viernes, junio 21, 2024

Luis Javier Valero, Opinión

Y Javier Corral… ¿Cuándo?

El informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE), a cargo de Héctor Acosta Félix, sobre las cuentas públicas del 2021, dado a conocer en la semana que termina, agrega varios elementos de las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de Javier Corral, ahora en el último año. 

De ellas se desprenden distintas irregularidades que son  merecedoras de sanciones administrativas y/o penales. 

Independientemente de lo que arrojen otras investigaciones en curso, efectuadas por la Fiscalía General Del Estado, las realizadas por la ASE en el último año llevan a una sola conclusión: El quinquenio anterior, en materia administrativa fue un desastre.  

Habrá que esperar a ver si no fue, también, de corruptela y media. 

Se suman a las reportadas en ocasiones anteriores por esa dependencia.  

Del curso de tales denuncias no hay, hasta la fecha, información de avance alguno, particularmente por el hecho de que algunas de ellas, de la cuenta pública del 2020, debieran estar ya en una fase más adelantada del proceso jurídico necesario para fincar, no solamente responsabilidades, sino sanciones penales y administrativas a distintos funcionarios del gobierno de Corral, además de distintos municipios y dependencias descentralizadas y organismos autónomos. 

Las reportadas por la ASE en esta ocasión superan los mil millones de pesos y abarcan a distintas dependencias del Poder Ejecutivo y otras. 

Destacan entre ellas la falta de entrega de recursos pertenecientes a Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua y el pago de indemnizaciones indebidas a funcionarios del Instituto Estatal Electoral y de la Universidad Autonoma de Chihuahua. 

“El 22 de febrero del presente año, esta Casa Editora publicó, con documentos, que el exrector, Luis Alberto Fierro Ramírez, ordenó entregar 309 mil 109 pesos para los dos secretarios (privado y particular que, al mismo tiempo tenían plaza de académicos) que lo auxiliaron desde que tomó el cargo en 2016 y hasta noviembre de 2021, por concepto de liquidación”. (Nota de Heriberto Barrientos Márquez, El Diario de Chihuahua, 25/XII/22). 

El Diario publicó que la orden para la liquidación de esos secretarios podría representar una violación a la Ley Orgánica de la UACH, que en su artículo 58 señala textualmente que “los académicos que desempeñen cargos de funcionarios de la Universidad, al término de su gestión no podrán percibir ninguna remuneración, prestación o compensación por los servicios que hayan prestado, salvo las de seguridad social que le corresponde conforme a la ley. Toda disposición en contrario será nula de pleno derecho”. (Ibídem). 

Procedimiento semejante ocurrió con los pagos ilegales otorgados a 8 funcionarios del IEE, por concepto de indemnizaciones y primas de antigüedad, “sin contar con el soporte documental que acredite que se actualizaron los supuestos previstos en el artículo 10 del Manual de Remuneraciones y Prestaciones para los Servidores Públicos del IEE… bajo régimen de honorarios y que se encontraban en nómina bajo contratos temporales”. (Nota de Heriberto Barrientos/Orlando Chávez, El Diario de Chihuahua, 22/XII/22). 

También descuella “la contratación de un despacho externo en la Secretaría de Hacienda por 98 millones, que nunca realizó el trabajo total entregable, sino que fue el mismo personal de Hacienda el que realizó el trabajo de manera parcial”; la entrega de 12.1 millones de pesos en 19 municipios por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, “destinados a más de 12 mil beneficiarios como apoyo a la sequía y las inundaciones; sin embargo, el 60% de la papelería de estas personas resultó apócrifa”. (Nota de César Lozano/El Diario, 08 febrero 2023). 

No alcanzan los calificativos ante el desorden, descuido  e irresponsabilidad, -muy parecido a lo ocurrido en la administración federal- en el manejo de fármacos, como el de la existencia de medicamentos caducos “en el Ichisal con un valor de 9.1 millones de pesos; la justificación de aplicación de quimioterapias por 107 millones a personas que en su expediente no tienen registro de padecimientos oncológicos”. (Ibídem). 

Asimismo, en el ICHIFE no se justificaron 43.5 millones del programa “Fondo Concursable de Inversión para Educación Media Superior 2016, para que el ICHIFE construyera cinco Planteles para el CECyTECH, que nunca fueron concluidos”. (Ibídem). 

Entre otras irregularidades encontradas por la ASE se cuentan las detectadas en organismos descentralizados que omitieron pago de impuesto sobre nómina así como la falta de pagos del gobierno a organismos y dependencias, como el Fondo Social al Empresariado Chihuahuense y a Pensiones Civiles del Estado. 

A cual más de graves son las irregularidades; una que debiera terminar en un juicio penal, es la del pago indebido a una institución bancaria a causa de una deuda del Ichisal en la que “la Secretaría de Hacienda tenía pendiente entregar 401.3 millones de pesos, motivo por el cual hizo un contrato con un banco, lo que implicó pagar 24.1 millones de pesos de puros intereses… (la) contratación debió ser autorizada por el Congreso del Estado, pues fue firmado tres meses antes de la conclusión de la administración de Javier Corral; además, se omitió la investigación de mercado; es decir, se tenían que presentar diversas cotizaciones y elegir la mejor opción”. (Ibídem). 

Por su parte, el anterior Secretario de Hacienda “creó un fideicomiso para el refinanciamiento de la deuda estatal; sin embargo, no se comprueba el gasto de los 98.6 millones de pesos destinados a ello, pues los trámites no se realizaron conforme a lo establecido en la ley de adquisiciones”. (Nota de El Heraldo de Chihuahua, 9/II/23). 

En este caso, de acuerdo con la ASE, no pudo emitir observaciones, “debido a que fue realizado por otra administración”, pero sí informó a las actuales autoridades y denunció ante la Fiscalía Anticorrupción. 

En el informe que hoy comentamos se constata lo que había sido hasta ahora solamente una percepción popular, la de que el corralato, en materia de obra pública, fue absolutamente deficitario.  

Acosta Félix afirmó que de las 40 obras que se tenían planeadas, “al menos 19 presentan retrasos al contar únicamente con el 48% de avance, presentando además, el Hospital de Ginecoobstetricia de Parral, documentos falsos”. (Ibídem). 

Igualmente, las faltas administrativas fueron muy extendidas en la mayoría de las administraciones municipales y en los organismos descentralizados. 

De acuerdo con el Informe General de la Cuenta Pública 2021 de la ASE, los organismos descentralizados del Gobierno del Estado acumularon irregularidades por 204 millones, que se suman a los 23 millones de pesos de irregularidades en municipios. 

Aspecto central de las observaciones realizadas, derivadas de la auditoría a Pensiones Civiles, se emitieron diversas recomendaciones a los servidores públicos que incumplieron con las cuotas relacionadas con la seguridad social en las que “los principales evasores de dicho pago son la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda de la anterior administración, pese a que cuentan con los recursos para saldar la cuenta”. (Ibídem). 

Más preocupante resultó el hecho de que incumplieron en su calidad de patrones. 

Otra “joya” de la administración de Corral fue que los “Servicios de Salud de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Cecytech, recibieron recursos federales para el pago de nómina durante 2021, pero omitieron pagar 158 millones 551 mil 435 pesos por concepto de Impuesto Sobre Nómina (ISN)”. (Ibídem). 

“Además, la Universidad Autónoma de Chihuahua, durante la administración de Luis Fierro en Rectoría, vendió un inmueble de 324 metros cuadrados en el municipio de Delicias por 880 mil pesos sin la aprobación del Poder Ejecutivo y del Congreso del Estado, tal como indica la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua”. (Ibídem). 

En la auditoría de la cuenta pública para el ejercicio 2021, se realizaron 173 auditorías: 9 de cumplimiento financiero, 1 de obra pública, 11 de desempeño, 3 forenses y 2 derivadas de denuncias, de las que surgieron mil 528 observaciones y mil 197 recomendaciones. 

Independientemente a lo reportado por la ASE, la gobernadora Maru Campos informó del hallazgo de medicinas caducas por un monto de 200 millones de pesos, adquiridas durante el gobierno de Javier Corral. 

“Según una auditoría que la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizó al Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), 65% de esas medicinas tenían fechas de caducidad de menos de 18 meses posteriores al momento de su entrega”. (Nota de Rubén Villalpando, La Jornada, 3/II/23). 

“El problema no es nuevo: en julio de 2020 se encontraron medicinas contra el cáncer caducadas o a punto de vencer en una bodega que estaba en el número 4312 de la Avenida de las Industrias, en la colonia Nombre de Dios de la capital chihuahuense. Los medicamentos no fueron distribuidos, a pesar de quejas y protestas de padres de niños con cáncer. (Ibídem). 

Por otra parte, en el Cecytech se reportó por la ASE, irregularidades por 381 millones de pesos, consistentes en no haber presentado el valor real de los bienes que integran su patrimonio y diferencias entre el sistema de nómina y registros contables. “Además se detectó que la compensación por antigüedad otorgada a los trabajadores administrativos directivos por 7 millones 171 mil pesos, sin evidencia que se haya pagado con recursos propios”. (Nota de Venessa Rivas, El Heraldo de Chihuahua, 21/XII/22). 

Ante tal cúmulo de irregularidades. ¿Qué hace falta para que las autoridades correspondientes inicien y concluyan los procedimientos sancionatorios, tanto para los funcionarios responsables del gobierno anterior y, eventualmente, en contra del exgobernador Javier Corral? 

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022 

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