muy bajo en el World Justice Proyect (92 de 113 países); la ENVIPE 2017 señala que la cifra negra fue de 93.6% en el 2017; la COPARMEX informa que el 43 por ciento de las empresas en México han sido víctimas de la inseguridad. El nuevo sistema penal es adecuado para combatir estos problemas, pero los altos niveles de impunidad han sido identificados como los principales factores que impiden su aplicación. 

Partiendo de la idea de Estado de Derecho, en el cual las instituciones y entidades están sujetas a la ley, este informe muestra indicadores en este rubro de  32 estados del país. Se encuentra conformado por 8 factores principales y 42 subfactores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio justicia civil y justicia penal. Esto nos permite saber la relación que existe entre el Estado y los ciudadanos y el impacto que tiene en la generación de políticas públicas. Este informe tiene especial relación con nuestra Guía, al revelar cómo se encuentran todos los estados del país en el rubro de justicia penal. A la cabeza la autoridad investigadora. El ministerio publico. 

Las fiscalías son un eslabón fundamental del sistema penal, las prácticas de corrupción y extorsión alcanzan a víctimas en distintos niveles del proceso de investigación del delito. El “Índice estatal de desempeño de las fiscalies” analiza la estructura, operación y resultados de las procuradurías y fiscalías de los estados, identificando buenas prácticas y áreas de posible mejoría. En este índice se analizan 23 variables con las que se forman ocho indicadores. Entre los principales hallazgos se presenta el tiempo de espera para denunciar un delito. 

Informes internacionales y nacionales establecen una ruta para los actores claves que desarrollarán el Sistema Nacional Anticorrupción. Menciona que será imprescindible desarrollar un programa que combata la corrupción y persiga otros objetivos como las cuestiones de género y hace énfasis en el Sistema Integral de Responsabilidades Administrativas (SIRA), que permite controlar y hacer un seguimiento de la información sobre los procedimientos administrativos contra servidores públicos. 

Estas guías son un marco de referencia para orientar el cumplimiento de determinadas obligaciones de los servidores públicos. Responde a la pregunta, ¿qué es un conflicto de interés? y cita a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas para decir que éste se da cuando los intereses personales puedan afectar el desempeño imparcial de un servidor público. 

Señor Fiscal cuide las manos de los ministerios publicos. 

Salud y larga vida 

Profesor por oposicion de la Facultad de Derecho de la UACH. 

@profesorf