viernes, abril 12, 2024

Eduardo Fernández, Opinión

La militarización de la Guardia Nacional

Perfil humano.

El decreto presidencial para cambiar algunas leyes para que la Sedena se haga cargo de la Guardia Nacional fue aprobado en forma rápida por la mayoría de los diputados federales con la polémica consecuente ya que es un intento de militarizar a esta corporación.

La Guardia Nacional fue creada en el 2019 como policía civil para operar en todo el territorio nacional y está a cargo de la secretaría de seguridad para suplir las funciones que antes tenía la policía federal. En su integración no solo se reclutó a agentes policiacos sino en buena parte a militares para fortalecerla, al menos esa fue la justificación de tener mandos jubilados del ejército.

Más al parecer la nueva corporación no ha dado los resultados que se esperaban pues a pesar de representar el 20 por ciento de las fuerzas de seguridad solo ha logrado el cinco por ciento de las detenciones.

La idea de contar con una policía nacional era que en un momento dado pudiera sustituir al ejército para cumplir la promesa de AMLO de retirarlo de las calles y mandarlo a los cuarteles. Sin embargo al parecer la realidad existente de la inseguridad dominante ha hecho cambiar de parecer al presidente y ahora se empecina en incorporarla como sea a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Hace tiempo que el mandatario anunció que una de sus iniciativas preferentes sería integrar la Guardia Nacional al ejército, lo cual provocó el rechazo inmediato de la oposición y de otras voces críticas.

Para lograr este propósito tendría que modificarse la constitución política, lo cual sería casi imposible si los legisladores opositores mantienen su postura de no hacerlo pues se requiere la mayoría calificada para ello. Ahora por lo pronto se pretende cambiar la administración y operatividad de la Guardia Nacional modificando algunas leyes que los diputados federales morenistas y sus aliados acaban de aprobar a la fast track.

El problema es que como lo han señalado sus críticos es anticonstitucional pues como lo precisa el artículo 21 las instituciones de seguridad pública deben estar bajo el mando de civiles.

La argumentación presidencial es que seguirán los guardias nacionales en la secretaría de seguridad pública pero su administración y operatividad la ejercerá la Sedena.

Esta ambivalencia podría causar confusión en la práctica pues en realidad las órdenes se las darían los militares, lo cual además podría ser conflictivo a la hora de determinar si sus acciones son realmente policiacas o militares.

En caso de que también los senadores aprueben esta iniciativa entonces los opositores acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para demandar la inconstitucionalidad de estas modificaciones.

Este organismo tendrá además que resolver el espino asunto de la prisión preventiva oficiosa por lo que la presión abierta presidencial ha subido de tono al grado de lamentarse López Obrador que se equivocó al proponer a cuatro de sus ministros, a los cuales les reprochó que no cumplen con las expectativas de la cuarta transformación.

El asunto es que si la Guardia Nacional se integra a la Sedena es obvio que sería parte del ejército nacional y no una policía civil como se pretendía en su proyecto original.

Sería un paso más de la cuestionada militarización de la función pública que se ha dado en este sexenio, lo cual no deja de ser contradictorio con la posición externada por el jefe del ejecutivo durante su campaña y al inicio de su sexenio.

En Latinoamérica no se tiene un buen recuerdo de los regímenes militares, sean de izquierda o de derecha, pues han sido un retroceso histórico de los logros democráticos y el respeto a los derechos humanos.

Si al principio los golpes de estado militares se han realizado con el argumento de hacerlo en nombre del pueblo, a la larga éste es el peor perjudicado al perder su libertad y el derecho de elegir a sus gobernantes.

Las fuerzas armadas deben velar por la seguridad nacional, no son policías que persigan a criminales pues para ello se supone se debe contar con las corporaciones civiles que lo hagan, como es común en las democracias modernas.

El problema de confundir la seguridad nacional con la seguridad pública puede ocasionar la imposición de regímenes autoritarios que devienen en francas dictaduras, como sucede actualmente en algunos países del mundo.

En este tipo de gobiernos se omiten las garantías individuales en aras de una paz regida por las armas, lo cual desde luego no es deseable para ninguna nación menos para la nuestra.

El estado de derecho debe prevalecer en nuestro país por lo que se deben respetar las leyes, sobre todo las supremas establecidas en la constitución. Por ello se espera que la SCJN actúe en consecuencia y decida en forma libre si la militarización de la Guardia Nacional es legal o no, independientemente de que así lo hayan decidido los otros dos poderes federales.