“ Zapato derecho lo llamo infinito. A mi zapato izquierdo lo llamo eternidad. Avanzo a cada paso entre los dos“. Jodorowsky
La impunidad por actos de corrupción es la regla. Las leyes no se cumplen. Las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia representados directa por los ministerio públicos, cuando menos en el Estado Chihuahua, tienen muy mala reputación por corrupción, ademas sus sus resoluciones administrativas lejos de atender a las victimos defiende pero a los imputados, por falta de probidad y desconocimiento. La solución del gobierno es aumentar los castigos en vez de o corregir las causas de la corrupción, lo cual por un lado encarece el soborno de cualquier tipo y por otro aumenta la impunidad. No es un escenario alentador.
En el caso del Estado de Chihuahua, los ministerios publicos que atienden en primera instacia las denuncias interpuestas por la victimas de los delitos, en ningun momento integran las carpetas de investigacion de manera adecuado, sin ofrecer todos los medios de prueba, lo cual es su obligacion. Por el contrario se vuelven asesores juridicos de los imputados, dejando de atender a las victimas dejandolas en estado de indefension, es decir no se hallegan de las pruebas para solicitar ante los jueces de control se vincule a proseso a los delincuentes. Pero no, solo actuan con lo que consideran correcto. Se presentan a las audiencas sin preparacion para tener ua defensa adecuado para las victimas. Solo leen algunos ante el juez algunos datos de la carpeta de investigacion, argumenta sobre las pruebas ofrecidas, en la mayoría de las ocasiones, favorecen al imputado. Ademas de que victimizan a quienes se les cometió algun delito.
Los ministerios publicos no solo corruptos por recibir dávidas, no solo por omisión y acción, también por falta de conocimientos, lo cual es también corrupción. En las diveras audiencias ante los jueces, solo se limitan a leer, pero no funda y motivan sus resoluciones administrativas, no las preparan. ¿Cuál es el motivo de tener juicios orales? En momento defiende a la victima, al contrario en las audiencias se convierten en defensores de los imputados. Esto es muy grave. No basta denunciar a un ministerio publico, no pasa nada, por el contraria, se molestan y con mas rencor buscan la manera de afectar a las victimas que dicen representar, cuando menos en Chihuahua ocurre en Fiscalía Especializada en Atención a las Mujeres victimas del Delito por Razones de Genero, en la cual no atienden a las mujeres, solo a los hombres.
La justicia en México es como un coche desvalijado de los años setenta intentando transitar en una autopista moderna del siglo XXI”. Así es como la jurista Ana Laura Magaloni (2009) describe a un sistema descompuesto. Y es que en México, de cada 100 delitos cometidos solo diez se denuncian, seis se derivan una carpeta de de investigación, pero tan sólo 3 tienen alguna consecuencia jurídica (INEGI, 2019). Es decir, el restante 97% se traduce en impunidad.
La opinión pública parece capturar de manera acertada este fenómeno: la impunidad o falta de castigo se identifica como la principal causa de corrupción en México (39%), de acuerdo con la encuesta MCCI-Reforma. En esta encuesta también destaca que la cifra negra en el área de corrupción se comporta de manera similar al promedio de delitos: de cada 100 actos ocurridos, 29 son denunciados y tan sólo 8 tienen alguna consecuencia. Es decir, la impunidad en actos de corrupción está presente en 92% de los casos.
Por el contrario, para atender el problema de la impunidad en México es importante abarcar todo el espectro desde la prevención y la denuncia, hasta la investigación, la procuración y la importación de justicia. Por ejemplo, es urgente la depuración y profesionalización de los policías de proximidad y ministerios públicos, así como una mejora sustantiva en la calidad de las investigaciones que realizan, de forma que mejore la articulación con juezas y magistradas.
En resumen, endurecer los castigos por corrupción es una medida efectiva para activar actitudes autoritarias entre la población, pero tiene efectos indeseables como el uso político de acusaciones de corrupción y la criminalización de grupos vulnerables. Es decir, mayores castigos por corrupción puede tener el efecto contrario al deseado: no sólo se incrementa el monto del soborno, sino que acaba por ampliarse el margen para la impunidad, pues abre la posibilidad de encarcelar sin juicio previo ni derecho a fianza a personas inocentes, incrementar los costos de la extorsión, castigar a chivos expiatorios o a personas que no tienen los medios para pagar su fianza, y revictimizar a quienes no pueden costearse un juicio justo.
La política de seguridad y de procuración e impartición de justicia en México invariablemente se traduce en ineficacia y corrupción. Por un lado, los servicios de seguridad privada tienen una gran participación en funciones de seguridad pública.
Por otro lado, las labores de investigación y de acusación ante un juez, aunque esencialmente distintas, son concentradas en la figura del ministerio público, pero sin la debida articulación con las policías locales que son quienes resguardan en un primer momento las pruebas de los delitos.
Finalmente, las y los jueces son quienes se encargan de impartir justicia sobre la base de pruebas muchas veces obtenidas de manera legal, cuya cadena de custodia es violada y, por consiguiente, los procesos judiciales se desechan antes de iniciar. Así la seguridad y la justicia en nuestro país y la ciudadanía lo sabe.
Es por ello que no sorprende que la peor reputación por corrupción la tengan los ministerios policias de tránsito, las cárceles y los reclusorios, los ministerios públicos y la policía federal. Todos están en la primera línea de prevención del delito e investigación, y todos superan es decir mucha corrupción.
En segundo lugar están los encargados de impartir justicia, de emitir sentencias, jueces, magistrados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes se colocan en una posición intermedia.
En México existe una sensación generalizada de que la ley no se aplica de forma imparcial. Tres de cada cuatro personas opina que sí existe un trato diferenciado y la impunidad por actos de corrupción es casi total. Sólo bajo porcentaje de la sociedad opinan que en el país se respetan las leyes y las corporaciones encargadas de la seguridad pública y procuración de justicia tienen muy mala reputación. En pocas palabras, en México las normas existen, pero la seguridad y la justicia no.
Por otro lado, la solución más popular es incrementar los castigos y el gobierno está más interesado en ello que en corregir los fallos de origen, pero no lo hacen. Son muchas malas noticias. Es decir la primera falla la cometen los ministerios públicos, con quien los ciudadanos tienen el primer contacto.
Salud y larga vida
Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH
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Datos.-“¿Por qué hay tanta Corrupción en México” (6 de junio 2019), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI (24 de septiembre de 2019), “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019”, Pérez-Correa, Catalina (septiembre de 2015) “Las mujeres invisibles. Los costos de la prisión y los efectos indirectos en las mujeres”, Banco Interamericano de Desarrollo, BID,