viernes, abril 12, 2024

Carlos Jaramillo Vela, Opinión

La Columna de Jaramillo

El pago de intereses por Hacienda, otro mal presagio.. Murió Isabel de Inglaterra, reina de la prudencia, el porte y la personalidad. La Guardia Nacional en manos del Ejército.

El enorme monto que pedirá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de intereses de la deuda pública de México en el año 2023 es otro indicativo del deficiente manejo económico del actual gobierno. Un billón y 79 mil millones de pesos es el importe solicitado por Hacienda para satisfacer los réditos de la deuda, lo cual revela el comprometido entorno financiero en el que hoy se halla el erario nacional. Malos, sin duda, los presagios que arroja una cifra de tales dimensiones. Es momento de recordar las sugerencias de quienes, como el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, han advertido al presidente López Obrador sobre del errático manejo de su gobierno respecto a las finanzas del país.

Ha muerto Isabel II de Inglaterra, una reina que, además de longeva en su vida y reinado, marcó con su ejemplo una época memorable en la que quizá lo más trascendente sea la dignidad con la cual supo representar a su país en el concierto internacional. Isabel II fue una mujer que durante 70 años de monarquía siempre llevó su investidura con un porte sobrio, prudente y señorial, verdaderamente acorde a su majestad. Hoy la ha sucedido en el trono su hijo, el nuevo Rey de Inglaterra Carlos III, quien tiene la responsabilidad de conservar el decoro con el cual su extinta madre representó a su patria dentro y fuera de la misma. Dice un dicho muy conocido: ¡Ha muerto el Rey, Viva el Rey! En este caso, ha muerto la Reina, y vive un nuevo Rey, pero pervivirá por siempre el recuerdo de la Reina Isabel.

Finalmente el Senado de la República aprobó el traspaso del Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual ha ocurrido en medio de una sonada controversia, pues una vez más el presidente López Obrador demostró su disposición a ultranza para transgredir cualquier límite cuando lo que está en juego es su afán personal. La Guardia Nacional fue creada y aprobada por el poder legislativo como una institución civil, de manera que su traslado y militarización al pasar a subordinarse al ejército ha sido claramente una contravención legal, es decir, un acto contrario a la ley. No obstante ello, el presidente estaba urgido de clocar “formalmente” dicha corporación bajo el mando de la milicia, pues desde su origen -en la actual gobierno- contó con una conformación mayoritariamente militar al estar integrada en un 80 por ciento por elementos militares.

La premura del presidente se debió a dos razones; una de ellas es la necesidad de asegurar los derechos laborales y administrativos (permisos de ausencia, antigüedad, prestaciones, etc.) de miles de miembros del ejército, que al estar “comisionados” a la Guardia Nacional desde su creación veían en riesgo sus prerrogativas y estabilidad laboral; el otro motivo determinante y no menos real que el anterior, es la imperiosa necesidad de hacer frente a la inseguridad a través de las fuerzas militares, ya que las instituciones de seguridad conformadas por civiles han sido superadas por la delincuencia.