5 agosto, 2021

El Devenir

Periodismo con compromiso social

Una paradójica transición

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Benito Abraham Orozco Andrade.

En medio de un álgido ambiente provocado por los ataques que hacía unos días se habían realizado al Palacio de Gobierno estatal, y a unas semanas de haberse celebrado las elecciones del 05 de junio de 2016, el gobernador electo Javier Corral Jurado estaba urgiendo al gobernador en funciones César Duarte Jáquez, para que cuanto antes iniciaran los trabajos de entrega-recepción respectivos. En aquel entonces, mediaban cuatro meses entre las elecciones y la toma de protesta del gobernador electo, a diferencia de esta ocasión que son sólo tres.

En ese contexto, los medios de comunicación daban cuenta de que “…las maniobras legales y políticas de Duarte lograron su cometido: en vísperas de asumir la administración, ni el panista ni su equipo de transición han podido hacer un diagnóstico de las condiciones en que recibirán el estado…”, y de que Corral había programado la presentación pública de la evaluación para el primero de octubre, pero se vio obligado a diferirla 30 días tras anunciar que llevaría a cabo una auditoría mayúscula en todas las áreas del gobierno por el “estado de desastre encontrado”, incluida la quiebra financiera (“Javier Corral inicia maniatado la gubernatura en Chihuahua”, La Jornada, nota de Miroslava Breach Velducea —QEPD—, 03-octubre-2016).

Asimismo, en la publicación mencionada se hacía referencia a la preocupante situación financiera que estaba dejando como legado el gobierno saliente, consistente en un déficit anual de más de 4 mil 500 millones de pesos, pasivos con proveedores superiores a mil 500 millones de pesos y una deuda pública de 50 mil millones de pesos.      

Después de haberse dolido en su momento del maltrato que estaba padeciendo del gobernador en turno, así como de las condiciones en que se encontraba la administración pública estatal, incluyendo las finanzas públicas, tal parece que la historia se repite, pero ahora con el actuar del gobierno del propio Javier Corral.

En la sucesión de hace cinco años, como en la que debe llevarse a cabo en menos de dos meses, la sociedad chihuahuense se sintió y se siente agraviada, ya que el haber transcurrido sendas gestiones sin que se hayan cumplido las expectativas de contar con buenos gobiernos (sobre todo en el último, del que dadas las promesas de campaña se tenía una alta esperanza de cambios positivos), y al haberse obtenido triunfos electorales de manera holgada, sin cuestionamiento válido alguno, son hechos que provocan inconformidad —y hasta enojo— en los habitantes del estado, pues son hechos que van en contra de los intereses de la colectividad.

El que la gobernadora electa y su equipo de transición requieran información sobre el estado que guardan los asuntos de gobierno, no es mera ocurrencia, pues además de ser necesaria para programar un adecuado inicio de su gestión, existe una obligación constitucional y legal para que sea proporcionada. De igual manera, no hay que dudarlo, habrá diversas disposiciones de las que derive responsabilidad administrativa y penal por el entorpecimiento que se está dando, tanto para la propia entrega-recepción, como para el correcto ejercicio de las funciones públicas a cargo del próximo gobierno.

Si bien es cierto que ya era pública la relación complicada entre la alcaldesa de Chihuahua y el gobernador, la cual se agravó con la frenética denuncia penal entablada en contra de ella (y de la que aún quedan cuestionamientos del por qué se esperó tanto tiempo para interponerse, así como del que no se haya perseguido a todos los que supuestamente se encuentran en la nómina secreta que se dice existe), muy seguramente Maru Campos y su equipo ya se esperaban que el revanchismo trascendiera después de las elecciones.

Las declaraciones que hizo el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta, en sus primeros acercamientos con el equipo de transición, en el sentido de que los trabajos de entrega-recepción comenzarían “hasta que concluyera el periodo de impugnaciones”, ya iban orientando la reticencia que actualmente se está dando en las mencionadas actividades.

¿Qué sentido tiene el provocar qué, a unas semanas de su conclusión, la sociedad quede aún más resentida con el gobierno saliente? ¿Acaso viviremos otro desastre como el de hace cinco años? ¿Serán giradas nuevas órdenes de aprehensión en los próximos meses? Esperemos que en lo que aún se pueda, se rectifique lo que se tenga que rectificar y que, con ello, sea distendido el ambiente ríspido que prevalece en la entidad con motivo de lo antes expuesto.

Los chihuahuense queremos que les vaya bien a nuestros gobernantes en el desempeño de sus funciones (sean del partido y del nivel de gobierno que sea), pues siendo así, por supuesto que nos irá bien a todos.

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