domingo, junio 23, 2024

Benito Abraham Orozco, Opinión

Diversidad e inclusión: binomio fundamental en una democracia 

Tres conceptos destacados involucran el título y el tema de la presente colaboración, que ameritan establecer primeramente su significado para poder desarrollar las líneas consecuentes. Para ello, habrá que recurrir a la Real Academia Española (RAE). 

Entre sus acepciones, en cuanto a la palabra: diversidad, refiere que es “Variedad, desemejanza, diferencia”; inclusión la señala como “Acción y efecto de incluir”, y; democracia, “Forma de sociedad que reconoce y respeta como valores esenciales la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”. Aún y cuando en México se considera ciudadano a quien reúne determinados requisitos, entre otros el de ser mayor de edad, habrá que entender “a todos los ciudadanos” mencionados, como al total de las personas que integran una sociedad. 

En tal virtud, respecto del asunto que nos ocupa, habrá que establecer que en un país que se supone aspira a ser democrático, debe considerar y valorar a todos los habitantes por igual, independientemente de las diferencias que pudiera haber entre ellos. Tales desemejanzas son tantas, que el pretender privilegiar e imponer alguna o algunas de ellas en determinados temas o ámbitos de la vida nacional, indefectiblemente derivaría en discriminación hacia el resto. 

Es decir, por ejemplo, en el terreno electoral, el intentar obligar a que para determinado número de cargos sean aspirantes únicamente personas afrodescendientes, y para otros sólo integrantes de los pueblos indígenas, pues ya estamos excluyendo a las personas con capacidades diferentes, a los menonitas, a quienes profesan determinada religión, etc., que en sus muy particulares circunstancias representan significativas porciones de la sociedad, con la necesidad de llevar su voz, su sentir, a toda tribuna donde se tomen determinaciones que les puedan beneficiar para abatir sus adversidades comunes. 

 Al amparo de lo que llaman “discriminación positiva”, se han establecido medidas extraordinarias en favor de algún grupo social que históricamente ha sido discriminado, como es el caso de la mujer frente al varón, en lo que se ha llegado al grado de emitir convocatorias para desempeñar empleos en la función pública, pero dirigidas única y exclusivamente a las damas, soslayando que haya caballeros con necesidad de trabajo y en condiciones económicas deplorables, además de que en muchos casos son el sostén de una familia. La citada discriminación se supone es implementada hasta en tanto se logre la reivindicación de los desfavorecidos, poniéndolos en igualdad de número y/o circunstancia que los favorecidos. 

Pero ¿cómo explicar que en esa vasta diversidad que en múltiples aspectos tiene una sociedad —en mayor medida una como la mexicana—, sean sólo unos cuantos los grupos por los que se legisle y hasta se rasguen las vestiduras determinadas facciones políticas? ¿Por qué no se organizan marchas nacionales para la defensa de los adultos mayores que se encuentran en el abandono, para exigir el cese de la explotación laboral infantil, para que los hombres no sean violentados por sus parejas, etc.? 

Aquí la cuestión está en que, más que la búsqueda efectiva de un Estado de derecho, del respeto por los derechos humanos, de llevar la justicia a tanta diversidad, desafortunadamente las autoridades lo que hacen es ceder ante la presión estruendosa de determinados grupos que exigen el respeto a lo que dicen son sus derechos, imponiéndose en privilegios a las demás diversidades, por la simple y sencilla razón de que quienes ejercen el poder público les tienen miedo. 

No se trata de alentar confrontaciones, pero sí de advertir que en una democracia no puede permitirse el imperio de las minorías sobre las mayorías. En una democracia las minorías también deben ser consideradas, pero sobre todo en lo que hace al respeto de sus derechos, más no en que las mayorías se les sometan. Una nación no puede girar en torno a las creencias y costumbres de una parte de sus habitantes que, en muchos casos están lejos, pero muy lejos, de ser una mayoría. Una democracia no admite el privilegio de una porción de sus habitantes, soslayando —y hasta despreciando— a muchísimas otras porciones con necesidades legítimas de atención. 

Qué bien sería que, verbigracia, en la designación de magistrados de los diferentes tribunales del país, se considerara con cierta preferencia a abogados desempleados que cuentan con experiencia (obviamente pasando por todos los filtros a que haya lugar), o a varones para desempeñarse en puestos importantes en los paradójicamente discriminatorios institutos de las mujeres. Pero, se insiste, no es la idea que enarbolando verdaderos o supuestos derechos humanos, se beneficie a determinados grupos desfavorecidos, destinando recursos, voluntades y legislaciones que deberían ser para un sinnúmero de mexicanos más. 

A propósito de los llamados institutos de las mujeres, no sería mejor crear institutos para la equidad social, que busquen la justicia para todos, a través de mecanismos que garanticen la igualdad de atención y de oportunidades para personas con alguna discapacidad, madres y padres solteros, adultos mayores con necesidad de empleo, mujeres y varones bajo hostigamiento laboral, etc. 

Nos hemos enfocado en dividir las funciones públicas y destacar diferencias en la supuesta búsqueda de la igualdad y la justicia, que implícitamente están discriminando, excluyendo, desatendiendo, minimizando…, a otras personas y grupos con menos posibilidades, capacidades y condiciones de exigir, lo que ha llevado, se insiste, a ocuparse principalmente de quienes en la estridencia han encontrado el chantaje perfecto para someter a las autoridades.  

La diversidad y la inclusión son temas que, cuando verdaderamente se conoce y se está consciente de lo que es la democracia, y existe la firme decisión de implementar dicho régimen, deben asumirse sin distingo o preferencia alguna, teniendo la visión de que en todos debe haber la misma posibilidad de ejercer nuestros derechos, así como de contar con herramientas efectivas que garanticen la igualdad de oportunidades, sin importar el color de la piel, la religión, la preferencia política, el sexo de la persona, entre otros.  

Estamos atiborrados de legislaciones, instituciones y asociaciones civiles, a las que se les destinan un sinfín de recursos de diversa índole, sumergiéndonos en una vorágine de posturas que, más que abonar, confunden, soslayan y confrontan, en detrimento de los más vulnerables. 

La implementación de esos multicitados mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación, se escucha fácil, y no tiene porque ser de otra manera, si es que existe realmente la voluntad de que haya una armonía social. Es decir, se debe legislar para todos, sin distingo alguno. 

Pero ¿qué es lo que queremos los mexicanos y nuestros políticos, quienes, así como en ocasiones alientan cosas positivas, por lo general nos están involucrando en sus pleitos vanos y encarnizados?