miércoles, junio 19, 2024

Luis Javier Valero, Opinión

De debates y seguridad

Tres eventos, aparentemente desconectados entre sí, sirven para reflexionar sobre nuestra inquietante realidad.

Por una parte, el día de hoy se realizará el tercer debate presidencial, que versará sobre el tema que más inquietud causa entre los mexicanos, la inseguridad.

A debate está la continuidad, o no del modelo de seguridad que ha mostrado palmariamente su fracaso: El de la militarización de la seguridad pública.

Más allá de la defensa que haga Claudia Sheinbaum de los ‘logros’ del gobierno de López Obrador, y de la crítica que le haga Xóchitl Gálvez, en el tapete de la discusión estará un aspecto central de la estrategia de seguridad pública, la de la continuación de la militarización de la misma, que defenderá la morenista, o el del cese de la participación de las fuerzas armadas -como fuerza permanente y única- en la seguridad pública.

Claudia lo ha expresado claramente. Respaldará la propuesta de AMLO de poner bajo el mando de las fuerzas armadas toda la seguridad pública del ámbito federal.

Xóchitl también ha sido explícita: Regresar al ejército a sus tareas constitucionales, es decir, las de seguridad nacional y la coadyuvancia en seguridad pública bajo los mandos civiles, en zonas y tiempos  fijos, determinados por las autoridades civiles.

En un evento que ilustra claramente el grado de militarización de la vida pública del país, el jueves tomó protesta como coordinador estatal de la Guardia Nacional en Chihuahua, el Gral Fernando Colchado.

Lo hizo en una ceremonia en la que participaron las titulares de los tres poderes del Estado de Chihuahua, Maru Campos, gobernadora; Adriana Terrazas, presidenta del Congreso del estado y Myriam Hernández, presidenta del Tribunal Superior de Justicia,

¿Si hubiese seguido la Policía Federal y que cambiara a su jefe en el estado, se habría realizado una ceremonia con todo el protocolo de los eventos oficiales más importantes, como para involucrar en ellos a los titulares del gobierno de Chihuahua?

Obviamente, no.

El escribiente no recuerda ceremonia alguna que se hubiese efectuado de ese modo en el pasado, en cualquier entidad.

Pudo suceder, pero no nos alcanza la memoria para recordar un episodio de esa naturaleza.

Contra lo que el presidente no se cansa de pregonar -que el actual modelo inició en el sexenio de Felipe Calderón-, la militarización de la seguridad pública inició en la lejana década de los 70’s del siglo pasado,  cuando el presidente Luis Echeverría «anunció el inicio de la “Operación Cóndor” en los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango -el Triángulo Dorado de la droga-, con la intención de destruir los cultivos de marihuana y amapola que se sembraban en las montañas a más de mil metros de altura». (Nota de Ernesto Jiménez, Infobae, 30/11/23).

Para ello lanzó a cientos -quizá miles- de soldados a patrullar las sierras de esos estados.

Luego de esa etapa, primero de a poco y luego a mucho, vencidas las resistencias de, incluso gobernantes priistas, jefes militares retirados y/o en activo -unos y otros con la aprobación del secretario de la Defensa Nacional en turno-, asumieron las direcciones de las policías municipales y estatales.

Enseguida vino la época del uso extendido de las tropas, in crescendo, para que asumieran tareas de policías y no sólo de manera extraordinaria, como se puede entender, dada la extrema violencia con la que actuaban los grupos criminales con el cada vez más protagónico papel de los jefes militares en la seguridad pública en la época de Fox y Calderón, tendencia que se fortaleció con Peña Nieto y que alcanzó su clímax en el actual sexenio.

Por supuesto que existe un proceso de militarización, que abarca infinidad de tareas y áreas de la administración pública federal, con un añadido, el del notable incremento del presupuesto asignado a las dependencias militares y a la Guardia Nacional.

Y si antes había resistencia para que se incrementara su participación, ahora el presidente que prometió, de candidato, «regresarlos a los cuarteles», ahora propuso que la cúpula militar asuma el total control de la seguridad pública federal, incluida la Guardia Nacional, a pesar de que, él y sus compañeros, los líderes de las cámaras, de senadores y diputados, le prometieron a los legisladores de oposición, con tal de lograr la aprobación constitucional, que se mantendría bajo mando civil.

Ahora también incumple con el mandato de la Suprema Corte de Justicia (SCJN).

Sí, porque ésta ordenó, en abril de 2023, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 137/2022, que la Guardia Nacional debía regresar al control administrativo, operativo y presupuestal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cosa que debió hacer desde el 1 de enero del presente año.

¡Nombre! ¿Qué cosa es eso de que «la ley es la ley»?

Ahora bien, la Guardia Nacional (GN) resultó ser un fracaso absoluto en el combate a la delincuencia, especialmente en la contención de homicidios y a la cada vez más violenta actuación de los grupos criminales, a tal grado que si se mantiene el número de homicidios, de acuerdo con el Secretariado del Sistema de Seguridad Pública, con cifras citadas por la empresa TResearch, el actual sexenio terminará con más de 210 mil homicidios.

Esto en virtud de que hasta el viernes, se habían presentado 187 mil 337 homicidios, cifra que se actualizará por el INEGI al término del año, con los datos aportados por las fiscalías y las oficinas del registro civil estatales y aumentará entre el 18-20%.

Es un fracaso la GN: En 2019, en su primer año de operación detuvo a 9 mil 155 personas; en el 2020 bajó a 7 mil 419; en 2021 a 7 mil 017, para desplomarse en 2022 a solamente 2 mil 814.

La creación y fortalecimiento de la Guardia Nacional se acompañó de la reducción del apoyo económico para las policías locales, lo que se tradujo en la disminución de la operatividad, de los recursos económicos, humanos y materiales y sus intervenciones se enfocan en resguardar las escenas del crimen, apoyar en traslados de detenidos y en el mejor de los casos ha sido una fuerza exclusivamente disuasiva.

¿Qué hace la Guardia Nacional?, ¿acordonar cuando se cometen homicidios violentos? ¿No se supone que eran preventivos,   coadyuvantes?

No sólo ha sido un fracaso sino que, además, ha violado la ley pues la GN ya no debería estar bajo el mando del ejército, pues el 1 de enero venció el plazo determinado por la SCJN para que el control de la GN fuera trasladado de la Sedena a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Hasta ahora, la configuración de la GN dista mucho de cumplir con el carácter civil que dicta la Constitución («Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional». Art. 21 constitucional) pues, desde su creación, se ha conformado entre un 70% y 80% por elementos de las policías militar y naval; con un comandante, mandos regionales, estructura y entrenamiento militares.

«Esta y otras acciones que han profundizado la militarización en México sólo han derivado en cientos de quejas por violaciones a los derechos humanos, múltiples evidencias de abuso de la fuerza y su poca capacidad para atender, controlar y reducir la criminalidad». (Comunicado de México Unido Contra la Delincuencia, 5/1/24).

Frente al fracaso de la GN, se alza la realidad, la develada por el Secretario de Seguridad Municipal de Juárez, César Omar Muñoz, quien aseguró que «hasta un 60% de los homicidios en Ciudad Juárez tiene que ver con el delito de la trata de personas… y que el mayor foco de este delito está en el valle y sur de Ciudad Juárez». (Nota de la Redacción, Tiempo,  17/5/24).

Adquiere mayor valor tal declaración pues la emitió el jefe policiaco de un gobierno emanado de Morena, el de Cruz Pérez Cuéllar y que, sin duda, se convierte en un mentís a la permanente aseveración de los gobernantes federales de que los homicidios son del fuero común, lo cual es cierto, pero que esconden la realidad de que, quizá, la mayor parte de los homicidios obedecen a la dinámica del crimen organizado, por tanto, del fuero federal, y eso no se refleja en los balances de la GN.

Frente a la diversificación del crimen organizado, que ahora incursionó en el cobro de piso en negocios, a particulares, migrantes, y productores o agricultores, a quienes obliga a vender sus productos a precios fijados por ellos.

Por ello, los grupos del narcotráfico se convirtieron en la quinta fuente de empleo en el país, brindando trabajo a aproximadamente 175 mil personas.

La GN y las fuerzas armadas han sido incapaces de hacerle frente a ese descomunal reto, porque no están preparadas para las tareas policiales, que implican el desarrollo de la inteligencia policial y financiera para desmontar el entramado criminal.

Han sido, solamente, uno de los cuerpos en los que más se ha despilfarrado el dinero público y sus resultados son catastróficos: Amplias zonas del país son presas del crimen organizado y sus poblaciones viven bajo el permanente temor causado por la violencia de las cada vez más salvajes de los grupos delincuenciales.

Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023asertodechihuahua@yahoo.com.mx