sábado, julio 02, 2022

Carlos Jaramillo Vela, Opinión

La Columna de Jaramillo

2022: ¿un año más de diatriba en México?; Rosario Robles: otra víctima de la politización de la justicia.

Culminó por fin el año 2021, y las reyertas políticas no cesan. Alimentado desde el Poder Ejecutivo Federal, encarnado en la persona del presidente Andrés Manuel López Obrador, el ambiente de tensión política y social continuó siendo uno de los problemas que marcaron la vida pública de México durante el año 2021. Desde el arribo al poder, en diciembre de 2018, el presidente López Obrador no ha cesado de expresar sus posturas de rechazo y confrontación hacia instituciones gubernamentales, partidos políticos, sectores de la sociedad y personas, con las que el mandatario difiere. Las manifestaciones del presidente han sido por lo general controversiales, pues casi siempre han llevado implícito un claro sentido de agresividad, provocación y discordia. El talante y las formas adoptados por la figura presidencial al asumir tales posturas, no sólo ha ido a contrapelo de los aconsejables protocolos de la diplomacia y la política, sino que también ha transgredido las restricciones que la Constitución y las leyes del país imponen al Poder Ejecutivo.

A la mitad del sexenio, resultan evidentes las razones ideológicas y electorales en las que se funda  la actuación del presidente; por ello, es difícil esperar un cambio en el comportamiento y la actitud que han venido caracterizando tanto al desempeño personal de Andrés Manuel López Obrador, como a las acciones institucionales inherentes a su gobierno. La posición asumida por el presidente ha   originado la polarización que hoy vive México. La enfática e intencionada distinción entre pobres y ricos, liberales y conservadores, honestos y corruptos, demócratas y antidemocráticos, conformistas felices y aspiracionistas criticables, buenos y malos, etc., constituye el elemento central de un discurso presidencial, que a fuerza de ser pronunciado reiteradamente durante los últimos tres años, ha sido  la causa del marcado divisionismo que en el actual sexenio se ha acentuado en México. Es decir, pareciera que la frase “divide y vencerás” es el principio fundamental de la política del gobierno en turno. Aunque el presidente de la república, y su partido político, se promocionan como “la esperanza de México”, irónicamente parece ser que no toman en cuenta que la esperanza de muchos mexicanos es que cese la diatriba en México.

Finalmente, el juez que conoce de la causa penal seguida en contra de Rosario Robles Berlanga, negó a ésta la solicitud para enfrentar el juicio en libertad. Robles, quien fuera titular de dos secretarías durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ha permanecido indebidamente encerrada en prisión desde hace más de dos años, al hallarse acusada de uso indebido del servicio público, delito no grave cuyo juicio no amerita que la imputada enfrente el proceso bajo prisión. En los tres primeros años de su administración, el presidente López Obrador ha encabezado una férrea persecución contra ex funcionarios del gobierno de su antecesor; Emilio Lozoya y Rosario Robles son los ejemplos más claros de ello. No solo es correcto, sino también deseable, que el estado investigue y castigue la comisión de delitos, aplicando la ley a quien la viole; sin embargo, en los procesos judiciales que el gobierno de López Obrador ha promovido en la búsqueda de tal objetivo, se han presentado irregularidades que evidencian la parcialidad con la que actúan los juzgadores para favorecer al ministerio público –gobierno en turno-. Una muestra de tan ilícita actuación es el injusto sometimiento a prisión, de Rosario Robles, quien tiene derecho a enfrentar en libertad su proceso, hasta que se dicte la sentencia respectiva.

Casos idénticos al atropello cometido contra Rosario Robles durante el actual mandato del presidente López Obrador, son los que sucedieron en Chihuahua mientras el gobernador Javier Corral Jurado estuvo en el ejercicio del cargo. Aquí, a nivel local, también hubo una implacable persecución política, basada en argumentos jurídicos, igual como hoy ocurre en el ámbito federal. Los ilegales encarcelamientos a los que durante años estuvieron sometidos Marcelo González Tachiquín, Antonio Tarín y Jesús Esparza, son evidencias de esto. Ni los jueces en Chihuahua, durante el mandato del gobernador Corral, ni los juzgadores federales, en la administración del Presidente López Obrador, tuvieron el valor para actuar con absoluto apego a la razón, la justicia y el derecho. Esto, por temor a consecuencias políticas; es decir, al riesgo de perder el empleo. Desgraciadamente el caso Rosario Robles confirma una vez más la perniciosa politización de la justicia, que México padece.