viernes, junio 21, 2024

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El estado de Chihuahua se convierte en el segundo en el país en detener la distribución de los nuevos libros de texto gratuito

Fernando Sandoval Salinas.– El estado de Chihuahua se convierte en el segundo en el país en detener la distribución de los nuevos libros de texto gratuito; esto fue confirmado por la gobernadora María Eugenia Campos, el 2 de agosto de este año 2023. La mandataria giró instrucciones para que se detenga la distribución de esos contenidos bajo la figura del amparo.

Entender esta conducta que empata con la decisión de las autoridades de Guanajuato, también gobernada por el PAN, lleva a revisar algunos antecedentes. Veamos:

EL posicionamiento editorial del periódico Excélsior del 21 de junio de 1961 fue:

“Deplorables noticias nos llegan desde Chihuahua”

Una partida de positivos bárbaros, en la más negra expresión de barbarie, quemó una gruesa partida de libros de texto”

“Se trata de los libros escolares que, precisamente, contienen la entrega de la patria a las mentes infantiles”.

Por esas mismas fechas, nos enteramos de la quema de Libros de Texto Gratuito (LTG) en algunos colegios confesionales en las ciudades de Chihuahua y Juárez. Así mismo, un grupo de maestras y maestros denunciaban que en la región de Namiquipa, El Molino y El Terrero, sinarquistas claramente identificados con el PAN también carbonizaron los LTG y otros docentes y padres de familia denunciaban igual barbarie en diversas partes del estado.

Este tipo de acciones se dieron prácticamente en todo el país y se hicieron como respuesta al decreto presidencial del 12 de febrero de 1959, cuando se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con lo cual millones de niñas y niños tuvieron acceso a sus textos escolares sin necesidad de acudir a las finanzas familiares.

La respuesta de los inconformes se dio de forma organizada mediante la coordinación de diversos actores políticos y sociales, que tradicionalmente estaban ligados a la derecha. La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) fue formalmente la encargada de liderar este movimiento, pero detrás de estas siglas se encontraban dos grandes grupos principales.

El primer grupo estaba compuesto por personas resentidas por las pérdidas económicas que sufrían debido a la disminución del negocio de los libros de texto editados comercialmente. Estos libros solían ser utilizados anteriormente en el nivel de educación primaria, pero con los cambios implementados en el nuevo enfoque educativo, la demanda de estos libros disminuyó.

El segundo grupo estaba formado por los obscurantistas, es decir, aquellos que se oponían al progreso de la ciencia y las humanidades, personas que siempre se resistían al avance del conocimiento y a la apertura hacia nuevas ideas y perspectivas.

En conjunto, estos dos grupos se unieron para oponerse al cambio y a las reformas en el sistema educativo, manifestando su descontento de manera organizada y buscando mantener el statu quo que les beneficiaba económica o ideológicamente.

Su lucha encontró confluencia en la fobia a las reformas al artículo tercero constitucional y en el rechazo no solo a los Libros de Texto Gratuito (LTG) de la época, sino también a la nueva escuela impulsada por el gobierno de López Mateos a través del “Plan de 11 Años”. Decían que tal escuela era “un centro propagandista de doctrinas y principios comunistas”. Sin embargo, la mayoría de padres y docentes les respondió que: “esa falange de sistemáticos inconformes aún no quieren comprender que toda transformación de carácter social y económico trae, como consecuencia, una radical renovación en las organizaciones sociales y, por tanto, en sus instituciones, siendo una de ellas la escuela” (El Nacional, 3 de marzo de 1962).

Bajo estos antecedentes, resulta fácil comprender la conducta de los gobiernos de Guanajuato y Chihuahua, que han declarado la intención de no entregar los Libros de Texto Gratuitos (LTG) a las escuelas y, por ende, a las niñas y niños. Se entiende porque son los continuadores de los grupos que en 1960 se opusieron a la iniciativa de favorecer a millones de pequeños que hasta ese año no podían adquirir los caros libros puestos a disposición por las casas mercantiles.

Además, se comprende que estos grupos (empresarios, comentócratas, expertos, medios corporativos, iglesia católica, algunas asociaciones, la UNPF) aprovechen el campo educativo y, particularmente, la escuela como una arena de lucha en la que pueden posicionar sus argumentos y acciones de forma relativamente cómoda para promover exigencias y “verdades” con un gran despliegue de recursos financieros y amplia cobertura mediática.

Las tesis propuestas por estos actores en general se traducen en una amenaza comunista contra la familia, las buenas costumbres y un ataque directo a la Iglesia Católica. En particular, tratan de demostrar que “los nuevos libros de texto son un riesgo para la formación de talento en México”. Les preocupa que los nuevos LTG “traen una carga ideológica al denostar el llamado ‘neoliberalismo’ como un sistema dañino para la comunidad, lo que derivará, sin duda, en la pérdida de competitividad”. Sumando otros argumentos de orden técnico que en el fondo desconocen, pero los repiten a diario con una meta: evitar que se entreguen los LTG a los alumnos de educación básica para el próximo año escolar, aprovechando la orden de la jueza que ordenó a la SEP suspender la elaboración y distribución de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, por haber determinado que se incumplió con el proceso de consulta previa a los sectores involucrados y a la sociedad.

En Chihuahua el gobierno estatal avaló la medida y exigió que la instancia federal cumpla con lo mandatado.

Ahora bien, atacar políticamente a un régimen gubernamental, no es otra cosa que pueda alarmar a nadie y menos a los representativos de ese régimen. Criticar a un gobierno puede resultar hasta constructivo. Señalar errores a un gobernante no es malo, es necesario. Pero, en el caso de los LTG es imprescindible investigar, señalar y denunciar lo que subyace en la intención de quienes se oponen a la distribución de los textos y por ello, propongo una pregunta:

¿A quién beneficia el rechazo a los nuevos libros de texto?

Parto de una idea forjada hace tiempo: los conservadores, preocupados por la amenaza del avance democrático y la organización de los eternamente explotados para participar en el establecimiento de una Nueva Escuela y contenidos educativos ajenos a sus intereses, siempre han impulsado campañas encaminadas a construir un pánico moral para movilizar a sectores sociales en rechazo a

“valores peligrosos que puedan corromper a estudiantes y escuelas”. Esta es la premisa principal desde la que actúan los integrantes de la derecha en la discusión educativa nacional y de algún modo explica la actual cruzada contra los LTG en México y encuentra sentido profundo no en aspectos estrictamente educativos, sino en el ejercicio de un poder que relativamente perdieron en 2018 y su disputa en la sucesión hoy vigente

A los actores opositores les preocupa, no tanto los LTG, sino más bien ganar la batalla discursiva para evitar que una opinión pública mayoritaria asuma a fondo una discusión educativa en la que se planteen aspectos hoy ineludibles, como las desigualdades de género, la inequidad económica y sus causas; el respeto a las etnias, hoy básicamente utilizadas como braceros mal pagados, y otros temas urgentes. El fondo de la conducta conservadora se encuentra en tratar de imponer valores de acuerdo a sus intereses, y ello explica el agresivo posicionamiento de los principios y fobias de la ultraderecha en el ámbito educativo y el debate político, estableciendo una alianza con actores educativos importantes (expertos, fundaciones, editoriales y organizaciones de la sociedad civil) para ganar la batalla discursiva y política.

Los conservadores, armados con el viejo discurso anticomunista y de defensa de sus valores, también han encontrado acerbo discursivo en la aportación de expertos en educación que les han proporcionado un discurso técnico para que, ante las cámaras, redes sociales y medios corporativos, se presenten como profundos conocedores de la materia escolar.

Así vemos a funcionarios estatales, presidentes municipales, empresarios, todos de derecha, hablando como verdaderos especialistas, cuando en realidad solo conocen superficialmente los temas tratados. El fondo es combatir a morir tanto a la Nueva Escuela Mexicana como a los LTG. Desafortunadamente (para ellos) los expertos en su obsesión de crítica a la 4 T se han unido al liderazgo de los grupos conservadores en la oposición a los LTG.

Los expertos, sin hacer un lado los cuestionamientos razonables sobre aspectos de los LTG que deben ser atendidos por la autoridad educativa, coyunturalmente aportan elementos para una narrativa política, dan armas discursivas a un sector conservador que en la arena de lucha educativa halló una plataforma para posicionar públicamente sus principios y fobias y que construye poco a poco una estructura operativa que va mucho más allá del debate educativo nacional.

¿Por qué lo hacen? Tal vez no tanto por admitir el ataque a la familia, a la religión católica o a la amenaza comunista (algunos de ellos en el pasado se declararon ateos), sino por unirse al ataque frontal desde sus pedestales de “vacas sagradas”, exigiendo junto con sus aliados conservadores la aniquilación casi total de los LTG y de la Nueva Escuela Mexicana. Lo hacen porque la mayoría de ellos ha perdido sus privilegios, sus ingresos y su estatus que les permitía el derecho de picaporte a palacio, esto sin demeritar a investigadores educativos críticos y honestos.

Otro actor importante es la UNPF, organización que interpuso un amparo aceptado por el juzgado tercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. La UNPF actual es la heredera de aquella que en 1959 se opuso a los LTG. Es un organismo de ultraderecha que, una vez más, busca sabotear las políticas educativas del gobierno federal. Con ello, permitió a la jueza Yadira Medina Alcántara emitir a finales de julio pasado un segundo ultimátum a la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional

de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) para que frenen la impresión y distribución de dichos materiales en tanto no acrediten que sus contenidos concuerdan con los planes de estudio.

La UNPF por décadas se ha opuesto a cualquier perspectiva progresista en las aulas y hasta la fecha mantiene un feroz rechazo a la educación sexual integral, la laicidad, los enfoques científicos en temas que entran en contradicción con el fundamentalismo católico, la crítica al sistema económico vigente y, en general, a la modernidad, la tolerancia y la solidaridad.

También, a los ataques descritos, se ha unido la industria editorial. En el pasado reciente, esta entidad se benefició de un relevante presupuesto de la Conaliteg, ya que de los 140 millones de libros que requerían los programas de prescolar, primaria y telesecundaria, a fines del gobierno de Peña Nieto, el 80 por ciento de la producción total estaba subrogada a empresas privadas, siguiendo el impulso achicador del Estado para favorecer a particulares. En 2018, con el advenimiento del actual gobierno federal, se denunció la millonaria ganancia de la industria editorial, además de una recomposición de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para que asumiera su papel rector en la producción de textos.

Algunas conclusiones

En primer lugar, la cruzada contra los LTG está más preocupada y ocupada en la disputa del poder y su ejercicio, y menos en aspectos propiamente educativos y contenidos de los libros gratuitos. Además, es una obsesión de los conservadores por imponer sus valores en la sociedad, posicionando públicamente sus principios ideológicos y fobias que afecten su estatus económico y por ello aprovechan el debate político educativo para crear una plataforma acorde a sus objetivos y así construir una estructura operativa que va mucho más allá de la polémica en torno a los LTG.

En segundo lugar, el discurso conservador avalado por la jueza Medina Alcántara de “privilegiar el interés superior de la infancia” resulta etéreo porque el verdadero crimen sería privar a niñas, niños y jóvenes de insumos imprescindibles para su aprendizaje. Por ello, debemos, en el marco de la ley vigente, exigir y asegurar la entrega de los libros de texto gratuitos en cada aula del país en tiempo y forma.

Enseguida, permitir que los LTG sean probados por docentes, estudiantes y padres de familia, sus principales beneficiarios, antes de ser condenados casi a la hoguera como en 1960. Finalmente, los docentes son los verdaderos expertos en el trabajo educativo cotidiano. Es necesario que estos actores los conozcan a fondo en la práctica docente diaria para hacer las correcciones y adecuaciones que sean necesarias. En lo personal confío plenamente en la capacidad cocreadora de docentes y alumnos

A la par, dar respuesta a los posicionamientos de los conservadores, hoy en caballo de hacienda, favorecidos por los medios corporativos, el púlpito, y los recursos financieros sobrados. No debe olvidarse que las argumentaciones generan climas y corrientes de opinión que a la larga se convierten en opinión pública dominante, entonces ¿Por qué dejarlos que corran solos en una pista en donde todos podemos participar? ¿Cómo? Desde el boca a boca, el cara a cara con nuestros conocidos, nuestros públicos. Desde nuestras redes sociales y de ser necesario desde la manifestación pública.

También considero conveniente anotar las fallas que la SEP ha sumado en este proceso partiendo de algo innegable: son algunas asignaturas pendientes que la institución ha dejado y por ello no solamente se critica a la oposición y su propuesta de traba a los proyectos educativos del actual gobierno federal, también deben acotarse las limitaciones e imperfecciones de la institución responsable de proveer los LTG.

Por ello a partir de esta primera opinión compartiremos (en colectivo) otros balances del problema que contemplen: los pendientes de la SEP, los contenidos de los libros, las ventajas y desventajas de la Nueva Escuela Mexicana y otros temas.

En tanto, la gobernadora María Eugenia Campos, a su modo, deja ver claramente el deseo de una derecha que perdió privilegios sobre la educación desde la Reforma. Declaró:

“Vamos a buscar formas para que nuestros niños sigan aprendiendo. Es tan fácil como que ustedes les pregunten a los padres de familia si prefieren seguir recibiendo esta basura de libros de texto o si mejor reciban a través de otras personas capacitadas, profesionales, calificadas, una educación donde no se les obligue a los niño