lunes, mayo 27, 2024

Eduardo Fernández, Opinión

La militarización de la seguridad pública

Perfil humano.

Los anuncios presidenciales de incorporar la guardia nacional a la Sedena y de que el ejército permanecerá en las calles hasta después del 2024 es una clara señal de la intención de militarizar la seguridad pública.

Contrario a sus promesas de campaña, López Obrador ahora fortalece el papel de los militares en actividades policiacas lo que supone la ineficacia de las corporaciones civiles encargadas de ello. Tampoco enviará al ejército a los cuarteles sino que éste continuará en todo el territorio nacional intentando asegurar una cada vez más esquiva paz pública.

Este cambio de estrategia presidencial es debido al incontenible aumento del poder de las organizaciones criminales y a la ineficiencia de las policías para combatirlas.

La guardia nacional fue creada para sustituir a la policía federal debido a que se consideraba que no cumplía con sus funciones entre otros motivos debido a la corrupción de sus elementos. Ahora al parecer tampoco lo hace la guardia nacional por lo que de acuerdo al presidente deberá integrarse como parte de la Defensa Nacional y dejar por consiguiente de ser civil.

Este giro de 180 grados no es nuevo en asuntos de seguridad por parte del presidente en turno pues también lo hicieron sus antecesores para evitar el empoderamiento de los criminales.

Por ejemplo, lo hizo Zedillo al crear la policía federal para sustituir las omisiones de las policías locales infiltradas por los cárteles y al no funcionar esta corporación tuvo que acudir al ejército.

Fox por su parte intentó crear una especie de FBI mexicano que tampoco rindió frutos y dejó que el crimen organizado avanzara en diversas entidades como en Michoacán. El ejército continuó actuando en asuntos de seguridad pública para contener a los cada vez más influyentes cárteles de la droga.

Luego Calderón, michoacano de origen, le declaró la guerra al narcotráfico y se apoyó más en la Marina para combatir a las bandas criminales, sobre todo a los Zetas.

Peña Nieto intentó minimizar la publicidad sobre las actividades de los delincuentes, pero también tuvo que echar mano de las fuerzas armadas para intentar evitar su avance notorio.

López Obrador al inicio aplicó una estrategia de “abrazos, no balazos” para combatir a los grupos criminales que tampoco tuvo éxito ya que los delitos aumentaron más que en los anteriores sexenios, sobre todo los homicidios cometidos por organizaciones criminales.

En vista del fracaso de la estrategia de seguridad pública, el actual mandatario no contempla otra salida más que delegarles esta tarea a las fuerzas armadas, con todo y los riesgos inherentes para la seguridad nacional y las funciones de las instituciones civiles del estado.

La historia en Latinoamérica del papel del ejército no ha sido siempre positiva pues los militares han dado golpes de estado para instalar gobiernos como sucedió en la década de los años setenta del siglo pasado cuando eran más las dictaduras militares que las democracias.

La izquierda siempre estuvo en contra de la actuación de los ejércitos pues desde su óptica respaldaban a regímenes autoritarios. Esta visión cambió cuando llegaron al poder y ahora algunos regímenes dictatoriales se apoyan en los militares como sucede en Venezuela, Cuba y Nicaragua.

El ejército mexicano es uno de los pocos latinoamericanos que no ha incurrido en golpes de estado desde hace más de un siglo por lo que es una institución que ha cumplido con sus funciones, aunque también algunos de sus integrantes han tenido una actuación cuestionable como sucedió en 1968 y en la llamada guerra sucia de los setenta.

Por ello se debería fortalecer a la guardia nacional como policía civil para que funcionara como lo hacen policías nacionales como las de Chile, España y las de otros países.

Recurrir al ejército es menester solo en casos de emergencia y no en forma constante para otras actividades pues podría deslegitimarse o corromperse su función esencial que es la de conservar la seguridad nacional y el funcionamiento de las instituciones democráticas.