jueves, junio 20, 2024

Carlos Jaramillo Vela, Opinión

La Columna de Jaramillo

Democracia en México: amenazada por la imposición del presidente. Intromisión presidencial en el Poder Judicial: ignorancia y falta de argumentos. 

El sistema democrático de México esta en riesgo de retroceso, una gran parte de la ciudadanía estamos conscientes de ello; la razón de esto es la operación que el presidente André Manuel López Obrador está llevando a cabo con la intención de modificar la legislación electoral con el fin de favorecer a su partido para facilitar la permanencia de éste en el poder. La severa restricción presupuestal al Instituto Nacional Electoral, así como le eliminación de sanciones para funcionarios o candidatos que incurran en ilegalidades o sean inelegibles, son algunos de los aspectos que contiene el proyecto electoral del presidente, cuya parcialidad es evidente. 

La democracia es el mejor camino para el libre y justo desarrollo cualquier nación, pues ésta es la primera garantía del respeto a las libertades y los derechos humanos fundamentales de las personas. México ve ahora amenazado el futuro de su democracia así como los derechos y libertades políticas de los ciudadanos, ante la obstinación de un gobernante empeñado en modificar ley a contrapelo de las normas constitucionales, el sentido común, la razón y la justicia. Las recientes manifestaciones ciudadanas multitudinarias efectuadas en la Ciudad de México y varias ciudades de la república, así como en otros países, constituyen un clamor ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que esta última y definitoria instancia frene el proyecto de cancelación de la democracia que está siendo realizado por la ambición y el deseo de perpetuación política.  

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado durante su sexenio por ser un crítico irracional del Poder Judicial, pues sin argumentos descalifica las decisiones de jueces y magistrados cuando éstas no satisfacen su interés político. Incluso, puede decirse con certeza que no solo sus cuestionamientos al Poder Judicial carecen de razón y fundamento, sino también adolecen de esas virtudes casi todas las denostaciones que acostumbra hacer de manera frecuente –por no decir diaria- desde el escaparate y el poder que le da la investidura presidencial. 

Antes de lanzar las invectivas con las que el presidente suele atacar a jueces y magistrados tachándolos de corruptos, sería prudente que el mandatario entendiera que las resoluciones o sentencias de éstos no derivan de actos de corrupción o componendas -como él quiere hacer creer a la gente-, sino que la actuación de los juzgadores es consecuencia de la debida aplicación de la Constitución, lo que implica un riguroso respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a los principios jurídicos fundamentales como la presunción de inocencia y pro persona, elementos todos estos que son la materia prima de los tribunales de amparo.

Así como la expresión verbal es la herramienta principal que el presidente utiliza cada día en sus selectivas conferencias de prensa mañaneras –pues solo invita a periodistas que le son afines-, el marco legal derivado de la Constitución y los tratados internacionales son el material de trabajo de los órganos jurisdiccionales; sin embargo, hay una diferencia significativa entre éstos y aquél, pues mientras los jurisconsultos emiten sus sentencias luego de un detallado estudio e interpretación de las normas jurídicas aplicables a los casos concretos sometidos a su jurisdicción, el presidente improvisa cada día una narrativa sin ton no son, cuyos rasgos distintivos son la beligerancia, el insulto y la descalificación.