jueves, junio 20, 2024

Francisco Flores Legarda, Opinión

Impunidad en los Tribunales Agrarios 

“Ausencia de ley, sentencia de fe” 

Hace un par de semanas se publicó artículo de mi autoría con el titulo: “Corrupción en los Tribunales”, refiriéndome en especifico al Tribunal Unitario Agrario del Quinto Distrito, cuyo titular es el magistrado Rafael Gómez Medina, y lejos de atender los reclamos de los campesinos, funcionarios públicos del propio tribunal, asi como abogados que asisten a los justiciables, tomó la actitud de maltratar a los antes señalados. Con una actitud prepotente, manifestándole a los funcionarios que se reservan sus nombres; “Nadie me removerá de mi puesto, tengo el poder, relaciones y apoyo de los Magistrados del Tribunal Superior Agrario.” 

No solo está actuando como un desconocedor del derecho agrario, también está suspendiendo audiencias en donde se atenderán los conflictos, desahogo de pruebas y en su momento emitir las resoluciones correspondientes. Esta situación genera incertidumbre jurídica a los justiciables, al depender de cual será el estado de animo del magistrado. Aun peor y más grave, ordena a que abogados atender y a cuales no, con clara consigna, ademas de que los campesinos hacen gastos para acudir a las audiencias, para encontrarse con acuerdos de diferimiento sin motivo alguno. Tan bien se esta presentando por ordenes del magistrado no prestar ciertos expedientes para que los que acuden a Tribunal no se enteren de los acuerdos, o implemente no los vean. 

El actuar del magistrado Rafael Gómez Medina, impacta de manera directa sobre la vigencia de los derechos humanos especialmente por dos vías; Ignorancia que tambien es corrupción, y la falta de respeto a la sociedad al no atender su encargo de impartir justicia. 

Por otro lado, la actitud de magistrado Gómez Medina fomenta la corrupción, tiene consecuencias nefastas y directas sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado, en general, y, en particular, sobre la administración de justicia. Reduce la confianza pública en la justicia y debilita la capacidad de los sistemas judiciales de garantizar la protección de los derechos humanos y afecta las labores e independencia de jueces, fiscales, abogados y otros profesionales del ámbito jurídico. 

Al buscar la impunidad, la corrupción tiene un efecto devastador sobre el sistema judicial en su conjunto. Es una causa de los derechos humanos enfrentar la corrupción y su penetración en la administración de justicia. También lo es que se actúe contra la corrupción desde la administración de justicia. En esto, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es un instrumento fundamental para la protección de los derechos humanos, al cual ante la actitud reprobable se puede llegar a esas instancias, si el Presidente de la República y la Cámara de Senadores no intervienen, pues son ellos los responsables de las designaciones de magistradas y magistrados agrarios. 

La corrupción debilita medularmente la administración de la justicia ya que genera un impedimento sustancial al ejercicio del derecho de las personas a un juicio imparcial y menoscaba gravemente la confianza de la población en la judicatura. 

Cabe destacar que el magistrado tiene decenas de quejas en los Estados de Jalisco, Morelos, Oaxaca y Chihuahua, sin que suceda nada, es decir, los magistrados del Tribunal Superior Agrario solo lo mueve de Tribunales Unitarios, es de decir este Tribunal Superior es complice del actuar de magistrado Gómez Molina, información que basta buscarla en diversos medios de comunicación. Me pregunto; ¿A quien recurrir? 

La corrupción tiene varias caras, el claro desacato a la Constitución y normas reglamentarias es sólo una de ellas, la otra es la de la corrupción política, muchas veces más peligrosa e imprecisa. Su amplio rango de acción le permite influir no sólo en el sistema judicial sino prácticamente en todos los estratos de la administración del Estado.  

Las normas internas en los diferentes estados y varios instrumentos internacionales relevantes establecen distintos rangos de obligaciones para enfrentar la corrupción. Pero así como los sistemas judiciales están en la línea de mira de la corrupción y del crimen organizado, las sociedades tienen precisamente en los sistemas judiciales su principal instrumento de prevención y de combate a la corrupción. 

El artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, tratado internacional fundamental- hace hincapié en el papel decisivo del poder judicial en la lucha contra la corrupción y establece  que, para desempeñarlo eficazmente, el propio poder judicial deberá estar libre de corrupción y sus miembros deberán actuar con integridad. En la Convención se han regulado y normado lineamientos sustantivos fundamentales en materia de organización interna para prevenir y enfrentar la corrupción. El magistrado ha desatendido esta Convención. 

En 2016, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito puso en marcha un programa mundial de promoción de una cultura de la legalidad, que incluye la creación de una red mundial de integridad judicial para intercambiar buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los retos prioritarios y las nuevas cuestiones relativas a la integridad judicial y la prevención de la corrupción, la cual cuando menos el magistrado Rafael Gómez Medina debe leer. 

Magistrado: “Cada uno de nosotros se encuentra hoy en día exactamente donde le corresponde por derecho de conciencia”. Algunas personas se rebajan ante esta afirmación, se encogen, aducen razones y pruebas ilusorias para demostrar que sus sufrimientos son culpa de otros, o por lo menos no es su culpa. Esas personas  son los incurables que hay en todo el mundo. Nunca podrá moverse de su actual confusion mientras se adhiera a esta falsa creencia, pues es regla fundamental que todo hombre es el hacedor de su cielo o de su infierno. 

Salud y larga vida. 

Profesor por Oposición de la Faculta de Derecho de la UACH. 

@profesorf