miércoles, julio 24, 2024

Buzón, Luis Javier Valero

Crujen la justicia y la clase política

El caso Duarte es de los que precipitaron la caída del régimen
– Maru Campos enfrenta una extendida percepción de que posibilitaría la liberación del ex gobernador
– Ante la expectación, la gobernadora anuncia que “el ’24 la mueve” y anuncia su intención de buscar la candidatura presidencial
– El ballezano es víctima del poder, usado para “poder y no, para no poder”

La llegada del ex gobernador César Duarte a Chihuahua, para enfrentar el esperado, pero disminuido proceso penal, se ha convertido en un verdadero sismo político y jurídico.

También, en una especie de bálsamo societario. Las imágenes de Duarte arribando al aeropuerto, disminuido físicamente, esposado, rodeado de policías han inundado las redes sociales, no sin alegría.

¿Qué prevalecerá en el proceso judicial en contra del ballezano? ¿Podrá eludir una parte importante de la clase política local su corresponsabilidad, su acompañamiento en el ejercicio del poder con Duarte; en el uso faccioso, interesado, corrupto, demagógico que hicieron de él?

No hay chihuahuense (más allá de los políticos), medianamente informado del caso, que no sostenga que será liberado el ex gobernante, merced a los “arreglos” existentes en la cúpula política de la entidad.

Muchos años después, quienes hoy son los mandones en Palacio de Gobierno sufrirán las consecuencias de haber sido permisivos con el ballezano; ciertamente menos que sus inmediatos antecesores en la dirigencia del PAN de aquel momento y que hoy ya no están en el blanquiazul. 

Caro les saldrá aceptarle a Duarte su pretensión de “oxigenar” al Poder Judicial, a cambio de obtener dos espacios para sus compañeros (Luis Villegas y Rafael Quintana) como magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Hoy enfrentan la extendida percepción de que la gobernadora Maru Campos instrumentará todo para facilitar la excarcelación de Duarte.

Es lo que menos le conviene a la primera mujer convertida en gobernadora. Actuará precisamente en sentido contrario a aquella percepción. 

Hará todo por evitar que Duarte sea liberado, pero estará sujeta a los más que evidentes errores cometidos por el equipo de Javier Corral en el proceso levantado en contra del ballezano.

De ahí las constantes expresiones de Campos, de que para los exgobernadores, “ni perdón, ni olvido”, a cuya motivación le agregó una más, totalmente inesperada, precisamente un día después de la llegada de Duarte a Chihuahua, la de expresar vivamente su pretensión de buscar la candidatura a la presidencia de la república ¡En 2024!

El proceso contra Duarte es, además, ocasión para que la sociedad acumule más agravios en contra de la clase política pues el ex gobernador es, presumiblemente, responsable de delitos y montos más allá de los que el gobierno de Javier Corral logró acreditar ante la Fiscalía General de la República y, por intermedio de ésta, ante el gobierno norteamericano para obtener su anuencia a fin de que fuese extraditado.

Pero la causa judicial en contra de Duarte ha exhibido, quizá como en ningún otro caso y en el curso de las últimas tres décadas, la inmensa mansedumbre de la mayoría de los integrantes de la cúpula del Poder Judicial.

Seguramente que el ex gobernador Javier Corral deberá enfrentar los procesos anunciados por la gobernadora Campos, pero una cosa sí deberá acreditársele positivamente: La decisión de intentar encarcelar a Duarte, haya sido por las razones que hubiesen sido.

Probablemente su principal motivación haya sido la de pavimentar su candidatura presidencial para el 2024, y no la de combatir, hasta las últimas consecuencias, la corrupción.

Imposible saberlo, pero Corral, también posiblemente, no percibió (o quizá sí, para el caso es irrelevante) el impacto social que tendría la posibilidad cierta de llevar a Duarte a los tribunales y eventualmente encarcelarlo.

Impacto que iría más allá de los límites de Chihuahua, que se conjugaría con la oleada de indignación nacional levantada por la cantidad de corruptelas cometidas -o presumiblemente cometidas- por la mayoría de los gobernadores priistas y el presidente Enrique Peña Nieto y que posibilitó el triunfo de López Obrador.

El hartazgo ciudadano hacia la clase política PRI-PAN le redituó al tabasqueño 10 millones de votos.

De ese nivel de importancia fue levantarle cargos a César Duarte.