sábado, julio 02, 2022

Buzón, Carlos Jaramillo Vela

La Columna de Jaramillo

La Reforma Laboral: un avance en la impartición de justicia; La visita de AMLO a Chihuahua: entre la seguridad pública y la seguridad personal del mandatario.

La implementación de la Reforma Laboral (a la Ley Federal del Trabajo) que se encuentra en marcha en nuestro país, habrá de generar efectos positivos en la forma y tiempo bajo los cuales actualmente se desenvuelven los juicios laborales. Algunas modificaciones al proceso de los juicios, es decir, a las normas procesales que regulan el desarrollo de éstos, harán que la impartición de justicia laboral sea más pronta y expedita, acercándose así al mandato constitucional que estatuye el deber de todos los tribunales para ceñirse e dicha circunstancia, es decir, para resolver con rapidez en beneficio del interés de las partes en conflicto. No es falso afirmar que bajo el esquema actual hay juicios que llegan a demorar hasta 10, 15 o 20 años, lo que ocasiona serios perjuicios económicos para empleados y patrones, e incluso a veces, cuando se emiten los laudos (sentencias), ya ha fallecido alguna de las personas físicas que forman parte del litigio.

Otro aspecto positivo que se derivará de la aplicación del nuevo conjunto de normas del derecho laboral consistirá en la profesionalización de los tribunales laborales, mismos que actualmente dependen de los poderes ejecutivos, federal y estatales, según sea el caso. Al pasar a formar parte de los poderes judiciales federal y estatales, en sus respectivos casos, dichos órganos jurisdiccionales en materia laboral experimentarán cambios favorables en su operación, ya que al dejar de depender de autoridades administrativas -donde el control respecto a la calidad del desempeño es laxo, o inexistente-, estarán bajo la supervisión de los órganos de fiscalización del desempeño judicial, es decir, los Consejos de las Judicaturas. Sin duda, la implementación del nuevo sistema jurídico laboral, representará un acercamiento a la realización del ideal de justicia.

Es cierto que la visita a Chihuahua, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada el viernes 10 de diciembre de 2021, tuvo como tema central la seguridad pública. En la actualidad, el problema de inseguridad pública que vive México es preocupante, y lesiona en modo serio al país en todos los aspectos: social, económico y político. Este es un aspecto en el que el gobierno del presidente López Obrador no ha podido dar los resultados que los mexicanos esperamos, y al parecer se ha salido del control del mandatario, así como del ejército y las demás instituciones armadas. El creciente empoderamiento de la delincuencia ha hecho que en realidad desaparezcan en varias regiones y entidades del país (Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Quintana Roo por ejemplo) el estado de derecho, la autoridad y la gobernanza.  Por ello se justificó la vistita presidencial, cuyo objeto fue refrendar a la gobernadora María Eugenia Campos, y a las demás autoridades locales, la voluntad del presidente para  apoyar a Chihuahua en el combate a la criminalidad, con el fin de brindar seguridad a los chihuahuenses.

Hay otro ángulo que se percibió durante la presencia de López Obrador en Chihuahua, y que consistió en la seguridad personal que imperó en torno a éste. Llamó la atención el operativo de vigilancia y custodia –vallas y cierre de tráfico vehicular en varias calles alrededor de las sedes de los eventos- desplegado para garantizar la integridad física del presidente, lo cual no es usual en él. Aunque es cierto que tal protocolo podría considerarse como algo que resulta lógico en virtud de la investidura del mandatario, así como de la naturaleza de la reunión en la que éste participó, también es cierto que hay otras razones para cuidar con esmero, en Chihuahua, la salvaguardia personal del titular del poder ejecutivo federal. Una de tales razones es que en el estado de Chihuahua aún hay numerosas personas dolidas por los agravios derivados del conflicto por el agua para uso agrícola, y la consecuente aprehensión de agricultores y líderes –presos políticos, hay que reconocerlo- generado en el año 2020, situación ésta en la que el presidente tuvo una intervención innegable. Así, la estancia del presidente López Obrador en Chihuahua transcurrió bajo dos enfoques: la seguridad pública, y la seguridad personal del mandatario.