26 mayo, 2022

El Devenir

Periodismo con compromiso social

La Columna de Jaramillo

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Opinión.

Protestas contra CTU: provocación e impunidad; Contrarreforma electoral y desaparición del INE: retroceso para México.

Arbitraria e ilegal, desde luego, la acción emprendida por algunas personas habitantes de la colonia Sierra Azul, inconformes con la constructora CTU, quienes durante la mañana del sábado 23 de abril irrumpieron en la entrada del fraccionamiento Trento Tarragona Residencial, causando daños a los muros y las instalaciones de acceso a dicho fraccionamiento. El motivo de la controversial protesta fueron los daños patrimoniales en las viviendas de la colonia Sierra Azul, mismas que al parecer fueron construidas deficientemente por la empresa CTU.

Algo que parece no entenderse aún por algunos ciudadanos chihuahuenses es el respeto a los derechos de los demás. No debemos perder de vista que el reclamo de nuestros derechos jamás nos facultará para exigir su cumplimiento atropellando los derechos de otras personas. Lo hecho por los manifestantes contra CTU constituye una violación al orden público y a los derechos de los residentes del fraccionamiento Trento Tarragona, así como un delito derivado del daño en propiedad ajena. Es un acto de provocación a los vecinos del lugar y a la autoridad. ¿Cuándo terminará la impunidad en todas sus formas y en todos los niveles?

Continúa la controversia. Ahora el presidente Andrés Manuel López obrador intenta imponer una contrarreforma electoral, cuyo principal fin es extinguir al Instituto Nacional Electoral. Entre las intenciones presidenciales que giran en torno a esta iniciativa se encuentra el propósito de someter a elección popular a los consejeros electorales, lo cual es absurdo, pues adoptar tal esquema implicaría partidizar al INE y acabar de golpe con dos de sus mayores fortalezas institucionales, la imparcialidad y objetividad. El presidente pretende que el nuevo ente se llame Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

Aunque entre los propósitos de tal proyecto electoral se destacan ciertos aspectos positivos como la reducción del número de consejeros electorales y la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), de llegar a aprobarse la propuesta presidencial México sufriría un retroceso antidemocrático. Intentar someter al voto popular la designación de consejeros electorales contraviene a los principios autonomía e independencia que caracterizan al Instituto Nacional electoral.

Realmente se ve difícil que el presidente López obrador saque adelante una  contrarreforma diseñada para satisfacer apetitos personales e intereses político-ideológicos, en perjuicio de la imparcialidad que hoy caracteriza al órgano electoral. Se hayan en riesgo la legitimidad, transparencia y credibilidad que se han logrado construir en torno a los procesos electorales organizados y sancionados por el INE. Tales amenazas, así como la profunda discordia que el presidente y su partido han generado frente al bloque de partidos políticos de oposición, son razones suficientes para prever un escenario similar al acontecido recientemente, cuando la Cámara de Diputados rechazó la contrarreforma eléctrica. Dejándose llevar por la ira el mandatario tildó de “traidores a la patria” a las diputadas y diputados del PRI, PAN, PRD y MC que votaron contra la contrarreforma eléctrica. Hoy, esas y esos “traidores a la patria” difícilmente van a respaldar la destrucción del Instituto Nacional Electoral que el presidente intenta realizar por la vía legislativa.

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