viernes, julio 01, 2022

Buzón, Carlos Jaramillo Vela

La Columna de Jaramillo

La UACH y sus asignaturas pendientes. El INE: víctima del acoso y la incomprensión.

Conforme a lo que se ha sabido a últimas fechas respecto a la Universidad Autónoma de Chihuahua, es pertinente referir que hay tareas urgentes que realizar en la institución, para su saneamiento financiero y académico. Luego de la administración del ex rector Luis Alberto Fierro, quien durante su gestión acompañó con relativa fidelidad al ahora ex gobernador Javier Corral, han salido a la luz pública ciertos desaseos administrativos relacionados con exceso de plazas en nómina, es decir, el fenómeno político-administrativo coloquialmente denominado “presencia de aviadores”. Además, es conveniente mencionar que la UACH en otros años se había distinguido por el reconocimiento del nivel académico existente en sus escuelas y facultades. Respecto al estatus académico, al parecer en el momento actual no se cuenta con información que permita ubicarla en un nivel de excelencia.

La UACH se encuentra politizada, eso es innegable. La profunda vinculación que históricamente ha existido entre las distintas administraciones universitarias sucedidas unas a otras través del tiempo, y los respectivos gobiernos estatales en turno, es un hecho incuestionable, que ha incidido de modo determinante en el desempeño de la Universidad de Chihuahua. La sujeción a directrices políticas del mandatario en turno, así como la concesión de favores políticos, son aspectos que sin duda han estado presentes durante la vida de la institución conocida como la máxima casa de estudios de Chihuahua. Tal vez estas tradicionales prácticas han terminado por distraer de su función principal a los rectores que han dirigido a la UACH, quienes al adherirse a proyectos e intereses políticos momentáneos o pasajeros, han descuidado la esencia académica de la Universidad y su proyección futura, así como la solidez administrativa de la institución. Es evidente que el nuevo rector tiene frente a sí estas y otras asignaturas pendientes, para rescatar la buena marcha y el prestigio de la UACH.

Otra vez, el Instituto Nacional Electoral vuelve a estar en el ojo del huracán, al aplazar indefinidamente el ejercicio de revocación de mandato, del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que se tenía previsto para abril de 2022. Durante la noche del viernes 17 de diciembre, el Consejo General del INE aprobó por mayoría de votos la propuesta de aplazamiento, bajo el incuestionable argumento de carencia de recursos presupuestales para la implementación de dicho operativo de consulta ciudadana. Razón no falta a los consejeros electorales para haber aplazado tal ejercicio, pues en el momento de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el año 2022, la mayoría de legisladores morenistas, en la Cámara de Diputados, decidió recortar en 5 mil millones de pesos el presupuesto del INE para el año entrante.

El presidente de dicho Instituto, Lorenzo Córdova, ha reiterado que la cantidad recortada al presupuesto del organismo a su cargo es precisamente equivalente al costo que tendría que erogarse en el ejercicio de revocación de mandato, mismo que el presidente López Obrador pretende que se lleve a cabo, respecto a su desempeño en el gobierno. Así, es obvio, que sin la capacidad de financiamiento necesaria, el INE no podría implementar la realización de dicho mecanismo de consulta nacional, en el cual López Obrador y su partido, MORENA, están empeñados, por intereses de índole político-electoral. Es decir, para  el mandatario nacional y los morenistas la consulta de revocación significa, desde el punto de vista material, un verdadero acto de campaña y mercadotecnia político-electoral, con alcance nacional. Por ello algunos prominentes líderes de MORENA han advertido que impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la decisión tomada por el INE.

Reza el viejo principio jurídico de origen Romano, que nadie está obligado a lo imposible, y en este caso tal precepto se aplica a la perfección. Nadie puede exigir al INE la realización del referido ejercicio de revocación, porque el órgano electoral se encuentra financieramente imposibilitado para llevarlo a cabo. Y lo absurdo del caso es que el mismo presidente López Obrador y los legisladores morenistas -quienes son los más interesados en el citado mecanismo de participación ciudadana-, han sido los responsables de la falta de recursos que impide al INE desarrollar dicho proceso de consulta ante los electores. Lo aquí narrado constituye una más de las evidencias que permiten afirmar, de manera categórica, que el INE, durante la administración del presidente López Obrador, ha sido víctima de un permanente acoso y de una absurda incomprensión.