18 mayo, 2022

El Devenir

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La Columna de Jaramillo

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Opinión.

La manipulación judicial en el gobierno de Corral: una verdad confirmada.

Son más que reveladoras, las recientes declaraciones vertidas por el juez penal, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, quien ha admitido que tanto él como otros jueces recibieron presiones e indicaciones, durante la administración del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, para actuar conforme a directrices políticas en los procesos judiciales seguidos contra ex funcionarios y personas vinculadas a la administración del ex gobernador César Duarte Jáquez; todo esto, dentro del plan llamado “Operación Justicia para Chihuahua”. Es pertinente recordar que dicho plan siempre fue señalado, tanto en los medios de comunicación como en el ámbito de la abogacía, como una estratagema ideada por el gobernador Corral con fines político-electorales.  

En el proceso seguido contra la ahora gobernadora, María Eugenia Campos Galván, por el caso de la llamada Nómina Secreta, fue precisamente el juez Mendoza Rodríguez quien emitió la resolución de vinculación a proceso contra Campos Galván. Hoy, las revelaciones de Mendoza Rodríguez han dado el carácter de verdad inocultable a lo que lo que durante el gobierno corralista fue un secreto a voces: la manipulación del Poder Judicial del Estado, por el titular del Poder Ejecutivo.

Con toda claridad, el juez Mendoza ha dicho a los medios: “Es un asunto que por mucho tiempo fue tratado con matices políticos, para mí como los juzgadores que intervenimos, existieron intereses había intereses en el proceso, fue una cuestión de índole pública, hubo acercamientos y llamadas, tratando de influenciar el sentido de la resolución, fueron días y meses, tanto para mí como otros jueces”.

Casos como los de Gerardo Villegas, Antonio Tarín, Jesús Esparza, Marcelo González Tachiquín, Alejandro Villarreal, Agustín Fong, Lázaro López Ramírez, entre otros, son los ejemplos más conocidos de la arbitrariedad con la que se llevaron sus juicios, pues a pesar de que todos ellos tenían derecho a enfrentar bajo libertad condicional los procesos penales instaurados en su contra, estuvieron sujetos a prisión debido a resoluciones judiciales totalmente desapegadas al derecho y la justicia, pero guiadas por la conveniencia política. Incluso uno de ellos, Lázaro López, infectado por Covid-19 en el CERESO 1 de Aquiles Serdán, falleció después de que durante cuatro días consecutivos le fuera negada la autorización para su traslado a un hospital.

La reciente renuncia del magistrado Pablo Héctor González Villalobos, a su cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia, del Estado de Chihuahua, es uno más de los aspectos vinculados al asunto, pues por razones obvias, él era uno de los personajes centrales en el entramado de injerencia, subordinación e instrucciones expresas, al que fue sometido el Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo, durante el mandato del gobernador Corral. 

El asunto da para más, pues Las declaraciones públicas del Juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez han puesto en evidencia a otros 17 jueces y juezas penales, quienes al parecer también se prestaron a la intervención y decisiones tomadas desde la oficina del entonces gobernador Corral. El consejero de la Judicatura Luis Abelardo Valenzuela Holguín, ha dicho que las y los jueces penales pueden ser investigados y sancionados si se demuestra que hubo conductas irregulares en su actuar. Las carreras de algunos jueces y/o juezas podrían terminar al ser destituidos éstos, en caso de que se efectúen las investigaciones, y afloren a la luz pública detalles que agranden el escándalo que hoy envuelve al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.

Es seguro que jamás se giró por escrito, ni se dejó constancia alguna, respecto al tipo de órdenes dadas a los jueces que actuaron bajo consigna durante la era corralista. Por ello, el ex gobernador Corral, quizá lo peor que podría enfrentar sería la instauración de un juicio político, en el cual tal vez se le sancionaría con la inhabilitación para volver a ejercer un cargo público en Chihuahua. Lo cierto es que hoy, las intereses políticos que dieron origen a la “Operación Justicia para Chihuahua”, y la manipulación judicial derivada de ésta, son una verdad confirmada.

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