26 octubre, 2021

El Devenir

Periodismo con compromiso social

El pueblo mexicano en defensa de la CFE

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Isaías Orozco Gómez.

En el marco de la iniciativa de  Reforma Eléctrica o contrarreforma propuesta por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, y aprobada en el 2013; resulta oportuno leer, aunque sea a ojo de pájaro, lo que algunos acuciosos historiadores-investigadores, refieren con respecto a las causas de conflictos y fricciones entre la sociedad mexicana posrevolucionaria y la inversión extranjera privada.

Especialmente en lo relativo a las actividades en nuestro país de las compañías eléctricas de capital extranjero, hasta su compra por el Estado mexicano en 1960. Siendo conscientes de la importancia y lo amplio del tema, en la presente colaboración presentaremos algunas cápsulas históricas que deseamos se haya logrado engarzarlas o concatenarlas debidamente, para mayor comprensión del tema que hoy por hoy, está siendo motivo de discusión en el Congreso de la Unión y ocupando la atención de la mayoría de los mexicanos.

Para 1906, estando gobernando todavía Porfirio Díaz, cinco grandes compañías británicas, canadienses y estadounidenses entraron en la industria mexicana de generación de energía eléctrica y, durante los siguientes cuarenta años, esas mismas compañías constituirían la columna vertebral de esa industria. Desde luego, la mayor parte de las pequeñas plantas generadoras de electricidad propiedad de mexicanos fueron adquiridas, absorbidas y modernizadas –o, en algunos casos, arruinadas– por las grandes empresas extranjeras. 

En tal sentido, en los años inmediatos anteriores a la Gran Depresión o crisis económica mundial (1928-1929), toda la estructura  de la industria se vio alterada por la entrada de cuantiosas inversiones traídas al país por una empresa recién llegada, la American & Foreign Power Company, subsidiaria en América Latina del Electric Bond & Share System de Estados Unidos. Adquiriendo tres de los cinco grandes sistemas eléctricos que entonces funcionaban en México, por una suma estimada en algo más de 70 millones de dólares; comprando además, varias plantas termoeléctricas en siete centros industriales de mediana importancia.

Lógicamente, el gobierno de Calles y sus principales colaboradores, apoyados por la clase trabajadora, con base en la promulgación del Código Nacional Eléctrico, de la Cámara Nacional de Industria de Transformación (CNIT) y de la Comisión Nacional de Fuerza Motriz (CNFM), consideraron la existencia de una situación de completo caos legal y de anarquía en las relaciones entre el Gobierno y las empresas eléctricas privadas, realidad que, de acuerdo con los técnicos, se debía en mucho a la falta de comprensión, de los tres niveles de gobierno, de la técnica del funcionamiento de la industria y de sus MODALIDADES EMINENTEMENTE SOCIALES.

El caos “legal” y el distinto comportamiento de las empresas según la clase de sus clientes fueron aducidos por la CENIT como razones definitivas y urgentes que exigían la adopción de medidas legislativas destinadas a satisfacer los siguientes objetivos:

a) Extender el control federal a todas las etapas   de la generación y distribución de energía hidroeléctrica, más que al mero establecimiento de nuevas instalaciones, y,

b) Encontrar una fórmula legal para extender la jurisdicción federal a las plantas termoeléctricas, las cuales continuaban operando bajo concesiones y franquicias estatales y municipales.

Específicamente, en el Código Nacional Eléctrico se incluía una declaración de principios que gobernarían la industria. Se decía, entre otras cosas, que correspondería exclusivamente a la jurisdicción federal toda regulación y control de la generación de energía eléctrica con propósitos industriales y comerciales y que la industria eléctrica misma sería considerada como un SERVICIO PÚBLICO.

Las graves consecuencias de la Gran Depresión y los abusos en el cobro de la luz, crearon una ambiente cargado de animosidad, alimentado por el hecho de que las compañías eran propiedad de extranjeros, creándose un movimiento de resistencia de los consumidores, que se extendió por todo el territorio nacional. Culminando con el establecimiento a finales de 1932, de la CONFEDERACIÓNN NACIONAL DEFENSORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, organización nacional en la que los técnicos y los intelectuales –no orgánicos– reunieron fuerzas, por primera vez, con los pequeños consumidores industriales, comerciales y DOMÉSTICOS.

Las ligas de consumidores de México, se presentaban gallardamente como la avanzada del DESPERTAR HISTÓRICO DE UNA NACIÓN DÉBIL Y EXPLOTADA EN SU LUCHA CONTRA LOS PULPOS SEDIENTOS DE SANGRE: las empresas eléctricas propiedad de extranjeros.

A tal grado subieron de tono las protestas del pueblo, que el propio partido oficial del momento Partido Nacional Revolucionario (actual heredero PRI, en evidente decadencia) en los lineamientos para la política económica del gobierno para el período 1935-940, conocido como Plan Sexenal, incluía una sección sobre la industria de energía eléctrica en la que se declaraba que:

Por lo que hace a la generación de energía, cuyas ramas principales en el país son en la actualidad las industrias eléctrica e hidroeléctrica, por el interés social que representan para la economía nacional, aquella debe subordinarse en estos aspectos a las dos siguientes condiciones:

1- El suministro de energía eléctrica se hará a un precio de tal manera reducido, que las empresas de producción agrícola  e industrial funciones y se desenvuelvan POR  la energía eléctrica y no PARA  la industria eléctrica.

2- Que el sistema de distribución de dicha energía  se ramifique en nuestro territorio, de modo que desarrolle los núcleos regionales productores y haga posible la formación de nuevos centros industriales.

Enfatizando que las condiciones anteriores servirán de norma para el otorgamiento de concesiones sobre generación, transformación y distribución de la energía eléctrica, y para incorporar en la legislación de la materia las prescripciones que sean conducentes para para permitir al ESTADO el control y dirección de las actividades de LOS CONCESIONARIOS EN EL SENTIDO  DE LOS INTERESES GENERALES DE LA NACIÓN.

En ese tenor, el Presidente solicitó y obtuvo del Congreso de la Unión, las facultades necesarias para constituir la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el decreto que lo autorizó se publicó en el Diario Oficial, el 20 de enero de 1934. Y la Ley que creó la CFE, se publicó en el Diario Oficial, el 24 de agosto de 1937.  Entre otras acciones, la CFE empezó la organización de empresas eléctricas semioficiales, regionales y locales, para producir, transmitir y distribuir energía eléctrica a PRECIOS JUSTOS y a establecer cooperativas de consumidores de electricidad con vistas a efectuar los suministros en condiciones más favorables.

Cabe agregar que el primer presupuesto destinado a la CFE fue de tan sólo 50,000 pesos.

Como si se retrotrajese aquellos episodios de la vida nacional, las empresas extranjeras que, de siempre, operaban en México, habían podido hacerse de “amigos” e influir sobre algunas personas en el intrincado aparato gubernamental; empero, en 1938 ninguna persona de los círculos oficiales podía haber sido atraída por las empresas, pues corría el riesgo muy real de ser SEÑALADO COMO TRAIDOR A LA PATRIA. (Miguel S. Wionczek, “El Nacionalismo Mexicano y la inversión Extranjera”, Siglo XXI editores, México, 1967).

Ojalá, el presente trabajo, cale en la conciencia, en la ética y en la moral de las cúpulas partidistas, sobre todo del PRI, que fue hasta 1980, baluarte de las causas más sentidas de los hombres y mujeres más pobres de la ciudad y del campo.

Por lo demás, indudablemente, el pueblo, la población toda, los auténticos mexicanos, estamos firmes y en primera línea en la defensa no solamente de la CFE, sino de PEMEX, el LITIO, el AGUA y toda la riqueza de nuestra GRAN PATRIA y MATRIAS.

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