miércoles, abril 17, 2024

Carlos Jaramillo Vela, Opinión

La Columna de Jaramillo

Barcelona 6, Pumas 0: verdadera estadística del futbol mexicano. Chihuahua capital: una ciudad no competitiva en materia vial. Otra controversial postura de AMLO, ahora por la Guardia Nacional.

La dolorosa derrota sufrida recientemente por los Pumas de la UNAM de México, en el partido amistoso que jugaron contra el Barcelona de España, constituye una realidad innegable del abismo que separa el nivel futbolístico de las ligas de ambos países. Incluso, con los Pumas jugó el internacional astro brasileño y ex-jugador barcelonés, Dani Alves, quien recientemente ingresó a las filas felinas. En los primeros 20 minutos de juego éste ya estaba prácticamente decidido, pues en ese corto periodo de tiempo los de España anotaron 4 de los 6 goles con los que terminó el encuentro. La contundencia ofensiva del Barcelona y el avasallador resultado son la mejor estadística para revelar la considerable distancia que separa de Europa al futbol mexicano.

La capital del Estado de Chihuahua padece desde hace años una notable falta de coordinación o sincronía en el sistema de semáforos de sus calles y avenidas. Además, es muy corta la duración del tiempo que permanece encendida la luz verde para el cruce de los automóviles. Todo esto afecta de modo sensible la calidad del tránsito vial, y en este aspecto la calidad de vida de las personas, pues provoca demoras innecesarias en los trayectos de un lugar a otro, así como mayor consumo de combustible, e incluso es causa de accidentes. Las administraciones estatales no han podido o no han querido resolver este añejo problema, no obstante el conocimiento que tienen del mismo, y a pesar de contar con el Departamento de Ingeniería Vial, dependiente de la Dirección de Tránsito. Aunado a lo anterior, la ciudad padece el serio deterioro y la mala calidad del pavimento de sus calles, lo que viene a ser la puntilla que agrava aún más el viacrucis que sufrimos los chihuahuenses. Chihuahua es, sin duda, una ciudad capital que no resulta competitiva ni atractiva por lo que concierne a las condiciones en que se hallan sus vialidades.

Una vez más y generando serias dudas sobre la razón de su actuación, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha colocado en el ojo del huracán, al anunciar la emisión de un decreto para transferir al ejército la conducción y administración la Guardia Nacional. Las reacciones adversas de académicos, periodistas, analistas políticos y legisladores de oposición afloraron de inmediato, pues no es facultad del titular del poder ejecutivo modificar el régimen jurídico-institucional del mencionado cuerpo de gendarmería, ya que dicha tarea es atribución del poder legislativo. Como es ya una costumbre en él, el mandatario mexicano ha asumido una abierta intromisión en el ámbito de competencias ajenas a su función y que constitucionalmente no le están permitidas, pues son las legisladoras y los legisladores a quienes compete definir legalmente el destino de la Guardia Nacional, en virtud de las facultades otorgadas por la Constitución al Poder Legislativo.

Así, en los dichos y en los hechos el presidente López Obrador ha transgredido de nuevo el principio político-constitucional de la división de poderes, que implica la autonomía e independencia que debe existir entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como el respeto recíproco de las facultades de cada uno de éstos. Como resultado de las críticas, el mandatario ha aclarado que someterá la controversia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que sea el órgano jurisdiccional quien determine si es o no constitucional el decreto presidencial anunciado para poner a la Guardia Nacional bajo el mando del Ejército. Es previsible que en este asunto la SCJN no resuelva antes del término del actual sexenio o, en caso de hacerlo con prontitud, emita un pronunciamiento a favor del mandatario, como ya lo ha hecho en el caso de la polémica construcción del Tren Maya. De actuar así la Corte, se estaría convalidando una vez más la actuación presidencial al margen de la Constitución.