viernes, junio 21, 2024

Luis Javier Valero, Opinión

Militarización, peligrosa “normalidad”

“Artículo 13. … Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”. Constitución Política de los EUM. 

“¿Quieres vivir?”, preguntaron los militares a Alejandro. Su respuesta fue obvia: Quiero vivir. -Pues entonces vas a grabar un video donde digas que ustedes tuvieron la culpa, que venían huyendo”. Diálogo entre soldado y civil herido en los hechos de Nuevo Laredo, 26/II/23. 

Además de la gravedad del multihomicidio de cinco jóvenes, ocurrido el domingo anterior en Nuevo Laredo, bajo las balas de elementos de las Fuerzas Armadas, hay otros hecho, quizá, aún más grave:  

El de la absoluta “normalización”-aceptación-, con el que fue recibida el hecho de que los presuntos responsables, todos ellos soldados, fueron sometidos a la jurisdicción de un juez militar y que este los vinculó a proceso. 

Solo hasta que las críticas crecieron, el presidente López Obrador informó que la Fiscalía General de la República (FGR) había ¡iniciado una investigación! 

Lo anterior, refleja con toda fidelidad el proceso de “normalización” con el que se está aceptando la creciente militarización. 

Vamos, ni siquiera alguno de los partidos de oposición fue capaz de emitir la menor crítica a hecho tan subvertidor del orden legal vigente. 

Del presidente de la República hacia abajo, pasando por el secretario de la Defensa Nacional, el juez militar que vinculó a proceso a los soldados, y demás autoridades, incluidas las estatales, de Tamaulipas, han cometido esa flagrante violación. 

Peor aún, el juez militar los procesó ¡Por desobediencia! 

No fueron acusados del delito más grave, presuntamente cometidos por ellos, el de homicidio, y el de homicidio en grado de tentativa, además de las enormes violaciones al reglamento de las fuerzas armadas y al de la ley del uso de la fuerza, el que sostiene, que no deben disparar a un vehículo en movimiento.  

“… cuatro elementos de tropa fueron llevados ante la justicia militar por el delito de desobediencia, debido a que “el mando a cargo no dio la orden de abrir el fuego y que, sin embargo, los soldados de la batea, accionaron sus armas contra civiles”. La falta es castigada por el fuero militar. (Nota de Benito Jiménez/Agencia Reforma, 03 marzo 2023). 

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hizo suyos los  argumentos de los soldados, los que alegaron haber disparado debido a que escucharon un “estruendo” desde la camioneta en la que viajaban los civiles. 

Es decir, nunca tuvieron la certeza de que les habían disparado y reaccionaron de la manera en que fueron entrenados; no para transitar en las calles con civiles circulando. 

No, reaccionaron como si estuvieran en un escenario de guerra. 

Como en el caso del asesinato de Jessica Silva; en el de los dos jóvenes de Jiménez y de uno en Juárez, todos abatidos por balas de la Guardia Nacional, los presuntos participantes debieron ser puestos a disposición de un juez civil. 

Conforme se presentan con mayor frecuencia los episodios en los que los elementos de las fuerzas armadas se enfrentan a situaciones inéditas para ellos, preparados como están para las acciones exclusivamente militares, se repetirán sucesos como el de esta semana en Nuevo Laredo.  

Es el mismo modus operandi.  

No podía ser de otra manera.  

Los militares no están acostumbrados a enfrentar a grupos de civiles, armados o no, con antecedentes criminales o no, pues no sólo están habituados y entrenados a reaccionar como lo que son, integrantes de las fuerzas armadas, entrenados para eliminar adversarios. 

Si hubiese dudas acerca de este comportamiento, lo sucedido horas después de ese multihomicidio en Nuevo Laredo, aparecieron con toda nitidez, reproducida por cientos de miles de ocasiones en las redes, la conducta absolutamente incapaz de los militares para abordar momentos en los que deben enfrentar, controlar y superar los momentos de tensión frente a grupos de civiles. 

No están preparados. 

Ni siquiera para respetar lo contenido en dos normas: La de la Ley del Uso de la Fuerza, ni las del “Protocolo de Actuación para el uso de la fuerza por parte de los integrantes del Servicio de Protección Federal”, emitido, éste, ya en el actual gobierno, el 19 de octubre del 2021. 

Faltaron al protocolo, en este caso como en el de Jiménez: 

NOVENO. Los Integrantes tienen prohibido realizar las siguientes conductas, por considerarse uso indebido de la fuerza: 

 

IV. Accionar un arma de fuego desde o hacia vehículos en movimiento, excepto en aquellos casos en que, de no hacerlo, resulte evidente y notorio que la Autoridad o terceros resulten gravemente afectados y no hay otra alternativa para evitarlo…”. 

Lo aquí relatado se asemeja a otros dos episodios ocurridos en territorio chihuahuense, el primero de ellos en el curso de la llamada guerra del agua de las presas, en el que elementos de la Guardia Nacional, es decir, elementos de las fuerzas armadas bajo un mando militar y una coordinación militar, sin que hubiese nada que los motivara a ello, dispararon en contra del vehículo en el que viajaban los esposos Torres, Jessica y Jaime. El desenlace, ya lo sabemos, ella fue abatida por los disparos y él sufrió graves heridas.  

Igual que en los casos ocurridos en Jiménez y Delicias en Nuevo Laredo los civiles iban a bordo de vehículos y no hubo evidencia de que dispararan en contra de la patrulla militar. 

Solo recordemos que en el caso del asesinato de los dos jóvenes de Jiménez, un tercero corrió, después de detenerse el vehículo y una vez que eso ocurrió, un soldado le hizo disparos a mansalva, cuando el civil corría, por lo que, obviamente, le daba la espalda al militar. 

Nada pasó. 

Ahí violaron, también, el protocolo: 

NOVENO.  

Los Integrantes tienen prohibido realizar las siguientes conductas, por considerarse uso indebido de la fuerza: 

 

IX. Persistir en el uso de la fuerza a través de medios físicos contra una persona que no opone resistencia o no representa algún riesgo; 

Y para que el proceso de “normalización” corriera sin contratiempos, en la aceptación ciudadana de hechos de este tipo, de inmediato hicieron correr versiones acerca de las cosas “sospechosas” a las que se dedicaban los abatidos, lo que induce a que la población emita, automáticamente, su veredicto: -Son culpables pues quien sabe en qué malos pasos andaban, y a lo que sigue. 

También en el caso de los neolaredenses se filtró la información, que los mostraba como poseedores de algunas conductas “sospechosistas”. 

Hasta ahora, informaron las fuentes militares, todos los elementos investigados “están fuera de sus funciones y están bajo resguardo castrense hasta que concluyan las primeras diligencias”. (Ibídem). 

¿Y porqué no están bajo la jurisdicción de la autoridad civil, como lo ordena la Constitución? 

¡Ah, es que ahora vivimos en el régimen en el que las fuerzas armadas gozan del beneplácito presidencial, como nunca antes! 

Los jóvenes iban desarmados, el reporte militar así lo asienta, y si iban desarmados, por lo tanto no dispararon. (Alejandro Hope, El Universal, 3/III/23). (ver bit.ly/3y2VTd5)”. 

“No hubo la graduación en la respuesta que exige la Ley Nacional de Uso de la Fuerza…”: 

“Ley Nacional de Uso de la Fuerza 

Artículo 13. 

El uso de la fuerza letal será el último recurso en cualquier operativo”. 

Sufrimos -y aparentemente no se resolverá en el presente sexenio- los problemas derivados de la carencia de capacitación policial de los elementos militares, lanzados a las calles en funciones de seguridad pública. 

Efectuar, solamente, el patrullaje por las fuerzas militares, en zonas urbanas o rurales, conlleva, necesariamente, a que ante cualquier eventualidad, reaccionen como lo que son, militares. 

Lo que ahora vemos, ojalá estemos equivocados, al miserable desperdicio de ya, casi, un sexenio, en el que se pudo aprovechar y sentar las bases para contar con una fuerza policial, civil, preparada, capacitada con los mejores estándares mundiales, bien pagada y con ascendiente social, el que le pudo haber transmitido el presidente López Obrador al inicio de su gobierno. 

Lo que éste ha hecho merece la más elevada reprobación pues optó por la solución (desde su óptica) más rápida, mejor y más confiable, la de la vía militar, sin que, como lo sostienen una y otra vez, se hayan atacado las causas sociales de la extrema violencia prevaleciente. 

Sus consecuencias, de a poco, y en muchos casos, de a mucho, empiezan a conformar cientos de nuevos expedientes penales, en los que están involucrados, ya, cientos de integrantes de las fuerzas armadas, en episodios ante los cuales, cada vez más frecuentemente, se alzan, rabiosos, grupos de ciudadanos, impotentes ante los excesos del militarismo prevaleciente. 

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022 

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