jueves, agosto 11, 2022

Buzón, Gerardo Cortinas Murra

Juicio Político o Impunidad Política

La semana pasada el Pleno del Congreso aprobó la ‘nueva’ Ley de Juicio Político (LEY), cuya redacción es similar a la Ley que la SCJN declaró su invalidez, toda vez que el dictamen fue aprobado sin discusión de fondo lo que generó una afectación al principio democrático de participación de todas las fuerzas políticas con representación, en condiciones de libertad e igualdad”.

A mi parecer, la ‘nueva’ LEY garantiza -a priori- la impunidad de los funcionarios que gozan de fuero constitucional, en virtud de que las reglas procedimentales que regulan el juicio político vulneran los principios de debido proceso y de publicidad de los actos procesales. Acreditémoslo:

En la LEY se establecen los requisitos que deben reunir los escritos de denuncia. Uno de ellos, es “la narración clara, precisa y numerada de los hechos en que la parte denunciante funda su petición, precisando los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene a su disposición”.

Yo me pregunto: En el caso de que la denuncia sea presentada por un ciudadano, ¿Se admitiría el juicio político, si la narrativa de los hechos carece de numeración y de rigor lógico?

Otro requisito es que “el ofrecimiento de los medios de prueba con los cuales se pretenda acreditar los hechos denunciados, deberá expresar con claridad y precisión qué se trata de demostrar con los mismos. De no cumplir los requisitos mencionados, no serán admitidos”.

En este requisito se reitera la obligación del denunciante, de expresar “con claridad y precisión” que es lo que pretende acreditar con el caudal probatorio que ofrece. Porque, de lo contrario, su demanda de juicio político no será admitida.

Otro absurdo procesal contenido en la LEY, es el siguiente: Se establece que una vez “admitida la denuncia de juicio político, la Comisión Jurisdiccional (Comisión) determinará, en un plazo de 15 días, si amerita iniciar un procedimiento”. Sin embargo, procesalmente, cuando un Tribunal dicta un acuerdo de admisión, de manera automática se da inicio al procedimiento correspondiente.

Por otra parte, en la Sesión del Pleno -erigido como Jurado de Sentencia- la Comisión dará lectura al dictamen de conclusiones; y enseguida, a la parte denunciada “se le concederá el uso de la palabra hasta por 30 minutos, para que manifieste lo que a sus intereses convenga”. Sin darle oportunidad al actor para rebatir el dictamen de conclusiones, violando el principio de contradicción.

A continuación, “la Presidencia de la Mesa Directiva solicitará que tanto la parte denunciante como la denunciada y su defensa se retiren del recinto”. El retiro de las partes en conflicto, se traduce en una aberrante violación a los principios de debido proceso y de publicidad del procedimiento.

De igual manera, en la LEY se establece que en el juicio político “los acuerdos y determinaciones del Pleno del Congreso del Estado se tomarán en sesión privada”.

Lo anterior, a pesar de que la LEY establece la aplicación supletoria del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Este código procesal consigna, en lo conducente, lo siguiente:

a) “Las audiencias serán públicas y presididas por el juez, bajo sanción de nulidad, salvo que a su criterio y la naturaleza del asunto amerite que deban ser privadas”; y b) Es obligación de las partes asistir a las audiencias del procedimiento…”

Así las cosas, el día de mañana presentaré una denuncia de juicio político en contra de Javier ‘El Inútil’ Corral, para acreditar las deficiencias procedimentales de esta ‘nueva’ LEY.

Por desgracia, la Comisión legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales no ponderó la sugerencia de crear un nuevo ordenamiento legal, en el que se dejara atrás la obsoleta institución del juicio político; para en su caso, aprobar una Ley de Responsabilidad Política sustentada en los criterios jurisprudenciales en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos. ¡Lástima Margarito…!