sábado, abril 13, 2024

Eduardo Fernández, Opinión

La Guacamaya y la vulnerabilidad informática del gobierno federal

Perfil humano.

Los archivos de información confidencial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron hackeados por un grupo autodenominado como La Guacamaya.

Más de 6 terabytes de información de seguridad nacional fueron extraídos por estos hackers que al parecer operan en América Latina. La fragilidad y vulnerabilidad del gobierno federal fueron expuestos al afectarse nada menos que a la Sedena, encargada de la seguridad nacional.

Es un hecho sin precedentes que exhibe la poca capacidad de tal secretaría para proteger sus datos y lo expuestos que estos están ante la operación de todo tipo de expertos informáticos, debido en parte a que no se ejercen las medidas de seguridad requeridas por ajustes de austeridad.

La Guacamaya anunció que continuaría dando a conocer información reservada en forma continua para exhibir al actual régimen presidencial.

Por lo pronto reveló los reportes sobre la salud presidencial, la cual no es precisamente óptima y está sujeta a diversas dolencias que han obligado a una urgente atención médica como la que se dio a principios de este año.

Más comprometedora es la operación de espionaje que utilizan los militares para intervenir los sistemas de comunicación de periodistas y activistas defensores de derechos humanos, utilizando inclusive el malware Pegasus que supuestamente había ya sido erradicado desde el sexenio pasado.

Aunque el presidente intentó defender tibiamente esta práctica cuestionable diciendo que eran labores de inteligencia y no espionaje, obviamente no convenció al público y menos a los afectados con tales prácticas.

Si bien es cierto que en casi todos los países se incurre por parte de los gobiernos en estas maniobras de espionaje, no por ello están justificadas si no están respaldadas por alguna orden legal.

En España recientemente se confrontó a varios funcionarios públicos por parte de los legisladores por haber aplicado precisamente al citado malware para espiar a distintos personajes críticos al gobierno.

La Guacamaya también dio a conocer que la Sedena pretendía tener su propia aerolínea y agencia turística, además de que reveló una investigación de acuerdo a la cual supuestamente un militar del Campo Militar 1, de rango coronel, le proporcionaba armamento a otro para que se lo vendiera a un grupo criminal.

La información dada a conocer pone en duda la legitimidad con que actúan los oficiales del ejército y lesiona desde luego su prestigio en tiempos en que se cuestiona la excesiva militarización del país.

Los legisladores con el voto determinante de los senadores aprobaron la iniciativa para que las fuerzas armadas continúen con sus labores de seguridad pública hasta el año 2028.

La controvertida propuesta fue convertida en ley con el respaldo de 87 senadores, de los cuales 9 fueron del PRI y dos del PRD.

Con esta acción de acuerdo a varios analistas la alianza opositora está por acabarse, aunque algunos de sus dirigentes como el priista “Alito” arengan a que continúe adelante para enfrentar al partido en el poder en el 2024.

Los militares aunque juegan un papel importante en la batalla en contra del crimen organizado están expuestos como nunca, como ha sucedido por ejemplo con los cinco detenidos por estar supuestamente implicados, de acuerdo a un jefe criminal, en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

En diversos medios de comunicación han sido publicadas diversas denuncias del proceder de los militares de más alto rango, los cuales aún no se recuperan de la detención que se hiciera en Estados Unidos del anterior secretario de la defensa nacional al ser acusado de colaborar con un cártel de drogas.

Hasta el momento no había definido la Sedena su postura ante la intromisión de La Guacamaya, pero mientras debería aclarar las revelaciones que se han hecho y desde luego también las futuras para evitar que se continúe afectando la imagen de una de las instituciones que, con todo y sus fallas, continúa siendo una de las más confiables del gobierno mexicano de acuerdo a recientes encuestas.