miércoles, abril 24, 2024

Eduardo Fernández, Opinión

¿Reforma electoral o contrarreforma?

Perfil humano.

El presidente y el partido en el poder han incrementado su campaña para sacar adelante una propuesta de reforma electoral que ha sido criticada más bien como una contrarreforma que implicaría un retroceso en nuestra democracia mexicana. 

La principal justificación para llevar a cabo estas modificaciones constitucionales es la de que los organismos electorales no cumplen con sus funciones además de que son costosos para el erario, sobre todo el INE. De ahí que este instituto sea el blanco de los ataques que se esgrimen desde las mañaneras presidenciales y todos los medios posibles para convencer a los ciudadanos que debe transformarse. 

La propuesta presidencial es que los consejeros y magistrados electorales deben ser electos de tres listas de 20 candidatos que propongan los tres poderes de la federación. En principio no parecería mala idea, salvo que estaría en duda su imparcialidad si son nominados solo por el partido que detenta el poder, como sucede en la actualidad con el ejecutivo y el legislativo. 

Otra modificación sería quitar a los legisladores plurinominales, lo que desde luego marginaría a la oposición pues estos surgieron cuando existía un partido hegemónico (PRI) que controlaba mayoritariamente todas las elecciones y era la única forma de que participaran los opositores proporcionalmente en las cámaras. 

La pretensión de eliminar los subsidios a los partidos desde luego que sería popular, pero podría abrir aún más las puertas al crimen organizado y a otras oligarquías para financiarlos con lo cual los controlarían. No significa que no suceda en la actualidad, pero se agravaría el problema al no contar los partidos con recursos públicos para realizar sus actividades de campaña. 

Los partidos políticos son los que no tienen la aprobación mayoritaria de acuerdo a las encuestas, lo cual es desde hace tiempo debido a que se han convertido algunos de ellos en franquicias que se ofrecen al mejor postor para obtener algún puesto de elección popular. 

Por consiguiente son los partidos con los que se debería iniciar una revisión de su actuación para mejorar su desempeño y evitar que sigan participando aquellos que no cuentan con suficientes adeptos para ser representativos. Eso ya está estipulado en las leyes, faltaría que se aplicara en lugar de seguir solapando a membretes que se alían con quien sea para continuar sobreviviendo. 

Por otra parte existe un apoyo poco disimulado al partido en el poder por parte del gobierno, como se hacía antaño, utilizando para ello recursos públicos lo cual es a todas luces ilegal.  

Para lograr lo anterior se deberían fortalecer en lugar de debilitar los organismos electorales, los cuales tendrían que seguir siendo autónomos y ciudadanizados.  

Lo paradójico de la propuesta reformatoria es que la hacen quienes llegaron al poder con los mismos organismos electorales que ahora consideran como ilegítimos y poco imparciales. Los más beneficiados con el actual INE han sido Morena y sus aliados, además del propio presidente, pues en breve tiempo ya gobiernan en 22 entidades del país. 

Además de la presidencia de la república cuentan con mayoría en la cámara de diputados y en la de senadores, lo que les ha permitido sacar adelante varias leyes como la última de la eliminación del cambio de horario. 

Si el INE hubiera actuado en su contra en las elecciones habrían realizado no solo impugnaciones legales sino protestas multitudinarias, lo cual no ha ocurrido durante el sexenio no solo por parte de ellos sino tampoco de la oposición. 

Por ello no se entiende el embate en contra de este instituto que representa los logros que se han alcanzado en lo electoral en las últimas décadas. 

El INE inició como IFE en el gobierno de Carlos Salinas con la pretensión de crear un órgano electoral que no dependiera directamente del gobierno en turno. Aunque tuvo algunos avances el partido oficial tenía el control del mismo por lo que no fue hasta con la reforma electoral de 1996 cuando el IFE se independizó del gobierno y sus consejeros fueron ciudadanos.  

El resultado inmediato de estos cambios fue que en las elecciones intermedias de 1997 por primera vez la oposición fue mayoría en la cámara de diputados federales y fue un legislador opositor, Muñoz Ledo, quien contestó el informe presidencial de Ernesto Zedillo. 

El contar con un árbitro electoral autónomo devolvió a los ciudadanos la confianza en el voto y así en el 2000 la mayoría optó por la alternancia partidista al elegir como presidente al panista Vicente Fox. 

En el 2006 el INE tuvo su prueba de fuego con la elección presidencial más reñida de la historia cuando el panista Felipe Calderón venció con menos del uno por ciento al entonces perredista López Obrador. El perdedor no reconoció el fallo electoral y realizó acciones de protesta ante lo que consideró un fraude electoral. 

Lo anterior es al parecer el principal motivo por el cual ahora AMLO, como presidente, arremete en contra de un instituto que con todo y sus fallas ha logrado que en los últimos años se realicen elecciones que han sido reconocidas como válidas, entre ellas la que lo llevó al Palacio Nacional. 

La iniciativa presidencial para la reforma electoral no ha sido presentada oficialmente por lo que habrá que ver las modificaciones que finalmente se propongan. Por lo pronto se intensifica el debate de si esta propuesta es una reforma electoral o una contrarreforma, por lo que cada ciudadano debería evaluar los argumentos a favor o en contra para formarse su propia opinión. De todas maneras queda la duda de por qué si el INE funciona bien entonces para qué cambiarlo en vísperas de la elección presidencial.