21 mayo, 2022

El Devenir

Periodismo con compromiso social

El divorcio del Poder Judicial con la honorabilidad

5 min read
Opinión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en 2006 un lujoso libro con el título de El juez y su imagen pública. Una historia de la judicatura mexicana. Se debe a la pluma del doctor Salvador Cárdenas Gutiérrez, por aquel entonces director de investigación histórica del alto tribunal, presidido por el ministro Mariano Azuela Güitrón. Tomo de esta obra parte de su último párrafo para cavilar lo que nos sucede aquí en Chihuahua con los magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia.

La cita es larga y ofrezco disculpas por eso: “La imagen pública del juez continúa siendo más que una preocupación para el Poder Judicial, y para la sociedad mexicana, una necesidad y a la vez un desafío al que hay que dar respuesta sin dilación. Sin una imagen judicial de honorabilidad (…) es difícil que la sociedad se fíe de las instancias y recursos con que cuenta para la realización de la justicia. Por eso, la imagen ejemplar es más que un recurso propagandístico o un símbolo por el que se puede optar, es parte esencial de la honorabilidad del juzgador, es la expresión social de su autoridad y dignidad (…), la imagen puede quedar en mera apariencia formal, desvinculada de su raíz ética y profesional. Queda a la conciencia del juez y a la disciplina de las instituciones la responsabilidad de unir esos dos mundos del ser y el parecer”.

En los días que corren, a escasos dos meses de inaugurada la administración de María Eugenia Campos, ya se palpa la pedestre y rudimentaria forma de ejercer el poder, aplicando el viejo librito del autoritarismo que ha sofocado, y en ocasiones extinguido, el principio básico de la división e independencia de los poderes, expresados en la trilogía clásica de Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Se sabe, por lección clásica surgida a la hora de la fundación del Estado moderno, que donde no haya esa división tampoco se puede hablar de que exista Constitución. Por eso cuando examinamos nuestro sistema político, no nos queda más remedio que darle la razón al porfirista Emilio Rabasa cuando escribió en La Constitución y la dictadura que los ejecutivos viven a expensas de engrosar su poder a costa de los otros dos.

No funcionan las instituciones y todo se deja a las agencias informales del poder que arrolla y se impone. Lo mismo sucede con el presidente de los república que con los gobernadores: convierten a los congresos en oficialías de parte y en órganos de decisión de lo que sea, y al Judicial en una agencia de colocaciones cual si se repartieran los despojos después de una batalla.

Tan grave es esto que ya los mismos parlamentarios, o los jueces, magistrados y ministros saben que bajo el lema de “estar bien” hay que obedecer.

Ese es el escenario que tenemos en el teatro chihuahuense actual, dramatizado por lo que sucede en el Poder Judicial del Estado, en particular en su Tribunal Superior de Justicia, la cabeza de ese poder por disposición del código básico.

Para hablar de lo local: llega el gobernador e interviene en el Judicial para imponer nuevo presidente y ordenar el recambio de todo el aparato administrativo y colocar a sus fieles, a sus seguidores, y a final de cuentas a quienes van a ocupar el cargo y a bailar al son que les toque, como sucede también en el Consejo de la Judicatura.

Es así como se depone al presidente Pablo Héctor González Villalobos, del cual he sido crítico permanente, no uniéndome a él ningún interés, para poner en su lugar a la magistrada Miriam Hernández Acosta, electa por sospechosa unanimidad de su pares y prohijada por la tiranía duartista que le allanó el camino a ese cargo para escalar el último y más elevado peldaño al que se puede aspirar en ese poder. Incluso es grotesco escuchar las argumentaciones de que así Chihuahua será una especie de Amazonia, esto para evadir el tema de fondo que reseño en este texto.

Por tanto, tenemos un Poder Ejecutivo expansivo que devora a los otros en el que ya se practica el nepotismo, el desinterés por vastas zonas del estado, el control de los medios de comunicación, y todo lo que ha sido el autoritarismo tradicional. Así como Campos Galván impone a la magistrada Hernández Acosta, coloca el retrata de Luis H. Álvarez en la cabecera de su despacho, como diciendo aquí es territorio del PAN y nada más.

Este fenómeno no existiría si las instituciones prevalecieran como tales, si los plazos de ejercicio de una responsabilidad pública se respetaran, o bien se interrumpieran por causas naturales como la enfermedad o la muerte, o por las responsabilidades que se le finquen al funcionario público por el desapego o transgresión de la ley.

Pablo Héctor González dice que se va por “razones personales”; es el lugar común, el que se acostumbra y contribuye conservadoramente a mantener lo establecido, aunque esté en riña con la ley. Escuchando esta frase recordé el sarcástico humor de Humberto Estrada Benavides, un abogado egresado de la Escuela de Derecho de la UACh que alguna vez tuvo que renunciar a un cargo por “motivos personales”, con la aclaración de que no sabía de quién.

Aquí en la historia de González Villalobos todo mundo sabe quién es la villana, excepto él en su hipocresía.

Retorno a la cita del referido libro, y más que afirmaciones, en la experiencia chihuahuense nos deja preguntas ácida o corrosivas. ¿Alguien puede creer que la sociedad confíe en funcionarios carentes de honorabilidad, ejemplaridad y dignidad? Algunos piensan que algo es algo y que por lo pronto Luis Villegas Montes no estará en el cargo, aunque será el hombre fuerte, el poder tras el trono, por su conocido compadrazgo con el maruqismo y en la lista de espera para un periodo completo.

En Miami seguramente están de plácemes por la elección de Miriam Hernández y hasta pensando hacer maletas para venir a sortear escollos con vientos favorables.

La respuesta es obvia, y aquí recuerdo lo que dijo el escritor Luis Villoro: a México lo que le ha faltado es honor.

El Devenir. Derechos reservados 2021 | Newsphere by AF themes.