8 diciembre, 2021

El Devenir

Periodismo con compromiso social

La columna de Jaramillo

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Carlos Jaramillo Vela.

•        Proceso contra “responsables” del accidente del metro: ¿argucia electoral?

•        La estratagema de venganza política ideada por Javier Corral: una verdad sabida.

Levanta suspicacias el hecho de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador haya decidido investigar, y en su caso, procesar judicialmente, a 10 ex-funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, por supuesta responsabilidad en las deficiencias de construcción de la Línea 12 del Metro, que finalmente acabaron costando la vida a 26 personas, al colapsar una parte de dicha estructura.

No cabría sospecha alguna si se tuviera la certeza de que se actuará de manera imparcial, aplicando la ley a todos los verdaderamente responsables, es decir, a los mandos superiores que en su momento autorizaron la ejecución de la cuestionada obra, cuyas irregularidades no solo hoy, sino desde años atrás, han sido denunciadas, y ahora, luego de la tragedia, son más que evidentes. Sabemos que las obras y acciones de gobierno siempre se autorizan por los funcionarios de más alto rango. En el caso de la Línea 12 del Metro, quien ocupaba el puesto de mayor importancia en el gobierno de la capital del país cuando tal obra se construyó es Marcelo Ebrard, actual Secretario de Relaciones Exteriores, del gobierno lopezobradorista. Sin embargo, es prácticamente imposible que Ebrard resulte imputado y procesado por tales hechos, en virtud de su cercanía con el presidente.

Por tales razones, el supuesto proceso contra los “responsables” del trágico accidente de la Línea 12 del Metro, al cual, por cierto, el gobierno del presidente López Obrador calificó de “incidente”, parece más una estratagema de carácter político electoral que un verdadero intento por impartir justicia.

Durante el quinquenio del ahora ex-gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, éste implementó un plan llamado “Operación Justicia para Chihuahua”, el cual, siempre se supo, era más bien un mecanismo de venganza política implementado para actuar en contra de sus enemigos u opositores. Dicho artilugio tenía como fin primordial llevar a juicio al ex-gobernador César Duarte Jáquez, así como a algunos de sus ex colaboradores y otras personas que tuvieron relación con su gobierno.

Hoy, tal verdad queda más que confirmada, pues recientemente en el diario de circulación nacional, La Jornada, y en otros medios de comunicación, ha sido difundida la noticia con detalles, sobre el uso que el ex mandatario chihuahuense Javier Corral, con el apoyo del ex Fiscal, César Peniche, dio a la Casa de Gobierno, al emplearla como centro de operación de los ejecutores del citado plan de venganza política corralista. Dicho diario revela pormenorizadamente las declaraciones de algunas personas, quienes en ese lugar fueron torturadas psicológicamente por abogados del gobierno y agentes ministeriales, siendo obligadas a convertirse en “testigos” protegidos, para inculpar a otras, sin pruebas ni evidencias, todo esto bajo la amenaza de ser procesados y encarcelados por cualquier supuesto delito, en caso de negarse a colaborar con el entonces gobernador Corral. Además, algunos de los informantes del citado medio periodístico, entre quienes se hallan empresarios, así como ex-funcionarios públicos del PRI y del PAN, también han reconocido que en la Casa de Gobierno fueron obligados a incriminar a la entonces Presidenta Municipal de la capital, Y hoy gobernadora, María Eugenia Campos Galván, en supuestos actos de corrupción. Esto último, debido a la enorme animadversión que Javier Corral tenía hacia quien es hoy su sucesora. La verdad siempre sale a relucir: la “Operación Justicia para Chihuahua” fue el arma favorita del gobernador Corral, para aniquilar a sus adversarios y a quienes no eran de su agrado.

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