lunes, febrero 26, 2024

Opinión

Magistraturas: inconstitucionalidad y compromisos

Hablando y escribiendo.

Ernesto Avilés Mercado*.- Quien asesora a la Gobernadora en temas de legalidad, seguramente perderá su empleo, ya que al igual que sus antecesores inmediatos Cesar Duarte y Javier Corral, el irresistible deseo de meter la mano en el Poder Judicial y colocar magistrados afines, así como pretender actuar al margen de la constitución, ha generado que un juez federal conceda una suspensión, ordenando al Congreso detenga el proceso de elección.

Para el común de las personas, en los procesos de elección de autoridades judiciales, pueden o no estar de acuerdo y no pasa nada, pero quienes conocen la ley, sus alcances, los derechos y obligaciones que de ella emanan, son quienes tienen la gran responsabilidad de cumplirla.

Resulta inexplicable, -por decir lo menos- que teniendo todo el contexto legal para devolver la constitucionalidad a la reforma que promovió Maru Campos y que fue aprobada el 19 de Mayo del 2022 por el Congreso del Estado y que generó se haya presentado la iniciativa de reforma por parte del Poder Judicial, -donde se contemplaba nuevamente el examen de conocimientos obligatorio- para evitar que sea la Corte quien nuevamente le corrija la plana al Estado de Chihuahua, se haya tomado la mala decisión de pasar por alto los derechos de los juzgadores y discriminando a las juezas.

El amparo presentado por la maestra Alejandra Ramos Durán y la suspensión concedida por el juez XI de Distrito, tiene toda la legitimidad que se requiere para demostrar que la justicia, como derecho humano, debe ser impartida por jueces profesionales que hayan demostrado capacidad, experiencia, profesionalismo y ética y no solo una mansedumbre política institucional.

La legitimación de su acción, está reflejada en muchas bocas cerradas de sus pares que tienen temor de hacer valer sus derechos, por las represalias a que quedan expuestos

Para la primera sala civil regional del distrito Bravos, es inminente que la titularidad recaiga en la persona de la experimentada política María Ávila Serna, quien había encabezado por mucho tiempo la dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista, el cual abandonó para incorporarse al partido de Movimiento Ciudadano, seguramente que toda su capacidad política y partidista, será el puntal básico para que desarrolle su actividad jurisdiccional de revisar el trabajo de los jueces; su conocimiento personal de las instalaciones del tribunal son limitadas y corresponden a la entrada de las salas penales, los pasillos y la sala donde se llevaron a cabo sus audiencias en calidad de imputada.

Para la Octava Sala Civil del Distrito Morelos, todo apunta para que el doctor en derecho Fernando Mendoza Ruíz, sea el nuevo titular. El joven priista, tiene la virtud de haber entendido los tiempos políticos y una vez que el PRI perdió el rumbo, se dedicó a fortalecer su actividad como catedrático de la facultad de Derecho, donde continuó con la maestría, fue invitado a sumarse a la ponencia del magistrado José Alfredo Fierro Beltrán de la primera sala civil, en donde llevó a cabo una buena actividad jurisdiccional, para después ser invitado para que ocupara la secretaria general del Tribunal, de donde salió para inscribirse para la magistratura que sin duda ocupará.

La Segunda Sala Penal Regional Bravos, se declara desierta.

Para la cuarta sala penal del distrito Bravos, la terna está integrada por José Caín Lara Dávila, José Luis Chacón Rodríguez, titular del INFORAJ, extraordinario académico de nivel maestría y doctorado, responsable de la capacitación y actualización permanente del personal del Tribunal, además de haber sido litigante por décadas, así como Mario Alberto de la Rosa Fierro quien fuera juez de enjuiciamiento y quien alcanzo el promedio más alto en el primer concurso para jueces allá por el 2007 y actualmente se desempeña como secretario de la tercera sala, es también doctor en derecho con una tesis de grado que es de lectura obligada para todo jurista, además es extraordinariamente bueno en lo que hace, por lo que el pronóstico es reservado, pero el nuevo titular de la IV sala penal regional, quedará entre estos dos doctores en derecho.

Para la Quinta Sala Penal Morelos, la terna esta integrada por Luisiana Carrillo Torres, Liliana Guadalupe Loya Acosta y Gabriela María Ordoñez Ruiz.

Para la primera sala Familiar del Distrito Morelos, la decisión será en favor de Karla Esmeralda Reyes Orozco.

Para la sala Civil y Familiar Regional Hidalgo, a pesar de que las preferencias de Palacio marcan como favorito a Julio Cesar Merino Enríquez; el más adecuado por su experiencia, perfil jurídico y capacidad demostrada es el maestro HECTOR HUMBERTO CHACON VARELA quien ha sido catedrático en la Facultad de Contaduría y Administración de la UACH, asesor en el Congreso del Estado, cuenta con varias maestrías y actualmente está registrado para terminar su doctorado, además de litigante extraordinario, pero sobre todo es un gran ser humano, siempre presente como padre de familia, solidario con sus amigos, ejemplar en su trato, congruente en su actuar y vivir, por lo que si se valoraran todas estas virtudes, sin duda alcanzaría la magistratura sin problemas.

Los cargos de magistrados son muy importantes dentro del esquema de administración de justicia, ya que son quienes revisan las sentencias emitidas por los jueces de primera instancia y deben contar con una mayor capacidad y experiencia para resolver las impugnaciones que se presenten, cuando alguna de las partes no está de acuerdo con la sentencia emitida.

El secreto para todo magistrado es contar entre su equipo de trabajo a verdaderos estudiosos del derecho y tenerlos como secretarios, ya que en ellos descansa la gran tarea de administrar justicia; estos secretarios son los que estudian los asuntos, proyectan sentencias y las defienden en las reuniones con él o la magistrada, quien finalmente firma las sentencias de segunda instancia, además de ser el responsable único del trabajo de todos.

Las cuotas de poder que se registran en cualquier administración de gobierno, se pueden considerar como necesarias para pagar deudas electorales o compromisos de campaña, en este sentido, la designación de la ciudadana María Ávila Serna, ex diputada local, política sin antecedente como litigante, como tampoco como funcionaria judicial, prácticamente evita el arribo de otra persona que puede tener un perfil más adecuado para el cargo; siendo tan grande el espacio laboral del Gobierno, donde en cualquier otra parte podría haber sido invitada a incorporarse, tenía que ser en el más comprometido con la ciudadanía como es el Tribunal, pero, parafraseando al clásico, el poder sirve para poder.

El gran ausente en las ternas es el maestro Roberto Díaz Serrano, quien por capacidad demostrada, profesionalismo y lealtad, debió de estar presente.

Ojalá que los profesionales del derecho que alcancen los cargos de magistrados, vengan a darle un realce a la calidad de la justicia que se imparte en Chihuahua y que, si bien existen compromisos políticos que cumplir, que no sea a costa de la calidad de justicia que reciben los justiciables…

*Abogado litigante miembro de la FECHCA y la AECHIH.