27 octubre, 2021

El Devenir

Periodismo con compromiso social

La Columna de Jaramillo

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Opinión.

Tala clandestina e incendios forestales, otras calamidades para Chihuahua.

El presidente López Obrador continúa operando las campañas de MORENA.

Los incendios forestales constituyen un problema que se da de manera natural en las zonas boscosas, sin embargo, en ocasiones su origen también puede deberse al factor humano, ya sea de manera accidental o intencional. Por desventura, en la Sierra Madre Occidental, del estado de Chihuahua, los incendios forestales registrados en el presente año 2021 ya superan, hasta el mes de abril, a la superficie siniestrada por ese mismo motivo durante el año 2020. Lo más preocupante de tal situación es el hecho de que una buena parte de los siniestros ocurridos en el actual año son de origen intencional, ocasionados por los grupos de talabosques clandestinos, quienes una vez que derriban los árboles retiran de éstos las ramas no utilizables y las queman, tratando de borrar las evidencias. Esto ocasiona que las brasas y el fuego se propaguen con el viento, incendiando amplias extensiones de bosque.

Ante la insuficiencia de recursos financieros, técnicos, logísticos y humanos, por parte de los gobiernos Federal y Estatal, es evidente que el combate de la tala clandestina y los incendios forestales difícilmente será atendido con éxito. A lo anterior se suma la ingobernabilidad que hoy sufre el país frente a la delincuencia organizada, ya que las autoridades gubernamentales prácticamente han perdido el control en grandes espacios del territorio nacional, entre los que figura, por supuesto, la Sierra Tarahumara. Así, la tala clandestina y los incendios forestales son hoy otra de las calamidades que afectan a Chihuahua.

Uno de los temas más comentados durante los recientes días fue el retiro de la candidatura al gobierno del estado de Guerrero, que el Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó como sanción al candidato morenista, Félix Salgado Macedonio, por su incumplimiento a la obligación legal de reportar sus gastos de precampaña. Dicha sanción fue ratificada por el INE luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se abstuviera de resolver la impugnación correspondiente, y le enviara de nuevo a este instituto el expediente respectivo, para que reconsiderara la sanción impuesta en dicho asunto.

En congruencia con la decisión que desde el principio había tomado, el INE ratificó la anulación de la candidatura de Salgado, por su inobservancia de la ley. La diferencia en esta ocasión fue el número de consejeros que respaldó la decisión. Mientras en la primera ocasión la votación fue de siete a favor del retiro de la candidatura y cuatro en contra de ello, en esta segunda votación seis de los siete consejeros que desde el comienzo habían resuelto sancionar a Salgado, se mantuvieron firmes en su postura, y solo uno cambió el sentido de su voto. La votación final fue de seis contra cinco.

Algunos medios de comunicación con cobertura nacional no tardaron en informar que aunque la decisión del INE resultó confirmada por dicho órgano, la nueva composición numérica de la votación fue producto de la fuerte presión hecha por Palacio Nacional sobre algunos de los siete consejeros electorales que inicialmente habían decidido sancionar a Salgado Macedonio. Dicha presión, comentaron los medios, tenía por objeto lograr que varios consejeros cambiaran el sentido de su voto, para restituir a Salgado la candidatura. Además, durante los días previos a la revisión efectuada por el INE respecto al caso Salgado Macedonio, éste, en compañía de Mario Delgado, presidente de MORENA, y un grupo de morenistas, se plantaron afuera de las instalaciones del INE, pronunciando impropias e irrespetuosas amenazas contra el INE, así como contra Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del citado instituto, y otros consejeros ciudadanos.

Al conocer el resultado de la deliberación efectuada por el INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador traspasó los límites que la ley, su investidura y el sentido común le imponen, pues de manera incorrecta e irresponsable descalificó la decisión tomada por los consejeros ciudadanos del organismo electoral, afirmando que ésta constituye un atentado contra la democracia. Y fue aún más allá, pues en modo claro, y con la ligereza que suele caracterizarle cuando emite algunos de sus amenazantes comentarios, dejó entrever la posibilidad de desconocer los resultados que no le favorezcan –a él y a su partido- en el actual proceso electoral, así como su disposición para instigar una revuelta popular contra el INE. Al tomar posesión del cargo, en diciembre de 2018, el presidente López Obrador, juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes del país, así como actuar en todo momento a favor del interés superior de la nación. No obstante ello, mediante su actuación, en varias ocasiones el mandatario ha demostrado lo contrario, desdeñando la supremacía de la ley cada vez que sus intereses personales -de MORENA- se ven afectados. Pese al deber legal que lo constriñe a mantenerse al margen del proceso electoral, así como a acatar la ley y respetar a las instituciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador es hoy el principal operador

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