domingo, junio 23, 2024

Luis Javier Valero, Opinión

Jáuregui en la fiscalía

En el curso de un recrudecimiento de la sostenida ola homicida presente en la entidad, luego de una importante disminución en el número total de homicidios ocurrido entre pasada la mitad del 2012 y hasta mediados del 2015, que dio paso a la actual, si bien menor a la del período 2008-2011, y que iniciara al final del 2015, se recrudeciera en 2016 con la llegada de Javier Corral al gobierno y que en la actualidad se mantiene en una meseta muy alta, particularmente en Juárez -aunque no solamente-, el actual grupo gobernante decidió echar toda la carne al asador al nombrar a César Jáuregui Moreno como nuevo fiscal del estado. 

Pocas veces -por lo menos en el último cuarto de siglo- el grupo gobernante en turno en Chihuahua, había decidido colocar en ese lugar a uno de sus principales operadores (algunos podríamos sostener que ha sido, hasta ahora, el más importante para la gobernadora Maru Campos), con lo que, sin duda, ha mandado un triple mensaje a los chihuahuenses: 

Uno, que la inseguridad es el principal problema a considerar por ellos; dos, que es de tal grado que debieron echar mano de Jáuregui y, tres, lo más preocupante, que no cuentan con algún otro cuadro con las características necesarias para enfrentar desde la fiscalía lo que hoy sufrimos en Chihuahua. 

Más aún, que en sentido contrario a lo propugnado por la oposición previa a la 4T, el nuevo fiscal de Chihuahua no posee característica alguna de aquellas pretensiones, la de otorgarle a las fiscalías el carácter de autónomas, para alejarlas de las filias y fobias de quienes ocuparan la titularidad del poder ejecutivo, en el ámbito federal y el estatal. 

Generadora de una cierta dosis de esperanza, basada en que, precisamente por las credenciales políticas de quien tiene en su haber el manejo de la conflictividad más importante en Juárez, Chihuahua y Delicias, desde las secretarías de los ayuntamientos en las que se desempeñó, además de su extenso currículum estrictamente político, habrá que esperar un lapso razonable para evaluar su trabajo. 

Va en sentido contrario a esa evaluación la designación del ex fiscal general del estado, Carlos Manuel Salas, como fiscal de la zona norte, que tiene como cabecera la urbe lideresa en homicidas en la entidad.  

Es una mala decisión, no sólo porque hubiese ocupado esa posición en el gobierno de César Duarte, sino porque su gestión no fue lo exitosa que ahora muchos pregonan y en muchos casos fue desastrosa. 

Queda la percepción societaria que la ola homicida pasada disminuyó, o desapareció, a causa de varias causas, la principal, quizá, el agotamiento humano de las dos principales bandas criminales que se enfrentaron en Chihuahua a lo largo de esos años, los cárteles de Juárez y Sinaloa. 

Aunque necesariamente deben evaluarse de manera conjunta, la seguridad pública y la procuración de justicia, y porque la primera va íntimamente ligada a los niveles de eficiencia en la segunda, sí es necesario evaluar esta última por separado. 

Y se hace midiendo los niveles de impunidad prevalecientes y hoy, igual que en el 2010, los niveles son prácticamente los mismos, rondan el 92%; es decir, que de cada 100 delitos denunciados, sólo se investigan 95. 

Esos son los parámetros que deberán medirse para evaluar adecuadamente, no sólo al nuevo fiscal, sino al gobierno de Chihuahua, encabezado por Maru Campos, a quien la presidente de la Mesa Directiva del Congreso, la morenista, Adriana Terrazas, catalogó de persona “persona con mucho conocimiento del estado, y su presencia en la función pública garantiza mano dura”. 

La gestión de Salas estuvo marcada por varios escándalos, además del emblemático asesinato de la activista Marisela Escobedo. Con Salas al frente, la fiscalía presentó a dos homicidas de la activista. 

Sin siquiera decir que se habían equivocado, primero presentaron al “Wicked” como el asesino de Marisela y luego, ante el descrédito de tan irracional aseveración, ubicaron al “Payaso” como el verdadero homicida. 

“El asesino de mi madre es Andy Alonso Barraza Bocanegra, no José Enrique Jiménez Zavala, El Wicked, como se afana en hacer creer el gobernador de Chihuahua, César Duarte. Hace siete meses les entregamos fotografías y el nombre del verdadero homicida a la Fiscalía chihuahuense y a la Procuraduría General de la República (PGR). No sé por qué fabricaron un asesino”, declaró el hijo de Marisela, Juan Fraire Escobedo. (Nota de Patricia Dávila, Proceso, 21 de octubre de 2012). 

“Con la detención de José Enrique Jiménez Zavala alias “El Wicked”, presuntamente perteneciente al grupo delictivo la Línea, realizada el pasado jueves en la colonia Haciendas del Valle en la ciudad de Chihuahua , la Fiscalía del Estado señala un segundo autor material de los hechos ocurridos el 16 diciembre de 2010”. (CEDEHM, 8 de octubre de 2012). 

Incapaz de asimilar que no se aceptaran sin más sus determinaciones, y ante el rotundo rechazo de los familiares de Marisela a su resolución sobre el caso, en el que el hermano de Marisela siempre sostuvo que ni el Wicked, ni José Rodríguez Flores, “El Payaso”, eran los asesinos, sino el hermano de Sergio Barraza, Andy, Salas llegó a declarar que tanto la entonces activista Lucha Castro y el hijo de Marisela “sin ninguna base técnica y científica”, están “abogando por el presunto asesino de su madre Marisela Escobedo. Bueno, que se incorporen a la defensa de estos asesinos y que lo prueben en el modelo procesal”. 

En estas frases se encuentra otro de los argumentos para deplorar su nombramiento. Al Wicked lo presentó la fiscalía como “confeso”, cuando esa calificación había sido desechada como la evidencia principal, fruto de la reforma penal que ya estaba en curso en Chihuahua. 

Tan dio tumbos la fiscalía bajo Salas que luego patrocinaron al Wicked para que impartiera charlas a los jóvenes de Bachilleres, a fin de desalentarlos, supuestamente, de subirse a la senda criminal. 

Removido del cargo, Salas fue denunciado por los delitos de denegación y retardo de la justicia y prevaricación en el caso de Marisela Escobedo. 

Si hubiese que buscar algún antecedente de los motivos que llevaron a Jáuregui a nombrar a Salas, éste se remonta al 2013 cuando el ahora fiscal de Chihuahua y entonces líder del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, afirmó, ante la designación del sucesor de aquel y sustentar el porqué votaron a favor de Jorge González Nicolás como nuevo fiscal, que “Si decimos que Carlos Salas estaba en la dirección correcta, fue sin duda también el trabajo de González Nicolás, que antes de ocupar el cargo al que se le somete hoy, ocupaba la Fiscalía en Juárez”. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario, 8 de octubre de 2013). 

Chihuahua emergía de la terrible guerra de los bandos criminales, luego de estremecedores episodios de una apabullante ineficacia y abusos de poder de la totalidad de los agrupamientos dedicados a la seguridad pública, particularmente en Juárez, lo que llevó a esta ciudad y a Chihuahua a colocarse, por momentos, en los dos primeros lugares mundiales en el número de homicidios. 

Hay otro aspecto que en el pasado era ambicionado por las fuerzas democráticas existentes en la oposición, que es el de necesaria lejanía del procurador de justicia respecto del titular del Poder Ejecutivo, es decir, el de la autonomía de la fiscalía. 

Largamente argumentado tan sano propósito, hoy vive uno de sus peores momentos pues, por una parte la principal fuerza de la oposición -el PAN- no tiene la menor intención en hacerlo realidad en donde gobierna, y el partido que llegó respaldado por la mayor movilización ciudadana de la post revolución, va exactamente en el sentido contrario, el Fiscal General de la República es todo, menos autónomo. 

El colmo lo fue la postura presentada por el Grupo Parlamentario de Morena en la sesión en la que se nombró a Jáuregui. ¡Su argumento central fue que debía existir la necesaria distancia entre la gobernadora y el nuevo fiscal! 

Que no debieran ser del mismo grupo político, que no fueran cercanos, políticamente, la gobernadora y el nuevo fiscal. 

Ojalá hicieran extensiva esa postura al gobierno de la república. Tanto el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, como el fiscal de delitos electorales, Jose Agustín Ortiz Pinchetti, son de los funcionarios más cercanos al presidente López Obrador. 

¡Aciagos tiempos los que vivimos! 

Mientras que el impulso democrático de los mexicanos impulsó a la presidencia a un hombre en quien se depositaron los anhelos de democracia y justicia, reclamados por las fuerzas democráticas y de la izquierda democrática, la oposición, en lo que pareciera el juego de los espejos, hace exactamente lo que le reclama que no realiza quienes dirigen en la federación. 

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022