miércoles, julio 24, 2024

Eduardo Fernández, Opinión

La arremetida presidencial en contra de la SCJN

Perfil humano.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha rechazado algunas leyes propuestas por el ejecutivo federal por considerarlas como anticonstitucionales. 

Las últimas resoluciones de la Corte han sido sobre el primer paquete del Plan B y de que las obras de infraestructura federal sean catalogadas como de seguridad nacional. 

López Obrador emitió otro decreto presidencial para seguir considerando como de seguridad nacional el Tren Maya y el proyecto del Istmo de Tehuantepec. 

El mandatario continúa descalificando a la SCJN y los diputados de Morena amenazaron con llevar a cabo los cambios necesarios para que los ministros sean electos por votación popular. 

Aunque no es novedosa esta intención, la justificación no deja de ser dudosa ya que parece más una venganza por haber fallado en contra de las iniciativas presidenciales. 

Lo que sí es nuevo es el encono del ejecutivo en contra de la SCJN, algo que no había ocurrido en los últimos gobiernos federales. 

Tal vez esta animadversión de AMLO venga desde que fue jefe de gobierno del Distrito Federal y fue acusado de desacato por un juez por no haber cumplido con una sentencia judicial. 

El caso fue tratado en el congreso federal donde la mayoría de los legisladores lo desaforaron, aunque a fin de cuentas no se le procesó por estar en vísperas de la elección presidencial. 

López Obrador contendió así en el 2006 como candidato perredista y perdió ante el candidato panista Calderón por unas décimas de punto, por lo que también desde entonces le tiene una fuerte aversión al máximo organismo electoral del país. 

La campaña en contra de la SCJN comandada desde la presidencia se ha enfocado sobre todo en su presidenta, la ministra Norma Piña, la cual ha sido objeto de inusitados ataques en la prensa. 

El mandatario en las mañaneras no deja de criticar al poder judicial al que no baja de corrupto, aunque no lo demuestre con pruebas tangibles. 

Tal postura en lugar de fortalecer al estado de derecho lo debilita pues para bien o mal el poder judicial es el encargado de hacer cumplir las leyes que rigen a nuestra nación. 

La división de poderes existe en México desde que se convirtió en república después del fallido intento de Iturbide de ser emperador. 

Desde entonces el gobierno del país está a cargo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tanto en lo nacional como estatal. 

Deslegitimar a uno de ellos mengua desde luego la gobernabilidad por lo que las acciones presidenciales además de injustificadas ponen en riesgo la paridad que deben tener los poderes. 

En la resolución de la Corte sobre la primera parte del Plan B votaron por considerarla ilegal nueve ministros y solo dos lo hicieron a favor, las damas que fueron propuestas para ese cargo por López Obrador. 

Incluso quien era afín al jefe del ejecutivo cuando presidió la Corte, Arturo Saldívar, votó en contra de la iniciativa debido a que la consideró resultado de un proceso anticonstitucional. 

Ahora los diputados federales morenistas pretenden cambiar la constitución política para que los ministros sean electos por votación ciudadana, para lo cual proponen una consulta popular. 

Parece ser que ni siquiera la consulta popular es factible pues no cumple con los requisitos legales, pero como actúan los legisladores oficialistas de seguro seguirán adelante con la intención de quedar bien con los deseos presidenciales. 

Si el mandatario es tan juarista como lo expone públicamente debería respetar y acatar lo establecido en nuestras leyes, a lo cual se comprometió cuando juró como presidente de la república mexicana.