18 mayo, 2022

El Devenir

Periodismo con compromiso social

Entre la violencia y la revocación de mandato

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Opinión.
  • Pareciera que el pasado regresa, incendian al estado
  • La ruta jurídica para enderezar el entuerto de los recursos para la consulta de la revocación del mandato de AMLO
  • El Consejo de la Judicatura, -de ahora- entre los que están algunos de los “oxigenados” del duartismo, ratificó a los jueces del “nuevo amanecer” corralista
  • Liz Aguilera, la “ombudswoman” duartista de la UACH

Camiones de transporte urbano, vehículos particulares, así como una  tienda y viviendas incendiados en Juárez, así como otras masacres, enfrentamientos y asaltos en distintos puntos del estado, nos transportaron a los años del 2009 al 2012, en los que el número de ejecutados diariamente rebasaba la cifra de 15 estatalmente.

No es el único incidente en el estado, ni en los días recientes, pareciera como si el tiempo se hubiese detenido, o como si los gobernantes fuesen los mismos, a pesar de que son distintos -aparentemente-, pero los modos y los operativos son muy similares.

Por sus resultados, hasta ahora, son idénticos.

Son descorazonantes, pasan los años y los resultados son muy semejantes y ante ellos la sociedad se hunde en la desesperanza y en los elevados índices, no solo de violencia, sino de impunidad.

Ciertamente estamos en el amanecer de la nueva administración estatal, la que afronta un agravamiento de la ola violenta desatada en el estado a lo largo del gobierno de Javier Corral en el que fueron constantes las cifras crecientes de los homicidios.

Ahora estamos frente a una nueva escalada, semejante a aquella en la que distintos tramos de las carreteras del noroeste y del sur de la entidad eran intransitables desde el oscurecer y en la que los homicidios llevaban a Chihuahua -otra vez- a ubicarse dentro de los 3 primeros lugares nacionales en esta estadística.

Nunca estará de más insistir en que en los últimos tres lustros ha estado Chihuahua en el grupo de los 10 estados más violentos del país, situación que por su cuantía, persistencia y ahora agravamiento debiera ser preocupación, también, de las administraciones federales, las que estaban obligadas a enfocar más sus baterías en combatir tal realidad.

Es probable que si lo hubiesen efectuado, las consecuencias afectarían al resto del país y no solamente en la disminución en el número de homicidios a nivel nacional (en esas entidades se cometen más del 60%), sino por los indudables puntos de contacto y relación de los grupos criminales, responsables en buena medida de los siniestros, y por la importancia estratégica de esas entidades en el trasiego de droga y del contrabando de armas y otros artículos.

Pero ni el gobierno panista de Felipe Calderón, ni el priista de Enrique Peña Nieto, ni el del morenista Andrés Manuel López Obrador, han tomado con la debida importancia asunto tan vital para combatir la violencia prevaleciente en el país.

Cada uno de ellos, con distintos grados y modos, insistieron en la misma estrategia para enfrentar esa violencia: El uso de las fuerzas armadas, con todas las consecuencias perniciosas sabidas por el mundo entero.

El colmo es el gobierno de la 4T, ahora tenemos a las fuerzas armadas volcadas en la seguridad pública, es la única policía federal y en muchos casos sustituyendo a todas las policías, pero sin convertirse en el organismo policíaco civil que necesitamos. No dejaremos de insistir en que el fracaso está asegurado si se insiste en esa estrategia.

Hoy lo estamos viviendo. Y no es una frase.

Atacar el problema globalmente implica, no solamente, como lo sostiene el presidente, el combate a la pobreza, el desempleo y los bajos salarios, sino también la ejecución de una estrategia general que contemple el seguimiento de las armas, del dinero, el de las remesas (de cuyo aumento tanto se vanagloria el gobierno federal), el de la salida de capitales; la investigación permanente de las empresas fantasmas -el caso Aras es paradigmático de lo que no se hace en este sentido- y el combate a la corrupción aduanal, policial y judicial, entre otras medidas.

Y parte fundamental son las operaciones de inteligencia para conocer la estructura, funcionamiento, integración (incluidos los miembros ya presos), fuentes de financiamiento, especialidades delictivas, redes sociales, vinculación a mandos policiales y judiciales de los grupos criminales.

Para que tengan éxito éstas deberán compartirse las informaciones de las distintas corporaciones, aspecto en el que, si lo hacen, se constituirá en la mejor manera de saber que efectivamente existe la cooperación institucional.

Por mientras, y para afrontar lo más inmediato, deberemos esperar los resultados de la operación puesta en marcha en Juárez apenas el viernes, luego de la jornada incendiaria, en la que según distintas fuentes consistirá en varias acciones, la mayor parte de ellas no dadas a conocer por las autoridades, a fin de no develarle “a los generadores de violencia” el modo en que los combatirán.

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La confrontación entre el presidente López Obrador y el INE adquirió  nuevos ribetes a causa de los recursos económicos necesarios para efectuar la consulta popular de la revocación del mandato del presidente.

Un brillante artículo del constitucionalista Elisur Arteaga (“Una oportuna y rápida solución a un diferendo electoral”, Proceso No. 2358, 9/I/22) coloca el asunto en sus justos términos, es decir, en el marco de la legalidad existente, que es, por puritita casualidad, en el lugar en el que debieran actuar tanto uno como los otros.

Arteaga plantea que:

  1. La autoridad, única, para resolver los diferendos electorales, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF);
  2. El INE no tiene facultades para posponer o suspender la realización de la consulta de revocación del mandato;
  3. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular las dos ministras de ésta, invadieron la competencia del TEPJF;
  4. Es improcedente la controversia constitucional planteada por el presidente de la Cámara de Diputados (diputado de Morena) a la que, indebidamente, las ministras de la Corte (propuestas por el presidente López Obrador) dieron entrada pues en aplicación del Artículo 99 constitucional, la Corte quedó excluida de conocer de resoluciones y actos que dicte o realice el Instituto Nacional Electoral;
  5. El Tribunal Electoral, en ejercicio de las funciones que tiene conferidas en forma privativa, dispuso que el presidente de la República está obligado a gestionar y proporcionar los fondos que se requieran para llevar a cabo la consulta “y, finalmente, le quitó pretextos para recurrir al plan B que había anunciado: organizar él mismo y a su manera la consulta”.
  6. Lo resuelto por el Tribunal Electoral, por mandamiento constitucional, es inatacable. Nadie, incluyendo a la Suprema Corte, puede revisarlo.
  7. Es improcedente la controversia constitucional tratándose de cuestiones electorales (Fracción I del Artículo 105 constitucional) y que, por lo mismo, le niega competencia a la Corte para conocer de esa materia.
  8. El presidente de la República y el secretario de Hacienda y Crédito Público están obligados a gestionar y señalar la partida adicional que le sea solicitada para llevar a cabo la consulta. “Por estar de por medio una resolución firme e inatacable, no podrán salir con la puntada de que los consejeros del INE hagan ajustes a su presupuesto y distraigan recursos destinados a otros fines”.
  9. La partida presupuestal adicional deberá ser solicitada por el presidente de la República al Congreso de la Unión, con vista a lo dispuesto por el artículo 126 constitucional. La Cámara de Diputados, que aprobó el presupuesto en su totalidad, carece de facultades para alterarlo. Se debe hacer por medio de una ley.

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Por supuesto que no es nueva la situación que hoy priva en el Poder Judicial del Estado, al contrario, es lo normal. La injerencia del Poder Ejecutivo es parte de nuestra “herencia institucional”, por ello no es entendible que hayan ratificado a los jueces del “cochinero judicial” del ex gobernador Corral, nombrados en un proceso que está bajo proceso, incluido el juez Samuel Uriel Mendoza, que en la semana declaró a la prensa haber recibido presiones del ex gobernador Javier Corral para vincular a proceso a la hoy gobernadora Maru Campos.

¿Cómo podría explicarse, a la luz del Derecho, que este juez no haya sido suspendido provisionalmente e iniciar, de inmediato, una investigación sobre sus dichos, así como sobre las presiones de Corral, actos, todos ellos, ilegales y que, de ser comprobados, merecieran diversas sanciones?

Tal medida, la de ratificarlo en su cargo, así como el nombramiento de Liz Aguilera, como nueva defensora de los derechos humanos de los universitarios, en la Uach, sólo hacen despertar la suspicacia.

¿Cómo podría creerse que la principal soldadora de los actos irregulares de la administración de Cesar Duarte pueda ser, hoy, la defensora de los derechos humanos de los universitarios?

No, po’s no!

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)

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