sábado, abril 13, 2024

Gerardo Cortinas Murra, Opinión

Y las inicitivas populares…apá?

Sin duda alguna, los diputados de la actual Legislatura se caracterizan por la subjetiva y arbitraria interpretación de los deficientes ordenamientos legales que han sido aprobados por el Pleno en las diversas legislaturas locales.

Prueba de ello, es el oficio signado por la presidenta de la Mesa Directiva, Adriana Terrazas, al dar respuesta a una solicitud de Iniciativa Popular. Para acreditarlo, es oportuno recordar los principios de la participación ciudadana en nuestro Estado.

La Constitución local plasma el derecho fundamental de los chihuahuenses a la participación ciudadana, “entendida como la capacidad de las personas para intervenir en las decisiones de la administración pública, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno, a través de los instrumentos que prevé la legislación aplicable”.

A su vez, la Ley reglamentaria de este mandato constitucional establece la definición legal del término ‘participación política’, en los términos siguientes: La capacidad de la ciudadanía para ejercer los instrumentos de iniciativa ciudadana, plebiscito, referéndum y revocación de mandato.

Los instrumentos de participación ciudadana son: el Referéndum, el Plebiscito, la Revocación de mandato y la Iniciativa ciudadana. Inexplicablemente, el legislador omitió incluir en la definición legal de ‘participación política’ la iniciativa popular. A pesar de dicha omisión legislativa, la Ley de Participación Ciudadana lo reglamenta de manera por demás deficiente e incompleta: 

“La iniciativa ciudadana es el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho de proponer: La expedición, reforma, derogación o abrogación de leyes estatales ante el Poder Legislativo, así como la reforma de la Constitución Política del Estado…”

Para que la Iniciativa ciudadana sea admitida, es necesario que la solicitud esté apoyada por firmas de apoyo “equivalente al menos al cero punto uno por ciento (0.1%) de las personas inscritas en la Lista Nominal que corresponda”.

Para el caso de iniciativas sobre la expedición, reforma, derogación o abrogación de leyes estatales, así como de reformas a la Constitución Política del Estado, la iniciativa ciudadana debe ser presentada en el Congreso. 

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Legislativo reglamenta el trámite que se da a las iniciativas presentadas por los ciudadanos chihuahuenses: Deben ser presentadas ante la Oficialía de Partes o por cualquier otro medio (¿?).

“Se remitirán a la Presidencia del Congreso, quien por conducto de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos, las enviará a la Comisión relacionada con el tema de que se trate, a fin de que analice su viabilidad y, en su caso, se inicie el proceso legislativo correspondiente”.

Ahora bien, en septiembre pasado, ante el inminente fracaso de la ‘reforma constitucional integral’, presenté una solicitud del formato oficial que habrá de ser utilizado en una Iniciativa Popular. La respuesta de Adriana, fue la siguiente: 

“Este Congreso (sic) considera que el trámite previo a la presentación de una iniciativa ciudadana, lo llevará a cabo el IEE, quien establecerá los formatos e indicará la peculiaridades que habrán de atenderse para tal efecto”.

“Una vez que el IEE verifique los requisitos exigidos, lo comunicará a quienes suscriben la iniciativa popular, para que acompañada de dicha validación, se presente ante el Congreso, cerrando así la lógica del procedimiento”.

Yo me pregunto: ¿Qué diablos tiene que ver el IEE en las iniciativas populares? ¿Qué diablos tiene que ‘verificar y ‘validar’ el IEE, si todavía ni siquiera se recaban las firmas ciudadanas de apoyo? ¿Acaso no es evidente que se trata de una represalia política?

Definitivamente, al igual que el diputado panista Gabriel García Cantú, la diputada de Morena, Adriana Terrazas, está pésimamente asesorada; ambos diputados interpretan la legislación local a su antojo y conveniencia política.