jueves, junio 13, 2024

Isaías Orozco Gómez, Opinión

Persiste la andanada contra los libros de texto gratuitos

La redacción, edición y distribución gratuita de los Libros de Texto y Cuadernos de Trabajo destinados a todos los educandos mexicanos del nivel básico del Sistema Educativo Nacional (SEN), tuvo su origen en el marco del “Plan para el Mejoramiento y Expansión de la Educación Primaria en México”, para lo cual, se erogarían nueve mil millones de pesos durante el sexenio (1958-1964). Pero para evitar que el desembolso de tal suma fuera a desquiciar la economía nacional, se propuso escalonar la inversión en once años, de donde se derivó la denominación de “Plan de Once Años”. 

En ese tenor, el 1º de diciembre de 1959, el presidente Adolfo López Mateos, en la ciudad de Querétaro, al inaugurar el XI Congreso Ordinario del SNTE, anunció formalmente que, a partir del primer día del siguiente año (1960), empezaría a aplicarse el citado Plan, base fundamental de su política educativa. 

Así, con la firme y culta participación del titular de la  Secretaría de Educación Pública (SEP), Jaime Torres Bodet, se construyeron aulas, se incrementaron las plazas para maestros, SE IMPRIMIERON Y DISTRIBUYERON MILLONES DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS, se formaron los maestros que hacían falta, se dictaron las medidas organizacionales y administrativas pertinentes; y, en cada informe de gobierno, se daba cuenta con satisfacción de los avances del Plan, pues se iban alcanzando las metas en un plazo más corto que el previsto. 

Desde luego, y aun cuando se contó con el consciente y patriótico apoyo del magisterio nacional, con el presto trabajo de las instituciones formadoras de docentes tales como la Escuela Nacional de Maestros,  las escuelas normales urbanas y rurales, las normales superiores, la UNAM, el IPN, el Colegio de México, investigadores educacionales, académicos, pedagogos, psicólogos, antropólogos, sociólogos, políticos, escritores, etc.; el propio Jaime Torres Bodet reconoció en sus memorias, que el Plan partió de datos que no correspondían exactamente a la realidad y no previó “hasta qué extremos alcanzaría la fecundidad de las madres de nuestro pueblo”.  

Que no se logró abatir del todo, como se deseaba y esperaba las diferencias escolar-educativas entre el medio rural y el urbano, pues en tanto que se satisfizo el 62% de la demanda en el primero, en el segundo se llegó al 83%. Igualmente, por cada alumno egresado del sexto grado en las escuelas rurales, egresaban seis en las urbanas. 

Empero, la Reforma Educativa que impulsó el Plan de Once Años constituyó todo un esfuerzo generoso, un gran salto cuantitativo y cualitativo hacia adelante en la tarea nacionalista, patriótica y humana de proporcionar educación primaria a todos los mexicanos; ya que si no se hubiese realizado y continuado,  el problema se hubiese agudizado, hasta el presente. 

Ahora bien, los méritos de tal obra educativo-cultural, fueron acogidos, reconocidos y aprobados por la inmensa mayoría del pueblo mexicano.  

¡Y cómo no! Si la educación primaria no podía ser gratuita, y menos obligatoria, si el Estado no proporciona a los niños los materiales didácticos  que se requieren, sobre todo en beneficio de los que carecen de recursos económicos suficientes, o viven en lugares apartados y a veces aislados, como consecuencia de nuestra accidentada geografía. 

Quienes nos iniciamos en el desempeño “Por la Educación al Servicio del Pueblo”, desde la década de los 50 del S. XX, recordamos que con absoluto respeto para todas las creencias, costumbres e ideologías (fundamento esencial del Laicismo), los libros enseñaban y enseñan nuestra lengua nacional y las ciencia matemática, y explicaban (explican) con objetividad y estricto apego a la VERDAD CIENTÍFICA los fenómenos físicos y sociales, así como el civismo, la historia y la geografía del territorio mexicano. 

Emocionaba y estimulaba nuestra labor docente, el saber y ver, a los alumnos y a sus padres el gusto con que recibían sus respectivos  libros, mismos que conjuntamente forraban y por largo tiempo los conservaban limpios y  “como nuevos”.  Tan fue así, que algunos de esos libros, llegaron a ser utilizados por otros compañeritos del mismo plantel o de otras escuelas. 

Muy lamentablemente, a pesar de lo evidente del progreso de tan noble  obra educativa del Estado Mexicano, los libros de texto gratuitos, tuvieron desde un principio, detractores y aun violentos opositores: comerciantes libreros unos y grupos reaccionarios los otros. 

Durante las décadas de los 60 y 70 del S. XX, en varias partes del país y en no pocas ocasiones, grupos vandálicos de la derecha asaltaron escuelas para sacar los libros de texto y prenderles fuego, en tanto que las escuelas particulares integrantes de la “Unión Nacional de Padres de Familia” declararon un clandestino boicot contra los libros de la SEP. 

Es menester agregar, que debido a la tangible crisis en los sistemas educativos de Latinoamérica, Europa  y en gran parte del resto del  mundo, se planteó con renovado interés la problemática  necesidad de los libros de texto gratuitos, que en el fondo sostenía dos propuestas de acción: una propuesta científica y una propuesta política.   

En tal contexto, para asegurar la continuidad de tan magna obra del SEN, el presidente Adolfo López Mateos, por decreto del 12 de febrero de 1958 creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, designándose de inmediato presidente de ella, al escritor chihuahuense Martín Luis Guzmán. 

Desde entonces y de acuerdo con los Artículos 3º de la CPEUM y 5º de la Ley Federal de Educación a la sazón, tales libros deben estar sometidos a un proceso permanente de evaluación y revisión, a fin de tenerlos actualizados, tanto en su contenido como en su metodología pedagógico-didáctica, ya que representan las más nobles aspiraciones del pueblo mexicano en materia educativa. 

Empero, desde entonces hasta la fecha, los grupos opositores a las reformas educativas y a la distribución gratuita de los libros de texto, encabezados abiertamente por la “Unión Nacional de Padres de Familia” (escuelas particulares), con el apoyo implícito o explícito de empresarios (cruzado, Claudio X González) y del Episcopado Mexicano, insisten e incrementan sus embates a la política y obra educativa del Gobierno Mexicano en beneficio de todos los mexicanos. 

Ahora bien, la “Unión Nacional de Padres de Familia”, está en su derecho de  ejercer la libertad de enseñanza y educación de sus hijos…  

Pero a lo que no tienen derecho alguno, es el de hablar y arrogarse la representación de los millones y millones de mexicanos del medio urbano y rural que sí aceptan y son quienes más necesitan y se benefician con la obra educativa que constitucionalmente los gobiernos de los EUM en turno, deben realizar.