miércoles, junio 19, 2024

Benito Abraham Orozco, Opinión

¿Quiénes serán los próximos procesados? 

“El que alguien no sea declarado culpable, no implica necesariamente que sea inocente”.

Seguramente la alternancia en el poder que se ha venido presentando en los tres niveles de gobierno, ha dado pie a que los ilícitos que cometen los servidores públicos no queden impunes, o al menos sin que se inicien los procedimientos legales a que haya lugar. 

Ha sido una pasarela muy amplia de políticos y funcionarios públicos procesados, en donde hemos podido ver a ex secretarios de Estado de la Administración Pública Federal, ex gobernadores, ex presidentes municipales, ex dirigentes sindicales, etc. Igual se pudiera considerar que muchos casos tienen que ver con revanchismos de diferente índole, pero en otros es más que evidente un desempeño desaseado en la administración de la cosa pública. 

Toda vez que ya no existe la garantía de la hegemonía de un partido o grupo político en el poder, es por ello que las corruptelas no pueden ser solapadas y/o disfrazadas tan fácilmente como antaño. Ante tanto brincoteo y mimetismo que se está dando entre quienes participan en la política, hoy más que nunca las lealtades en ese ámbito son difíciles de que existan. Esas personas que se acogen a los llamados criterios de oportunidad, que no vienen a ser sino lo que antes se conocía como testigos protegidos, son muestra de esa ausencia de lealtad, salvo el caso de quienes fueron obligados a involucrarse en esas irregularidades. 

En mi colaboración “Los próximos procesados”, publicada en este prestigiado medio el 26 de mayo de 2021, señalaba que perseguidores y perseguidos estarían en posibilidad de compartir celda, lo cual no se si ha sucedido, pero lo que si es una realidad es que ya están compartiendo al menos el mismo penal. 

Pero algo muy significativo lo es, el que quienes ya han sido denunciados, comúnmente arropan en los ilícitos que se les imputa a otras personas con las que han compartido autorizaciones, firmas, comités y responsabilidades en general, lo que implica que ese desfile de los otrora aplaudidos, elogiados y respetados, esos “prestigiados” ciudadanos que gozaron de fama y múltiples consideraciones, ahora estarán hasta repudiados por muchos, incluyendo a sus aduladores.  

A ese litigio en los medios de comunicación y en las redes sociales que han emprendido muchos de esos imputados, por conveniencia se les unen sus correligionarios en determinadas situaciones, ya sea para evitar la posibilidad de ser involucrados cuando hay motivo, o simplemente para evitar la disminución de simpatías y votos en las elecciones. No obstante, llegado el momento, la sociedad que no es ignorante, tendrá claro de qué adolece cada político, candidato y organización política. Los procesos electorales estatal de 2016 y federal de 2018, son un claro ejemplo de ello. 

Un aspecto preocupante hablando de las responsabilidades de los servidores públicos, es que el marco jurídico que ha existido para enjuiciarlos, ha sido creado a modo, y las oportunidades y los subterfugios legales para evadir una sentencia condenatoria, siguen siendo demasiados y burdos, aún y cuando las cosas sobre el particular han ido cambiando un poco. Hemos visto como algunos han resultado “unas blancas palomitas”, o que así se les quiere exponer ante la opinión pública, cuando tienen en su haber un descarado, público y vulgar patrimonio, totalmente incongruente con las percepciones económicas que han obtenido como servidores públicos y hasta en negocios propios. Un gran abismo que, en caso de ser exonerados de otros delitos, del de enriquecimiento ilícito o indebido no debieran salvarse. 

Antes las condiciones imperantes en el ámbito político, independientemente de que alguien se sienta intocable, existen amplias posibilidades de que les llegue su turno en el banquillo de los acusados, en condiciones muy, pero muy diferentes a cuando detentaban el poder. Lo anterior, máxime si emprendió la persecución de algún adversario. Nadie está a salvo de nada, y quienes hoy detenta algún cargo público, del nivel que sea, con motivo justificado o sin el, corren el riesgo de verse sometidos a la acción de la justicia con las implicaciones emocionales, económicas, familiares, de desprestigio, etc., que tal situación conlleva. 

Definitivamente habrá quienes sí tengan una trayectoria impecable y que estén siendo injustamente acusados de algo que no cometieron, pero ya corresponderá acreditarlo ante los tribunales correspondientes y, en su oportunidad, resarcir su prestigio y patrimonio, en su caso. 

Lo que sí debe considerarse en la actualidad, es que si alguien es invitado a ejercer un cargo público, ya debe pensarlo no una, sino muchísimas veces, sobre todo si se tiene relación con el manejo o autorización de recursos públicos, pues el tener un desempeño por demás impecable, no garantiza que no vaya a estar tras las rejas.