viernes, julio 12, 2024

Eduardo Fernández, Opinión

La militarización y la alianza opositora

Perfil humano.

Con votos priistas la fracción legislativa oficial en la Cámara Baja logró la mayoría calificada para reformar la constitución y que las fuerzas armadas permanezcan realizando operaciones de seguridad pública hasta el año 2028.

Los diputados priistas, a excepción de cinco, votaron a favor de la iniciativa que ellos habían presentado de forma sorpresiva pues su postura al igual que la de la alianza opositora Va por México era oponerse a la militarización emprendida por el actual gobierno federal. Al momento de escribir estas líneas faltaba la aprobación de los senadores para que los militares puedan permanecer en las calles hasta el siguiente sexenio.

La inusitada propuesta priista impulsada por el diputado Alejandro Moreno “Alito”, presidente nacional del PRI, fue rechazada por sus aliados del PAN y el PRD cuyos dirigentes anunciaron que la alianza quedaba “suspendida” y que no tomarían acuerdos con el cuestionado líder tricolor debido a su posición a favor de la militarización del país.

Antes ya se había aprobado por parte de los legisladores federales que la guardia nacional fuera administrada y operada por el ejército, lo que produjo un debate nacional ya que constitucionalmente se supone que es una policía civil.

En la práctica esta corporación ya forma parte de la secretaría de defensa nacional pues debutó como tal al encabezar el desfile militar del pasado 16 de septiembre y el mismo López Obrador declaró que era una rama del ejército.

Sin embargo la guardia nacional continúa aparentemente en la secretaría de seguridad pues como se señaló así fue establecido en la constitución política desde su creación en el 2019.

La justificación para la incorporación de la guardia civil a la Sedena es su necesaria formación de orden y disciplina que al parecer solo pueden proporcionarle los militares a pesar de ser una policía civil.

La polémica que se ha generado es si las fuerzas armadas deben realizar labores de seguridad pública en lugar de dedicarse a velar por la seguridad nacional. Las opiniones se dividen ya que la versión oficial es que la única forma de enfrentar al crimen organizado es utilizando al ejército y la marina, como se ha hecho en otros sexenios.

La guardia nacional en un principio iba a ser la encargada de ello como corporación civil, pero al parecer no ha resultado como esperaba el gobierno federal pues ahora se le incorpora al ejército.

La pregunta que surge es cuál es entonces la función de la secretaría de seguridad y protección ciudadana si ya no será en la práctica la que dirija a esta corporación y si es adecuado responsabilizar de esta obligación al ejército, al cual se le han asignado otras tareas que no son propiamente las que debería tener como realizar construcciones de obras públicas.

La militarización que se ha llevado a cabo en este sexenio ha sido por ello bastante criticada no solo por partidos y organizaciones civiles nacionales sino también por organismos internacionales como la ONU.

La decisión priista de apoyarla en el congreso federal se debe de acuerdo a los analistas a que “Alito” pretende llegar a un acuerdo con el gobierno federal para no ser desaforado y sometido a proceso judicial por las irregularidades cometidas cuando fue gobernador de Campeche.

Sin embargo el proceso de desafuero de Moreno continuará en este mes y solo se conocerá si la anterior hipótesis es correcta si la mayoría oficial a final de cuentas no procede en contra del actual dirigente y diputado priista.

La existencia de la alianza opositora quedó en duda pues necesitarían los priistas quitar a su dirigente nacional para que se reanuden las negociaciones entre los tres partidos u optar los panistas y perredistas por darla por cancelada para buscar la incorporación del otro partido opositor, Movimiento Ciudadano.

Mientras tanto la militarización continúa a pesar de las voces en contra y de las críticas sobre tal estrategia oficial para combatir a la creciente inseguridad pública. También aumenta la incertidumbre sobre la posibilidad de una alianza de los partidos opositores, los que al parecer por lo pronto no han podido evitar las acciones gubernamentales para continuar empleando a las fuerzas armadas en labores que se supone no les corresponden sino a las policías civiles.