5 diciembre, 2021

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La Suprema Corte elimina los plazos para abortar en casos de violación

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Suprema Corte de Justicia.

La Sala primera ampara a una muchacha con parálisis cerebral que tenía 17 años cuando fue agredida y a quien se le negó la intervención médica por sobrepasar los 90 días de gestación

La Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucional la existencia de un plazo determinado para abortar cuando se trate de un caso de violación, como se establece en el Código Penal de Chiapas, en virtud del cual se impidió la interrupción del embarazo en 2018 a una muchacha de 17 años con parálisis cerebral.

La gestación había cumplido ya los 90 días dictados para ello. La Suprema Corte, cuya Sala primera ha votado por unanimidad, reprocha al tribunal anterior no haber tenido en cuenta el bien superior del menor, ni las circunstancias especiales de discapacidad del caso en cuestión.

Además, recuerdan la necesidad de establecer justicia con perspectiva de género, es decir, teniendo en cuenta las circunstancias de inferioridad en que se encuentre la mujer en estos casos. Se ordena la reparación de las dificultades de toda clase que hayan tenido que enfrentar los demandantes.

Este caso genera jurisprudencia, es decir, obliga a sentenciar con el mismo criterio asuntos similares. Antes de la reforma del poder judicial se necesitaban cinco casos iguales para que sentaran precedente, pero ahora basta con votar uno por unanimidad.

El aborto es legal en México en caso de violación, pero son varios los Estados que imponen como condición que dicha intervención se produzca en un plazo de tiempo determinado, como en el caso de Chiapas, que lo establece antes de los 90 días tras la concepción. La Corte ha dictaminado que “la limitación temporal” en caso de violación “constituye un acto de violencia contra la mujer que atenta contra su derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la salud mental”, explica en un comunicado.

Por esta razón se ha concedido el amparo solicitado y declarado inconstitucional ese límite de tiempo. La muchacha tenía parálisis cerebral y vivía en condiciones de pobreza y marginalidad cuando fue víctima de la violación, pero el director del hospital General de Tapachula (Chiapas) le negó la posibilidad de interrumpir el embarazo.

La Suprema Corte entiende que un caso como este obliga a “adoptar medidas reforzadas”. Y considera que el establecimiento de un plazo para el aborto en estos casos “implica un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres gestantes, cuyo embarazo no es producto de una decisión libre y consentida, sino el resultado de conductas arbitrarias y violentas tipificadas penalmente y reprochables por el Estado”.

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