domingo, agosto 14, 2022

Benito Abraham Orozco, Buzón

¿En realidad los legisladores representan a la sociedad?

Al ver en estos días a las personas que a nivel federal deben dedicarse a legislar en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que con “dimes y diretes” y “circo, maroma y teatro” salvaron o traicionaron a la patria —según el grupo político al que pertenecen—, se me vino a la mente otro acto acalorado de una gran relación con el que se comenta, y que es el tristemente recordado y malogrado “Pacto por México”, firmado en diciembre de 2012.

En la colaboración del suscrito “¿Dónde quedaron las bondades del Pacto por México?”, publicado en este medio de comunicación en el mes de abril de 2018, entre otros puntos destaco el cómo la sociedad mexicana no fue considerada en la consecución de dicho acuerdo, sobre todo porque se suponía que era la que disfrutaría de sus disque excelsos beneficios. Puede decirse que quienes aprobaron ese pacto, son exactamente los mismos que votaron en contra de la reforma eléctrica discutida recientemente y en la que, de igual manera, se soslayó a los mexicanos.

Asimismo, en la mencionada colaboración destaco 3 aspectos claros en los que dicho acuerdo fue un fracaso, y que no quiere decir que hayan sido los únicos: que en la erradicación de la pobreza se garantizaría la alimentación como un mínimo fundamental; que el respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos serían una constante de su cultura y del actuar de sus gobernantes”, y; que la sociedad se vería beneficiada con la disminución en los costos de la gasolina, del gas y de la energía eléctrica.

En cuanto a lo primero, hice alusión a un informe que presentó el CONEVAL sobre la pobreza en México 2016, en el que se menciona que en 2012 la población en situación de pobreza era del 45.5%, y en 2016 43.6 %, representando tales cifras una ligera, pero, aparente importante disminución dado el corto tiempo.  De igual forma señalé lo expuesto por Oxfam México en su informe “MÉXICO justo: PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA COMBATIR LA DESIGUALDAD”, en donde se menciona que de 1996 a 2016, los niveles de pobreza y desigualdad han permanecido casi constantes, a pesar de un leve avance en el combate a la pobreza, y que el ingreso de la mayoría de los hogares mexicanos ha caído.

En cuanto al respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos, señalé que para Amnistía Internacional seguramente ese propósito del Pacto por México remotamente se ha logrado, ya que en un extracto de su informe 2017/18, dicho organismo internacional reporta que “La violencia aumentó en todo México. Las fuerzas armadas seguían llevando a cabo labores habituales de la policía. Continuaron las amenazas, los ataques y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos; los ciberataques y la vigilancia digital eran especialmente habituales. Las detenciones arbitrarias generalizadas seguían derivando en torturas y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional…  Por otro lado, en el informe en cuestión se agrega que “La violencia contra las mujeres seguía suscitando una honda preocupación; según datos recientes, dos tercios de las mujeres habían experimentado violencia de género a lo largo de su vida”.

Respecto del último de los tres aspectos referidos en que fracasó el mal llamado “Pacto por México”, se encuentra el ofrecimiento de que la sociedad se vería beneficiada con la disminución en los costos de la gasolina, del gas y de la energía eléctrica, lo que también resultó —¿y ha resultado?—  un verdadero engaño. Para diciembre de 2012 el precio de la gasolina Magna y Premium estaban en aproximadamente $10.81 y $11.37 pesos, respectivamente, y para abril de 2018 tales precios oscilaban en los $18.30 y los $19.80 pesos, correspondientemente. Esto significa que a la firma del mentado Pacto por México (diciembre de 2012), al llenar el tanque de un vehículo –de 50 litros- con gasolina Magna, su costo era de $540.50 pesos, siendo para el mes de abril mencionado de $915.00, esto es, una diferencia de $374.50 pesos, que representa aproximadamente un aumento del 70%. Otra descarada burla que, si la relacionamos con los casos de corrupción de Odebrecht en las más altas esferas del gobierno y de la política mexicana, pues estamos ante un abierto cinismo e impunidad a costa de los recursos que pertenecen a los mexicanos.

Cabe señalar, que a la fecha, dos de los tres puntos en cuestión siguen dejando mucho que desear, salvo el relativo al combate a la pobreza, en el que de una u otra manera se ha venido apoyando decididamente a determinados sectores sociales. La violencia en todo el territorio nacional sigue en aumento, al igual que el precio de la gasolina, y los mexicanos continuamos pagando los platos rotos por la ineficiencia, irresponsabilidad, corrupción, contubernio, ignorancia… de quienes se supone son nuestros representantes populares. Algunos se pueden considerar verdaderamente ejemplares servidores públicos, pero estamos muy lejos de que esa sea la regla.

Pues bien, en cuanto a los temas trascendentales para el país como el Pacto por México, la recientemente rechazada Reformada Eléctrica, las reformas político-electorales que ha habido, etc., en qué momento se ha acercado el senador o el diputado federal o local correspondiente a consultar y/o a discutir el tema a que haya lugar con los pobladores de la demarcación que se supone representan. Esos ejercicios llamados pomposamente como “parlamentos abiertos”, no vienen a ser sino inclusiones ampliamente acotadas de la sociedad mexicana, pues además de que en gran parte son únicamente faramalla, ya que finalmente se considera lo que las cúpulas legislativas y partidistas de antemano ya tenían acordado, no cualquiera puede acceder a esos espacios, ya sea por falta de recursos para trasladarse a los lugares en donde se llevan a cabo, o porque no se reúne el perfil para ser partícipe.

Como ya lo he cuestionado en múltiples ocasiones, qué mensaje nos da el que todos los legisladores de un partido político voten alguna iniciativa en el mismo sentido. Esto no es otra cosa que la línea que reciben de sus dirigencias, ante lo cual, aunque se escuche simplista, cabe preguntarse qué sentido tiene pagarle —¿o mejor dicho mantener?— a cientos de legisladores federales y locales, si finalmente quienes deciden el futuro de los millones de electores, representados, gobernados o como se nos quiera llamar, son las cúpulas políticas y económicas.

Si nos queremos seguir engañando y seguir defendiendo a quienes en realidad no ven por nosotros como sociedad, pues ahí seguiremos deseando mejores condiciones de vida. Insisto, hay honrosas excepciones que dignamente nos representan —o al menos intentan hacerlo—, pero si no dejamos de ser una sociedad complaciente, que sigue la línea que también a nosotros nos marcan o imponen de una u otra forma esas cúpulas, y optamos por ser una ciudadanía cuestionadora, reprochadora y exigente cuanto sea necesario, las cosas no cambiarán para bien.

Por último, como parte de la reflexión anterior, cabría preguntarse como simples ciudadanos de a pie, ya sea que se haya estado a favor o en contra de la mencionada Reforma Eléctrica: ¿En qué beneficiaba o en qué perjudicaba tal asunto a los mexicanos? ¿Cuál era el contenido y los puntos torales de la iniciativa que sobre el particular se votó por los diputados federales? ¿Realmente se estaba informado de esa pretendida reforma, o se estaba opinando en la ignorancia y en la irresponsabilidad?

Seamos honestos con nosotros mismos.