domingo, julio 21, 2024

Eduardo Fernández, Opinión

El verdadero problema: la sobre representación legislativa

Perfil humano.

La atención pública se ha focalizado sobre la reforma jurídica planteada por López Obrador para que se efectúe en el próximo mes de septiembre.

Al ser canceladas buena parte de sus iniciativas legislativas debido a su inconstitucionalidad el presidente presentó un plan B que era intentar modificar leyes.

También algunas de estas fueron rechazadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya que no respetaban las normas constitucionales.

Desesperado por salirse con la suya planteó la reforma judicial y la eliminación de algunos organismos autónomos.

Para ello presentó las iniciativas confiando en que su plan C podría sacarlas adelante al obtener su partido y anexos la mayoría calificada en el congreso federal.

Como Morena y aliados se llevaron carro casi completo en las pasadas elecciones del 2 de junio, ahora cacarean que podrán despedir a los actuales jueces, magistrados y ministros para poner a otros más afines a la 4T.

Cuando la SCJN estaba dirigida por Arturo Saldívar estaba tan encantado AMLO que promovió que prolongara su presidencia otros dos años más.

Los maloras de los ministros no apoyaron la reelección del fiel Arturito y nombraron a Norma Piña como nueva presidenta.

La favorita presidencial para suplir a Saldívar era la ministra acusada de plagiar sus tesis profesionales y ahora pide la renuncia de Piña.

El enojo del tabasqueño fue tal que de la noche a la mañana el otrora dócil poder judicial se convirtió en podrido y corrupto como lo señala continuamente en sus charlas mañaneras.

La ministra presidente Piña ha sido desde entonces víctima de calumnias y ataques mediáticos dirigidos por ya saben quién.

Arturito al verse desposeído del mando renunció en este año para que su jefe nombrara una sustituta más belicosa, Lenia Bartres, hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México.

Para ya no simular más Saldívar se incorporó a la campaña de Sheinbaum y ahora está orquestando su venganza junto con su líder moral de la 4T.

Resulta que al final de su sexenio AMLO descubrió que el poder judicial necesitaba renovarse a fondo y que sus jueces fueran elegidos no tanto por sus méritos y experiencia sino por votación popular.

No se preocupe que su elección pueda costar 3 mil 500 millones de pesos versus Monreal o 7 mil millones de pesos según la presidente electa pues de acuerdo al primero para eso están los sustraídos fideicomisos del poder judicial.

El hecho de que los actuales jueces hayan sido nombrados por exámenes y tengan una trayectoria profesional en los últimos 30 años no cuenta ya y deben ser removidos debido a la soberana voluntad presidencial.

Así que vaya haciendo su lista de funcionarios judiciales favoritos y no importa que no conozca sus méritos profesionales pues basta que tengan el visto bueno de quien manda a los legisladores.

Esta y otras aberraciones como eliminar sin más a organismos autónomos se podrían ahorrar si el partido oficial y anexos no alcanzara la mayoría calificada legislativa.

Un juez federal de distrito llamó la atención hacia el verdadero problema que es la condición actual del tribunal federal electoral, el cual en lugar de estar presidido por siete integrantes como lo señala la constitución solo cuenta con cinco.

La razón de ello es que la mayoría morenista y aliados no ha querido elegirlos debido a que tres de los cinco son afines a ellos y al parecer están dispuestos a concederles la sobre representación legislativa